Lecciones de la COP16: competencia económica, responsabilidad empresarial y protección al consumidor
Juan José Ojeda Perdomo
Magíster en Derecho Empresarial
La reciente Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Cali, no solo trajo a la mesa los desafíos ambientales que enfrenta el mundo, sino que subrayó la necesidad de un enfoque más profundo en la regulación empresarial y la protección al consumidor. Este evento puso de relieve la manera en que la responsabilidad empresarial, la libre competencia y el desarrollo sostenible deben ir de la mano para avanzar hacia un futuro más justo y responsable.
Libre competencia económica: más que una promesa constitucional
La libre competencia económica, que la Constitución, en su artículo 333, consagra como un derecho fundamental, es vital para garantizar que las empresas operen en un entorno donde la equidad y la transparencia primen. Sin embargo, lo visto en la COP16 evidenció grietas en el sistema, como el incremento desmedido de las tarifas hoteleras, que amenaza la confianza del consumidor y la reputación del sector.
Las leyes antimonopolio, como la Ley 1340 de 2009, existen para proteger este principio, sancionando la fijación de precios y el abuso de posición dominante. No obstante, aplicar estas normativas durante eventos de alta demanda sigue siendo un reto que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y su compromiso con la justicia económica.
Responsabilidad empresarial: más allá de la sostenibilidad superficial
El desarrollo sostenible no es solo un eslogan; es un compromiso que debe permear todas las capas de la actividad empresarial. La COP16 trajo un recordatorio claro: las empresas que ignoran la dimensión ambiental en su modelo de negocio corren el riesgo de perder relevancia en un mercado que cada vez exige más transparencia y ética.
El Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB) destaca que las empresas deben adoptar prácticas sostenibles que contribuyan a metas concretas, como la restauración de ecosistemas y la reducción de la contaminación. Los modelos de economía circular y los esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) no son una moda, sino una estrategia de competitividad y responsabilidad. Incorporar estos elementos no solo ayuda al planeta, sino que mejora la percepción de marca y permite acceder a financiamiento preferencial.
Protección al consumidor: un derecho que requiere vigilancia
La Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, es clara en cuanto a los derechos de los ciudadanos: recibir información precisa y justa y evitar abusos que afecten su confianza. Las denuncias de tarifas abusivas en la COP16 pusieron de manifiesto que aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la aplicación efectiva de estas normas.
En eventos de alto impacto, la falta de transparencia y las prácticas desleales erosionan la confianza de los consumidores y afectan la estabilidad del mercado. Es imperativo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actúe con firmeza y continúe fortaleciendo sus mecanismos de supervisión y sanción.
Lecciones y retos para el futuro
La COP16 dejó lecciones valiosas que deben ser tomadas en cuenta:
1. Inspección constante: es crucial que las autoridades mantengan un monitoreo constante del sector hotelero y otros servicios durante eventos de alta demanda para proteger al consumidor.
2. Educación al consumidor: informar y empoderar a los consumidores sobre sus derechos es esencial. Solo un consumidor consciente puede exigir y defender sus derechos.
3. Colaboración público-privada: las alianzas entre gobierno y sector privado son clave para garantizar que las regulaciones sean efectivas y se apliquen de manera equitativa.
4. Sanciones eficaces: las multas y sanciones deben ser lo suficientemente disuasorias para evitar que las empresas reincidan en prácticas abusivas.
5. Premiar la responsabilidad: implementar incentivos para empresas que demuestren prácticas sostenibles y éticas puede fomentar una competencia más justa y beneficiosa.
La COP16 dejó claro que la protección al consumidor, la competencia económica y la responsabilidad ambiental no pueden tratarse como temas separados. Un marco jurídico sólido, alineado con compromisos internacionales y reforzado con un compromiso real del sector privado es el camino para un desarrollo económico que beneficie a todos sin comprometer el bienestar del planeta. Las empresas deben liderar con el ejemplo, integrando prácticas sostenibles y éticas que aseguren un equilibrio entre el beneficio económico y la protección de los recursos naturales y los derechos de los consumidores. Así, Colombia podrá avanzar hacia un futuro verdaderamente justo y sostenible.
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