Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto
Contacto: info@derechojusto.co

El siglo XXI enfrenta una paradoja inquietante: en diversos estados, la tentación totalitaria ha llevado a líderes elegidos popularmente a erosionar sus democracias para perpetuar su régimen e ideología. Este fenómeno implica el ascenso de líderes populistas que, amparados por un respaldo electoral inicial, destruyen progresivamente los fundamentos constitucionales de sus naciones hasta convertirlas en regímenes autoritarios o fallidos. Ejemplos recientes en el continente americano, así como en Europa y Eurasia, revelan un patrón común: la manipulación o uso de elecciones democráticas para implementar medidas o instaurar regímenes que ponen en peligro el Estado de derecho, limitando excesivamente y, en muchos casos, de facto, libertades, derechos y garantías ya existentes sin debates democráticos.

Una característica fundamental de esta tentación totalitaria es la erosión del principio de legalidad. Líderes populistas y autoritarios llegan al poder prometiendo soluciones rápidas a problemas complejos como la inseguridad, corrupción o desigualdades sociales y una vez electos, justifican el uso de decretos y estados de excepción permanentes para gobernar sin contrapesos legislativos o judiciales. Todos cuestionan públicamente las decisiones judiciales, estigmatizan sectores de la población, rechazan cualquier oposición, minimizan a los parlamentarios que los confrontan y buscan atribuirse mayor poder, suspendiendo garantías constitucionales básicas y vulnerando derechos fundamentales.

Otra señal preocupante es la falta de independencia y peso de los tribunales de mayor jerarquía. Por ejemplo, algunos tribunales constitucionales politizados facilitaron la reelección indefinida, argumentando erróneamente que los límites vigentes violaban los derechos humanos de los presidentes en ejercicio o la voluntad del pueblo. Este populismo constitucional tergiversa principios democráticos como la soberanía popular para legitimar el poder ilimitado del líder, confundiendo el respaldo electoral inicial con una patente de corso para gobernar sin límites ni controles.

Asimismo, estos regímenes populistas debilitan sistemáticamente los frenos y contrapesos institucionales, esenciales en cualquier democracia constitucional. La captura del poder judicial y los órganos de control es una táctica común, neutralizando cualquier resistencia institucional. Se ha llegado incluso a implementar la elección popular de jueces, debilitando la seguridad jurídica y la coherencia institucional para reemplazarlas por una justicia demagógica y acomodada. En algunos países se ha comprometido la independencia de los tribunales y se ha sometido a los jueces a control político directo, socavando la división de poderes y permitiendo abusos.

La instrumentalización de los medios de comunicación también es recurrente. Al controlar o censurar la prensa, estos gobiernos eliminan la posibilidad de crítica y escrutinio público. En estos estados se han cerrado medios independientes, perseguido periodistas y se ha impuesto un discurso único favorable al gobierno mediante medios de comunicación oficiales y redes sociales plagadas de información falsa o manipulada publicada por influenciadores pagados por el Estado. El resultado es una población desinformada, manipulada y sin capacidad real para fiscalizar al poder.

La falta de transparencia y rendición de cuentas completa este cuadro preocupante. Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno. La ausencia de mecanismos efectivos de transparencia y responsabilidad en la gestión pública crea un círculo vicioso donde la corrupción clientelista impulsa más autoritarismo y viceversa.

Colombia no está exenta de estos peligros. La polarización política creciente, los escándalos de corrupción recurrentes, el aumento de la violencia política y el debilitamiento de la independencia de ciertas instituciones generan un contexto propicio para la tentación totalitaria. La instrumentalización de instituciones clave, el aumento de discursos polarizantes desde diversas fuerzas políticas, y la proliferación de información falsa y manipulada en redes sociales, muestran señales preocupantes de vulnerabilidad institucional que requieren vigilancia constante.

El Estado constitucional ofrece garantías esenciales para una vida digna y sostenible. La supremacía de una Constitución que limita el poder político, la independencia judicial y la separación efectiva de poderes aseguran la protección real de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. A diferencia del populismo autoritario, que promete soluciones rápidas y que termina destruyendo libertades, el constitucionalismo busca soluciones institucionales sostenibles, reconociendo que ningún líder o mayoría coyuntural puede disponer arbitrariamente de lo público.

Es imperativo reconocer y alertar sobre los riesgos de esta tentación totalitaria. Muchos líderes autoritarios traicionan el mandato popular socavando desde adentro las reglas democráticas que prometieron respetar. Frente a esta amenaza, el fortalecimiento del Estado constitucional es crucial: una ciudadanía educada, instituciones sólidas y una prensa independiente son baluartes indispensables para prevenir y contrarrestar la deriva autoritaria.

Defender el Estado constitucional no es defender un modelo político o económico particular, sino salvaguardar el derecho básico de todos a vivir libres del miedo, en un entorno donde el ejercicio del poder esté sometido al Derecho (rule of law) y no se promueva el gobierno de los hombres (rule of men), que suele convertirse, por ausencia de límites, en arbitrario y déspota.

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