La sanción disciplinaria para los funcionarios de elección popular

Gabriel Morato Rodríguez
Socio fundador de Ferrer Abogados Asociados
Correo electrónico: gamorato@gmail.com

De un tiempo para acá se ha puesto en duda la competencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para imponer sanciones disciplinarias a funcionarios de elección popular, tales como alcaldes, gobernadores, congresistas, etc.

La razón: una sentencia dictada el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Petro Urrego Vs Colombia, en la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano.

Los hechos se remiten a la sanción disciplinaria impuesta a Gustavo Petro Urrego por parte de la PGN, consistente en destitución como alcalde mayor de Bogotá, e inhabilidad por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, por hechos relacionados con la adopción de un modelo de recolección de basuras, pasando de un modelo privado a público.

Lo anterior dio lugar a la decisión de la Corte IDH, a la cual acudió Petro buscando restablecer sus derechos políticos, resolviendo, en su sentencia, entre otras, que los derechos políticos solo podrían ser restringidos por un juez penal y señalando que el procedimiento disciplinario adelantado contra Petro no garantizaba la independencia y autonomía del operador disciplinario de la PGN que acusa, es decir, formula el pliego de cargos, y el que dicta el fallo de primera instancia, que también hace parte del mismo órgano de control.

Frente a estas dos situaciones han gravitado las últimas reformas a la ley disciplinaria, en especial la reforma implementada mediante la Ley 2094 de 2021, buscando salvaguardar los derechos políticos consagrados en la CADH, así como no perder competencia para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos de elección popular.

Al efecto, la Ley 2094 de 2021 propuso, entre otras, la atribución de funciones jurisdiccionales a la PGN, a efectos de cumplir con el requisito de la intervención de un juez como único facultado para afectar los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, según la CADH.

Estas atribuciones jurisdiccionales otorgadas por la Ley 2094 de 2021 a la PGN no pasaron el examen constitucional y fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 2023, pero en la misma decisión, la Corte resolvió declarar la exequibilidad condicionada de algunos artículos, en el entendido de que la confirmación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, corresponde al juez contencioso administrativo a través de un recurso extraordinario de revisión.

La atribución de esta nueva función no encontró respaldo, toda vez que el máximo órgano judicial del contencioso administrativa, quienes, ante el conocimiento de los primeros recursos extraordinarios de revisión, aplicaron la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del mismo, decidiendo no avocar conocimiento del recurso[1].

Recientemente, el Consejo de Estado adoptó una posición unificada en el sentido de que la PGN mantiene la competencia para disciplinar a los funcionarios de elección popular, siguiendo los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional C-030 de 2023.

A pesar de lo anterior, no se ha logrado pacificar la discusión que, al respecto, ha suscitado la afectación de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular. La misma Corte Constitucional, en sentencia referida anteriormente, exhortó al Congreso de la República para que adopte un estatuto de los servidores públicos de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales.

Dentro del ambiente político reciente, se han escuchado propuestas dirigidas a eliminar a la PGN del ordenamiento jurídico. Aunque esta medida resultaría muy conveniente para algunos funcionarios de elección popular, que por dicho camino escaparían a uno de los controles más eficaces contra la corrupción, no se percibe igual para la nación colombiana.

Se propone entonces una verdadera modificación del control disciplinario, convirtiendo a la PGN en el ente acusador de los funcionarios de elección popular. En cuanto al juzgamiento, este podría recaer en una jurisdicción disciplinaria independiente, que haga parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que tendría la competencia, autonomía e independencia para adelantar el juzgamiento e imponer la sanción disciplinaria correspondiente.

Así, al tratarse de una autoridad judicial, ya no se requiere la intervención del contencioso administrativo, descongestionando así la jurisdicción del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los fallos disciplinarios que sancionen funcionarios de elección popular.

Por otro lado, la disciplina del ejercicio profesional de la abogacía bien podría quedar en manos de las colegiaturas de abogados, como ocurre con otras profesiones en Colombia, a saber: Colegio de Contadores Públicos de Colombia, el Tribunal de Ética Médica, el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, etc. 

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