El derecho fundamental al cuidado

Enán Arrieta Burgos
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana
Contacto: enan.arrieta@upb.edu.co

Cuidarse, cuidar y ser cuidado no son solo apelativos éticos. A partir de la Sentencia C-400 de 2024, el cuidado goza de reconocimiento normativo como derecho fundamental, universal, autónomo, social y justiciable. En esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional (M. P. Diana Fajardo Rivera) establece, por primera vez, el alcance, el contenido y el estándar de protección del derecho fundamental al cuidado. Analizo en esta columna las trayectorias e implicaciones de este nuevo derecho.

En España y América Latina, el reconocimiento del derecho al cuidado es apenas incipiente. A excepción de algunos pocos referentes, dentro de los que destaca la Constitución Política de la Ciudad de México, no es fácil encontrar un estándar normativo preciso y vinculante. De allí la importancia de que la Corte Constitucional de Colombia haya avanzado, como pionera en la región, en el reconocimiento de este derecho fundamental.

Ahora bien, la discusión jurídica sobre el cuidado no es nueva en nuestro país. La jurisprudencia constitucional, tradicionalmente, había concebido el cuidado como una prestación conexa o derivada de otros derechos (salud, alimentación y educación). Los casos que llegaban a conocimiento de la Corte Constitucional, en su mayoría, involucraban a sujetos de especial protección, como los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, los niños, las niñas y los adolescentes. En particular, el grueso de tutelas ha girado alrededor del servicio complementario de cuidadores, que las EPS deben brindar para amparar el derecho a la salud.

En paralelo a los desarrollos jurisprudenciales, se destacan dos referentes a nivel nacional y local. La Ley 1413 de 2010 ordenó la inclusión de la economía del cuidado en la medición del sistema de cuentas nacionales. Como consecuencia de ello, el Dane, a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, evidenció la realidad del trabajo doméstico no remunerado, incluyendo las brechas que se presentan, entre hombres y mujeres, en las tareas del hogar. Por su parte, a nivel local, algunos entes territoriales, como Bogotá en 2023, han avanzado en la creación de sistemas de cuidado que articulan los servicios institucionales destinados a cuidadores y sujetos de cuidados.

Con estos antecedentes, la Sentencia C-400 de 2024 se inscribe en un nuevo paradigma que trae consigo profundas consecuencias. Retomando algunas consideraciones de la Sentencia T-583 de 2023 (M. P. Diana Fajardo Rivera), la Corte Constitucional reconoce, primero, que el cuidado es un derecho del cual son titulares todas las personas, y no únicamente los sujetos de especial protección constitucional. Segundo, el cuidado es un derecho cuya exigibilidad no depende de que se vean en peligro otros derechos, en tanto que puede ser protegido vía tutela, de forma autónoma (T-498 de 2024, M. P. Diana Fajardo Rivera). Tercero, es un derecho que implica del Estado acciones positivas para su aseguramiento y promoción, a través de políticas públicas y sistemas de cuidado. Cuarto, la sentencia destaca la importancia social del cuidado, como una actividad que pone de relieve, en el contexto doméstico y laboral, prácticas cotidianas de solidaridad y dignidad.

El cuidado se reconoce, así, como un derecho tridimensional y relacional, en cabeza tanto de quien cuida como de quien es cuidado. El derecho a cuidar implica que todas las personas deben concurrir solidariamente en la protección de los demás. Como consecuencia de ello, la familia, la sociedad y el Estado están llamados a posibilitar que las personas se ocupen, de forma remunerada y no remunerada, en tareas de cuidado. Ello implica, por ejemplo, que las empresas deben propender por el equilibrio y la conciliación entre el ámbito laboral y la vida personal de sus trabajadores. El derecho a ser cuidado conlleva la garantía a recibir cuidados. Esta garantía no está sujeta a las condiciones de mercado, ni está supeditada a la existencia de lazos afectivos. Todas las personas merecen ser cuidadas por el hecho de ser personas. El derecho a cuidarse implica el autocuidado físico, biológico, ecológico y emocional. Esto se traduce en el deber y en la facultad que tienen las personas de dedicarse tiempo en provecho de su propio bienestar.

De la ética del cuidado, Colombia ha dado un paso trascendental hacia el derecho del cuidado. Que el derecho se ocupe del cuidado es, también, la ocasión propicia para cuidar la importancia del derecho. Volver la mirada de lo jurídico sobre la caritas (amor) y la vulnerabilidad, que universalmente nos unen como seres humanos, implica recuperar el valor de la justicia como presupuesto esencial del derecho. Ojalá que el reconocimiento de este nuevo derecho fundamental no quede relegado a “sentencias de papel”. Abogaremos, como ya lo hemos hecho, para que esto no ocurra.  

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 Paute en Ámbito Jurídico.

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