Elección popular de jueces

Juan Manuel Charry Urueña
Abogado constitucionalista

La elección popular de jueces es un tema que genera un amplio debate en el mundo. Este método de selección tiene defensores y detractores, y su implementación varía entre los países. A continuación, se presenta un análisis de los argumentos a favor y en contra de este sistema, junto con ejemplos de su aplicación en diferentes lugares.

Solo algunos países a nivel local –EE UU, Suiza y Japón– tienen elecciones de jueces. En Colombia, los jueces de paz y de reconsideración son elegidos por popularmente.

Bolivia, en su Constitución de 2009, adoptó la elección popular de magistrados de las altas cortes. Los ciudadanos han acudido a las urnas en dos oportunidades (2011, 2017 y 2024). En las dos primeras ocasiones prevaleció en voto en blanco (60 % y 65 %) por desacuerdo con el método o insuficiente información sobre los candidatos. Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado al Estado a garantizar la transparencia de estas elecciones.

México adoptó recientemente un sistema similar, con el propósito de democratizar el Poder Judicial. Además, señaló como herencia colonial la anterior administración de justicia.

Argumentos a favor

(i) Democratización del Poder Judicial. La elección popular permite a los ciudadanos tener un papel directo en la conformación del sistema judicial, lo que puede aumentar la percepción de legitimidad y representatividad de los jueces.

(ii) Responsabilidad y transparencia. Los jueces elegidos por voto popular pueden ser más responsables ante la ciudadanía, ya que deben rendir cuentas a los votantes y no solo a un grupo selecto de funcionarios o políticos.

(iii) Participación ciudadana. Este proceso fomenta una mayor participación ciudadana en asuntos judiciales, promoviendo el interés y la educación pública sobre el sistema legal y sus actores.

Argumentos en contra

(i) Politización del Poder Judicial. La elección popular puede llevar a que los jueces actúen con intereses políticos, buscando satisfacer a los votantes en lugar de adherirse estrictamente a la ley y la justicia.

(ii) Falta de independencia. Los jueces pueden sentir presión para tomar decisiones que agraden al electorado, lo que puede comprometer su independencia y objetividad.

(iii) Campañas costosas y superficiales. Las campañas electorales para jueces pueden ser costosas y centrarse en eslóganes simplistas en lugar de en la competencia y la integridad judicial, desviando la atención de las cualidades necesarias para ejercer correctamente el cargo.

Para llegar al ejercicio de un alto cargo en la estructura del Estado conviene distinguir entre cargos políticos, administrativos y técnicos, las calidades y requisitos requeridos, así como la forma de designación o elección. Esto, sin perjuicio de las respectivas inhabilidades (circunstancias que impiden acceder al cargo), incompatibilidades e impedimentos (situaciones que impiden ejercer la función).

Los cargos políticos, como presidente de la República y congresistas, tienen calidades y requisitos mínimos como nacionalidad y edad, mientras que los cargos de administración y técnicos exigen, además de calidades, una determinada profesión y experiencia.

Los políticos están determinados por el apoyo popular, mientras que los administrativos y técnicos constituyen el equipo de apoyo de los anteriores o la configuración de algún órgano autónomo e independiente para el manejo de una función determinada como banca central o manejo ambiental.

La administración de justicia no implica cargos políticos, requiere de capacitación profesional, especialización y experiencia, tampoco es parte del equipo de trabajo de un gobierno determinado, muy por el contrario, hace parte de la separación de poderes, del sistema de pesos y contrapesos del Poder Público. En otros términos, hace parte de los mecanismos control a los cargos políticos.

En paragón, en futbol nadie quisiera un árbitro elegido por la mayoría de los aficionados o de los patrocinadores, sino personas preparadas y experimentadas que garanticen la imparcialidad e independencia para aplicar las reglas de juego.

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Paute en Ámbito Jurídico.

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