Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno.

Se eliminó una norma que limitaba el crecimiento del mercado de licores y se abren las fronteras con nuevas oportunidades de expansión y crecimiento.

¿De qué sirve ratificar instrumentos internacionales que prohíben la tortura si, en la práctica, el Estado no transforma las condiciones estructurales que la posibilitan?

Es importante recordar que El Catatumbo vive hace décadas una difícil situación humanitaria que actualmente se agudizó.

Sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente.

El debate generado por la Resolución 052 de 2025 es comprensible en el marco del creciente dinamismo de la legislación agraria en Colombia.

La estrategia de introducir garantías normativas y judiciales para la protección de la democracia no es nueva en el derecho constitucional.

Sorprende favorablemente que el propio Minagricultura, en la resolución sometida a comentarios, ha recogido sus propios errores suprimiendo dicho capítulo.

Más allá del trámite legislativo, hay tres aspectos de fondo en la Ley 2381 de 2024 que merecen un debate público urgente.

Saludamos la estipulación de un instrumento iberoamericano sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en las personas en situación de vulnerabilidad.

La atribución de la culpa del contenido que consumen los menores de edad no puede ser atribuida a un titular de una obra musical.

Los sistemas inclusivos del cuidado y de apoyos constituyen uno de los desafíos más estratégicos para las democracias.

El caso Watson es un ejemplo más de cómo el uso amplio de IA por las entidades gubernamentales todavía tiene que alinearse con la discusión local y regional.

Aunque la jurisprudencialización del Derecho puede ser útil para adaptar el sistema jurídico a las necesidades sociales, debe ser manejada con cautela.

Ya es hora de un cambio de paradigma y el Estado debe responder por la omisión legislativa.

El aporte o la solicitud de pruebas por parte del contratista constituye una garantía de su derecho de defensa.

Esta figura viene ganando, con mucha fuerza, un espacio en la comunidad jurídica y empresarial.

El juez de control de garantías no es un aliado del presidente de la República, el alcalde o el gobernador de turno.

Esta es una sentencia muy bien fundamentada y que muestra algunos de los problemas de la errada interpretación de las normas del ordenamiento jurídico.

El Congreso debería aprobar la consulta a pesar del riesgo que implica la redacción de las preguntas, sin que exista un control judicial previo, como se ha indicado en precedencia.

Sobre la manera como quedó establecido este tema en la Ley 2388 del 2024, es pertinente realizar algunos comentarios sobre hechos que pueden entorpecerla.

El legislador erigió como fundamento para alcanzar el sustituto de prisión domiciliaria el quantum mínimo fijado en el tipo penal como retribución frente a la conducta delictiva.

El debido proceso es una garantía fundamental dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios en la contratación estatal.

El cumplimiento de las disposiciones en la declaratoria de las APPA será de carácter obligatorio.

Nuestra legislación al respecto debiera incluir lo que podemos llamar eutanasia anticipada.

Pareciera que con esta decisión la Procuraduría estuviera abriendo la puerta para investigar y sancionar disciplinariamente a los particulares disciplinables.

El Legislativo debe implementar reformas estructurales basadas en un análisis serio de la política criminal.

La discriminación por salud sí existe. Negarla equivale, en la práctica, a permitirla.

Persistir en la inejecución de sentencias es, en efecto, vulnerar los cimientos mismos del orden constitucional.

Sin duda, Colombia necesita un cambio, pero las transformaciones requeridas no pueden construirse así.

Recientemente, se definieron los alcances del control judicial sobre la acusación en el marco del procedimiento adversarial del sistema de justicia transicional.

El sesgo de confirmación está presente cotidianamente en todo cuanto disertamos y discutimos.

En la actualidad, el reconocimiento legal y judicial de los derechos de la naturaleza se ha centrado especialmente en la declaratoria de ríos como sujetos de derecho.

Hoy la justicia penal reconoce que se equivocó y mediante providencia del 7 de febrero de 2023 absolvió a Gustavo Sastoque.

Los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para el decreto de un estado de conmoción interior en Colombia han sido ampliamente debatidos.

Modernizar el derecho penal no significa entregarlo a sistemas automatizados sin control ni cuestionamiento.

En la actualidad ya existe exclusión de 3.000 millones de personas del mundo digital.

Hasta el 20 de junio, el Congreso atravesará una temporada compleja para debatir y aprobar diferentes iniciativas de ley.

En el caso de las consultas convocadas por el presidente, debe llevar la firma de todos los ministros.

El debate ha permitido retornar al estudio y comprensión de fenómenos jurídicos que se creían decantados.

Los principales afectados por esta controversia han sido funcionarios que, en ambos lados, han desempeñado sus funciones de manera correcta durante años.

La elección popular no es una patente de corso para sumir a los electores al vaivén de los caprichos personales o de agendas privadas.

Necesitamos más Lidias Poët, que reflexionen con espíritu crítico y una visión holística sobre los problemas que nos aquejan.

El constitucionalismo conservador se fascina con la idea crítica del supuesto activismo judicial.

La erradicación de la violencia de género en Colombia requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Enhorabuena por la Corte, por el avance de la jurisprudencia penal y por la multiplicación de los escenarios de deliberación.

Esta crisis amerita una reforma, y no me refiero a una reforma estructural que llevará más tiempo.

El Decreto 1275 del 2024 establece normas para el ejercicio de las competencias ambientales de los territorios indígenas.

El caso del Concejo de Medellín trasciende su contexto específico y plantea una controversia teórica de profunda trascendencia.

Análisis de la pensión de invalidez en enfermedades congénitas, degenerativas y/o crónicas de cara a la Sentencia CSJ SL747 de 2024.

EE UU corre el riesgo de perder mucha confianza debido a la imprevisibilidad de su presidente.

La estabilidad laboral reforzada por fuero de salud no impide que un empleador pueda dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa.

En Colombia hay un largo recorrido político, jurídico y social de los estados de excepción.

Ojalá que el reconocimiento de este nuevo derecho fundamental no quede relegado a “sentencias de papel”. Abogaremos, como ya lo hemos hecho, para que esto no ocurra.

Se propone entonces una verdadera modificación del control disciplinario, convirtiendo a la PGN en el ente acusador de los funcionarios de elección popular.

Los alcances de la Sentencia C-400 de 2024 fueron monumentales, debido al reconocimiento expreso del derecho fundamental al cuidado.

¿Cómo cumplir los compromisos convencionales y los principios fundamentales en lo que respecta al adelantamiento de un proceso penal permeado de plazos razonables?

El Gobierno podría estar cubriendo el hueco que advirtió a finales del año pasado y que pretendía tapar mediante una reforma tributaria ordinaria.

Trump quiere deportaciones masivas automáticas y para eso necesita graduar rápidamente como “criminales” a los indocumentados.

Creo que el tribunal perdió una gran oportunidad de realizar un análisis, aplicando el enfoque de género, de un caso de una mujer, víctima de violencia, que mató a su agresor.

La libertad de opinión se puede limitar cuando se trata de propaganda de la guerra, apología al odio, pornografía infantil e instigación pública y directa al genocidio.

En el caso particular, resultaba evidente que, con la aplicación de dicha Circular 067 de 2022, se generaba un daño injusto que el juez debía prevenir.

Es innegable que la IA puede optimizar procesos judiciales, pero no debe interpretarse como un sustituto de la labor humana, especialmente de los jueces.

Hay seis procesos de constitucionalidad surtiéndose actualmente en la Corte Constitucional, en los que se duda parcial o totalmente de la nueva legislación.

Determinar con rigor el riesgo previsible es una gran responsabilidad de la comunidad jurídica.

Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.

Una cosa es derogar por una ley la “doctrina probable” y otra distinta es proscribir la “jurisprudencia reiterada” de la Corte SJ como fuente de derecho, lo que es inasequible, constitucionalmente hablando.

La IA no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para que el Derecho evolucione y se adapte a los tiempos modernos.

El Derecho no puede limitarse a una función técnica ni a una aplicación mecánica de normas, ni mucho menos, centrado en debates académicos domésticos.

Estas reglas no solo clarifican la distribución de competencias, sino que también fortalecen el principio de especialidad y eficiencia en la administración de justicia en materia de extinción de dominio.

Ante la situación actual, el Gobierno está buscando los recursos adicionales, por lo que las figuras fiscales podrían ser sus mejores aliadas.

En temas de seguridad social, hoy protección social, de cara a este nuevo código, debemos determinar que, desde lo procesal, la competencia la tiene la jurisdicción ordinaria laboral.

¿Debemos conocer el contexto completo de la situación de una persona cuando la juzgamos y ese contexto debe influir en la decisión que se toma sobre su responsabilidad legal?

El éxito o fracaso de un Código de Procedimiento Constitucional dependerá, en últimas, de los operadores jurídicos encargados de su aplicación.

¿Será el 2025 el año de la entidad de gestión colectiva y el derecho de suite a favor de los artistas plásticos y visuales?

Es urgente que el Estado reconozca expresamente a los animales como víctimas del conflicto armado.

Las normas que rigen la vida educativa no pueden ser arbitrarias, deben ser el resultado de una construcción colectiva.

¿Realmente hay propuestas concretas que vayan más allá del populismo punitivo?

La grave situación de orden público que experimenta el Catatumbo es el resultado de varios problemas estructurales.

A mi juicio, esta norma sienta un precedente para su posible aplicación en el sector privado, tal como ocurrió con el fuero de prepensión.

Jueces y juezas se deben a la Constitución y a la ley. Su legitimidad no puede confundirse con la predicada para políticos o gobernantes.

Mientras estuvo vigente, la doctrina probable fue absorbida por el precedente o, simplemente, se convirtió en una disposición jurídica ineficaz.

Cumplió su periodo Gerson Chaverra Castro, el primer afrodescendiente que desempeña la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en sus más de 200 años de historia.

No podemos confundirnos ni dejarnos confundir por los usos retóricos que puedan darse a la dignidad.

Pasados 33 años del desarrollo del Estado unitario colombiano, el poder económico y político se ha concentrado en la centralidad del país.

Discrepamos de esta decisión, pues consideramos que representa un desconocimiento a la libertad de expresión.

Las políticas migratorias constituyen uno de los más claros reflejos de la soberanía de un Estado.

Los líderes deben tener en cuenta que cualquier anuncio, propuesta o decisión impacta inmediatamente la economía.

Es recomendable que las entidades estatales cuya contratación está sometida al derecho privado corrijan la práctica de autoatribuirse potestades sancionatorias que no tienen respaldo legal.

Ante la imprevisibilidad que enmarca el reajuste del mínimo desde el 2023, será este uno de los aspectos fundamentales de la planeación laboral de este año.

Si bien las fusiones empresariales representan una herramienta jurídica estratégica para el crecimiento corporativo, plantean riesgos significativos para la libre competencia.

El 27 de diciembre se sancionó la Ley 2442, que permite el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Helí Abel Torrado analiza los pormenores de esta norma.

Con la extensión del plazo dado por la segunda administración del presidente Trump, lo que se busca es que TikTok y el Gobierno logren un acuerdo efectivo.

El acceso a la administración de justicia se hace realidad cuando efectivamente se cumple la orden dictada en la sentencia de tutela.

Si el Derecho trata de abarcar la conducta humana como objeto de estudio, son las humanidades sus más grandes aliadas para comprender sus grandes incógnitas.

El Gobierno Nacional ha demostrado poca preparación en los temas que maneja, desprecio por los procesos y las normas, improvisación y un alto grado de sectarismo.

¿Dónde queda la vigencia del principio de colaboración armónica entre los órganos del Poder Público?

Aunque la acción de revisión transicional comparte similitudes con la prevista en la Jurisdicción Ordinaria, posee un alcance mucho más amplio.

En materia de recaudación, es necesario establecer los elementos que generan el pago de los impuestos, asuntos que han sido claramente despreciados por la administración actual.

“El juicio oral”, según los clásicos, “es la misa solemne del derecho penal”.

En temas laborales, el año pasado dejó una estela de providencias que consolidaron nuevos precedentes jurisprudenciales.

El funcionamiento y las competencias de la PGN pone fin al encuentro entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional y entre esta y el Consejo de Estado.

El primer paso para que Colombia se posicione internacionalmente como líder en arbitraje podría darse comprendiendo que los árbitros no son ni han pretendido ser nunca competencia de los jueces.

El debate teórico plantea tensiones significativas entre el principio de buena fe, la sostenibilidad financiera del sistema, la seguridad jurídica y el principio de igualdad.

La función de abogacía de la competencia se imposibilita cuando la entidad reguladora simplemente no envía el proyecto de regulación para consulta de la SIC.

En los últimos años, la importancia de la justicia especializada en materia societaria ha sido un tema recurrente en diversos escenarios académicos.

En agosto del 2024, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-348 de 2024, declaró inexequible la expresión “muy grave” contenida en el artículo 68 del Código Penal.

Hay cambios en la estructura del recurso, en los efectos de la sentencia de segunda instancia y en el papel de la Corte en la jurisdicción ordinaria laboral.

El año 2024 cerró con una modificación supremamente importante para el derecho de familia en Colombia: la consolidación normativa del divorcio unilateral.

Estos hechos evidencian una verdad incómoda: el sistema penal colombiano, tal y como está estructurado hoy en día, no cumple con los fines que la ley le ha asignado.

Esperamos acompañar las propuestas que construyan soluciones para que el sistema político avance hacia una estructura en la que muchas más voces puedan ocupar y habitar la política.

El futuro de la pensión de vejez por exposición a actividades de alto riesgo está en riesgo.

Esta iniciativa representa un paso significativo para la mejorar del sistema penal colombiano.

La doctrina probable era el equivalente de lo que en Francia llaman, mutatis mutandi, “jurisprudence constante de la Cour de cassation”.

El avance en los 11 macrocasos abiertos no solo depende de la JEP, también del compromiso de todas las ramas del poder público, las víctimas y los comparecientes.

La CIJ podría transformar el modelo de la COP, al establecer que la inacción de los Estados no solo es moralmente reprochable, sino también jurídicamente sancionable.

Las negociaciones del salario mínimo en Colombia deben considerar las dinámicas diferenciadas de los sectores público y privado.

La eficiencia es uno de los grandes objetivos de la compra pública promovidos a nivel mundial por la Ocde.

El pasado 3 de diciembre, entró en vigor la reforma constitucional que incorporó la protección animal a la Constitución de México.

En algunos casos, cuando las mujeres nos hemos “quedado a pelear” hemos obtenido cambios jurídicos.

El acceso y permanencia de los estudiantes en las IES privadas no puede estar en riesgo, ni la vida académica mediada por la zozobra.

Los fundamentos jurídicos que soportan las respectivas posiciones se basan en posibles afectaciones al derecho de defensa.

En el reciente fallo sobre el Instituto Nacional de Vías Regionales, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia frente a los límites constitucionales y jurisprudenciales de estas facultades.

Al igual que con las empresas, el Estado en su acción climática debería adoptar mecanismos a su medida.

Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, planteando reglas para el uso de estas en las aulas de clase.

Depurar la sospecha de los prejuicios es también una forma de garantizar la dignidad humana.

La doctrina de la Corte Constitucional se queda muy corta y debe ser corregida con la implementación efectiva de la figura de un juez de garantías.

Ante la existencia de las dos tesis, preferimos aquella de la Corte Constitucional.

Por encima de toda discrepancia de opiniones sobre la intensidad de sus operaciones militares y las víctimas en la población civil de Gaza, Israel sigue siendo un Estado democrático de derecho.

No existe un motivo razonablemente válido para que se imponga de oficio una medida cautelar que vulnera el principio adversarial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Del otro lado del jardín renueva el debate sobre la muerte digna y el papel del Estado en las decisiones individuales.

Debemos enseñarles a los jóvenes nuestra historia y que de esta reconozcan la relevancia de instituciones democráticas fuertes y creíbles.

La Ley 142 de 1994 no incluye explícitamente el suministro de agua residual tratada como un servicio público domiciliario.

Este fallo constituye un nuevo hito que fortalece a los empleadores en esta larga lucha contra los abusos de los derechos de los sindicatos y sus miembros.

La justicia predictiva supone una estimación anticipada del criterio humano judicial, pero sin que la máquina pueda decidir de forma autónoma.

La administración de justicia no implica cargos políticos, requiere de capacitación profesional, especialización y experiencia.

Aunque bien intencionada, la laboralización del contrato de aprendizaje podría reducir aún más las oportunidades de empleabilidad juvenil.

Veinte de los 80 artículos del proyecto de la reforma laboral conciernen a temas de seguridad social.

El hijo de crianza está expresamente reconocido en la Ley 2388 de 2024, situación que disiparía cualquier duda, a la hora de verificar las exigencias consagradas en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970.

Existencia responde a una realidad criminológica donde la violencia se manifiesta de maneras que, en otros contextos, podrían considerarse excepcionales.

Tan difícil es el camino hacia la sentencia penal condenatoria que son constantes las declaraciones de vencimientos de términos, según las hipótesis a que se contrae el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.

Como todo derecho colectivo, el derecho a la infraestructura es un derecho indivisible y supraindividual, al que se aplican los criterios de no rivalidad y no exclusión.

La falta de solución judicial y las necesidades jurídicas insatisfechas reflejan una afectación a un derecho y la imposibilidad del pleno ejercicio de derechos.

Las sentencias inhibitorias de la Corte Constitucional y las modificaciones del proyecto de ley de financiamiento presentan un panorama desalentador.

La reciente Conferencia de las Partes (COP16) subrayó la necesidad de un enfoque más profundo en la regulación empresarial y la protección al consumidor.

Es probable que solo bajo una mirada que reconozca la necesidad de profundas transformaciones en nuestro sistema alimentario podamos evitar una tragedia de proporciones globales.

Siempre que se debate sobre la viabilidad de la implementación del juicio por jurados en Colombia surgen los mismos argumentos.

Pese a la importancia de este bien jurídico, así como al enorme impacto que tienen las ‘deepfakes’, Colombia tiene profundos vacíos legislativos en torno a estos asuntos.

Es tiempo ya de poner a las víctimas en el centro, no como cifras frías en las estadísticas como quien posa un cadáver sobre mesa mortuoria, sino como seres humanos.

Hace poco fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley, “Por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Lo que muchas mujeres en prisión veían como una gran esperanza que les brillaba en los ojos, pronto se ha ido desvaneciendo.

Ya es hora de que la Corte Suprema corrija el rumbo, porque no puede ser que la inclusión de las mujeres siga siendo una excepción.

Esta relación representa una oportunidad para modernizar el sistema financiero, mejorar la experiencia del usuario y fomentar la innovación.

Si ha habido un momento histórico en que es posible el “noble sueño” (de Dworkin, más que de los formalistas del siglo XIX) es este, o está por llegar.

Recientemente, la Corte Constitucional declaró exequible la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación.

La concepción de modelo unificado de justicia transicional tiene enormes retos. Su legitimidad pasa por la discusión amplia e integral con las víctimas del conflicto armado.

Considerando las bondades de la licencia parental compartida, la decisión más acertada sería declarar su constitucionalidad de forma condicionada.

Desde las facultades de Derecho, los profesionales del Derecho deben tener una adecuada conceptualización de las nulidades procesales.

El mensaje con este proyecto de ley frente al impuesto al patrimonio es nefasto, ineficiente y carente de soporte jurídico.

Entre los ejes centrales de la reforma, se encuentran el fortalecimiento del acceso a la justicia; la transparencia, la participación ciudadana y el enfoque de género en la elección de los magistrados de las altas cortes.

En este punto la teoría del precedente judicial debería ser más una apuesta por el diálogo institucional y menos por el choque.

Un enfoque equilibrado entre regulación legal y autorregulación empresarial asegurará que la IAG se utilice de manera responsable.

La entrega de bienes por parte de las Farc y la indemnización a las víctimas son componentes críticos del acuerdo.

La propuesta se alinea con los esfuerzos globales por preservar el medioambiente y los compromisos asumidos por Colombia en diversos tratados e instrumentos internacionales.

Abogado Eljach, se necesita un Procurador General que vigile el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales; que proteja los derechos humanos y asegure su efectividad.

El principal desafío del recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, será el de mantener la independencia y autonomía del Ministerio Público.

¿Quién puede decretar la pérdida de la investidura del presidente de la República por la violación de las normas de financiación de la campaña electoral?

La determinación del contexto geográfico de una comunidad étnica está sujeto a la determinación de su territorio amplio.

Todas las entidades públicas deben implementar un PTEP. Como el vencimiento del plazo para su adopción es inminente, es necesario conocer los antecedentes, contenido y retos.

Intentemos avanzar al año 2028 y pensemos en una sociedad que votará un referendo que remplazaría a los jueces humanos y entregaría el juzgamiento de sus ciudadanos a la IA.

La Guajira ha padecido de tal abandono desde la edad pasada que gran parte de los diagnósticos de hace 80 años aún perduran.

Los colombianos hemos visto cómo diversas iniciativas del gobierno han sido frenadas por la Corte debido a errores que podrían haberse evitado con un análisis más riguroso.

Esta reforma tiene el potencial de generar una altísima politización del sistema de justicia y socavar de manera profunda la independencia judicial.

Mediante el Decreto 1047 del 2024, el Gobierno Nacional ha impuesto la prohibición de exportar carbón a territorio de Israel, a pesar de que no formula glosa alguna a los empresarios que surten ese mercado.

Las normas caseras les dejan improntas y hábitos de comportamiento que no siempre se pueden reconciliar con una ética y una legalidad públicas y compartidas

El Derecho se ha tomado la vida o la vida se ha mimetizado en el Derecho.

Es indispensable que la discusión sobre este tema se dé en escenarios meramente técnicos que comprendan el análisis práctico de lo que se propone.

Hasta el 15 de febrero de 2024 se habían dictado y ejecutado 46.739 sentencias de nulidad o ineficacia de traslado.

Esta es una obra que ha servido como un motor teórico al combinar inspiración y trazar nuevos caminos para la investigación jurídica durante estos 20 años.

En un primer momento, la jurisprudencia de casación introdujo en Colombia la clasificación francesa de las obligaciones de medios y de resultados.

En la protección del patrimonio público pasamos de fiscalizar virreyes, a la Corte de Cuentas, al juicio fiscal y al proceso de responsabilidad fiscal.

Durante el paro de transportadores de este año, los animales que quedaron atrapados vivieron un infierno que duró hasta cinco días.

Nuestro Derecho continúa desarrollándose o debatiéndose entre lo criollo y lo importado, sea anglosajón o continental, entre el positivismo y el realismo.

Faltan esfuerzos para promover una agenda que contenga una verdadera política pública estatal en materia de uso y exploración del espacio ultraterrestre

El parágrafo adicionado por la Ley 2387 viene a suplir un vacío de la norma anterior, ya que esta no establecía un plazo específico de perención.

Está llegando la hora para que ciertos gobiernos vecinos de Venezuela escojan cómo quieren que se les clasifique.

El pasado 8 de agosto se promulgó la Ley 2415 de 2024, por medio de la cual se reconoce al río Ranchería.

Más de 30 demandas ante la Corte Constitucional en contra de esta ley, y casi 100 en contra del proyecto de ley, dan cuenta de una realidad inocultable.

Recientemente, la Corte Constitucional dio a conocer el texto completo de un fallo sobre la materia.

No debemos crear nuevos tributos. Todo lo contrario. Hay que aligerar la carga tributaria.

Los datos biométricos pueden causar un impacto considerable si se pierde el control sobre ellos, una suplantación de identidad podría ser permanente e irreversible.

El aumento de penas no ha tenido un impacto significativo en la reducción del crimen y los índices de criminalidad.

Esta decisión estaría indicando que otras leyes como la reforma pensional serían declaradas inconstitucionales por vicios de procedimiento similares.

El fútbol femenino necesita más que pasión y talento; necesita un marco legal que lo respalde.

La habituada jurisprudencia que se ha venido construyendo para denegar las tutelas contra providencias judiciales amenaza con tornar nugatorio este formidable amparo constitucional.

Es importante que la comunidad académica, las asociaciones científicas médicas y demás interesados en el avance legislativo moderno estemos a tono para coadyuvar en este proceso.

De gran relevancia resulta ser este curso de cooperación en Latinoamérica, mucho más si pensamos en las profundas desigualdades que se han gestado por el encumbramiento de aristocracias universitarias.

La nueva normativa genera obstáculos para su aplicación, derivados, principalmente, por haberla adoptado sin armonizarla con disposiciones encaminadas a cumplir un mismo fin.

Una parte considerable de la población aún desconoce los riesgos asociados al uso de biopolímeros y otras sustancias similares.