La tragedia en la cárcel de Tuluá y los fines de la pena en el sistema penal colombiano

Roberto Cruz Palmera
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid (España)
Contacto: rcruz@uva.es

La reciente sanción de la Procuraduría General de la Nación al exdirector de la cárcel de Tuluá, Arely Julián Fernández Torres, y a tres guardias del Inpec por su responsabilidad en el incendio que dejó 56 muertos en junio de 2022 es un claro ejemplo de la trágica realidad que enfrenta el sistema penal colombiano. La tragedia, que tuvo su origen en un motín desencadenado por disputas internas relacionadas con el microtráfico, pone en evidencia no solo las fallas en la administración penitenciaria, sino también la imposibilidad de materializar los fines de la pena dentro del sistema de justicia penal del país. En este caso, la Procuraduría señaló las omisiones de los funcionarios, quienes no implementaron las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en el centro penitenciario, a pesar de conocer las tensiones y disputas internas. Esta situación no solo refleja las falencias estructurales del sistema, sino también cómo la aplicación de la pena y el control penitenciario no cumple con sus objetivos, especialmente en lo que respecta a la prevención y rehabilitación.

El sistema penal colombiano establece que la pena debe cumplir funciones fundamentales como la prevención general y la prevención especial. En teoría, la prevención general busca disuadir a la sociedad de cometer delitos, mientras que la prevención especial tiene como objetivo evitar que el condenado reincida. Sin embargo, en este caso, la tragedia del incendio de Tuluá pone de manifiesto cómo estas funciones no se materializan en la práctica. La prevención general de esta tragedia debería haber empezado mucho antes de que ocurriera el incendio. Las constantes disputas entre bandas criminales por el control del microtráfico dentro de la cárcel eran conocidas, pero no se tomaron medidas efectivas para prevenir la violencia. Aquí, la prevención general falló, pues el sistema penal, lejos de ofrecer una disuasión, permitió que las condiciones de hacinamiento, la falta de control y la ineficacia de la administración penitenciaria llevaran a una situación fuera de control. Por otro lado, la prevención especial, que se refiere a evitar la reincidencia de los internos mediante programas de rehabilitación, también resulta ineficaz. En lugar de ofrecer condiciones que favorezcan la reintegración social de los internos, las condiciones de la cárcel de Tuluá y, en general, del sistema penitenciario colombiano, siguen siendo precarias y violentas, lo que no solo perpetúa la violencia dentro de los penales, sino que también agrava el entorno de exclusión social que sufren los reclusos una vez liberados.

En cuanto a la retribución justa, el sistema penal debería garantizar que los castigos sean proporcionales a los delitos cometidos. Sin embargo, en el caso de Tuluá, el hecho de que las omisiones administrativas hayan generado una tragedia de tal magnitud demuestra que el sistema punitivo en lugar de buscar la retribución justa, genera más víctimas y perpetúa un ciclo de violencia estructural en las cárceles. Además, la falta de protección al condenado es evidente en este caso, ya que los internos no recibieron el debido trato ni las condiciones mínimas de seguridad, violando uno de los principios fundamentales del derecho penal. El hecho de que el sistema penitenciario colombiano, en lugar de ser un espacio de rehabilitación, se convierta en un caldo de cultivo para la violencia y el crimen organizado, refleja una falta de capacidad del Estado para materializar los fines de la pena. La protección al condenado en este contexto se ve como una ilusión, ya que la falta de recursos, la sobrepoblación y la corrupción dentro del sistema penitenciario crean un ambiente donde los derechos humanos de los internos son constantemente vulnerados.

Lo ocurrido en Tuluá no es un caso aislado. La sobrepoblación carcelaria, la corrupción, la violencia entre bandas, y las condiciones inhumanas en las que viven miles de internos en Colombia son una constante en el sistema penitenciario. El sistema penal colombiano sigue sin lograr los fines que le asigna la ley, lo que plantea una urgente necesidad de reforma integral. Es necesario que el Estado colombiano reestructure el sistema penitenciario con un enfoque más humanitario, donde se prioricen la rehabilitación y la reinserción social de los internos. Para ello, se debe garantizar que las penas cumplan con sus fines de prevención, retribución justa y protección. Esto solo será posible si se garantiza una administración penitenciaria efectiva, con mejores condiciones de seguridad, educación y salud dentro de las cárceles.

El incendio en la cárcel de Tuluá evidencia una verdad incómoda: el sistema penal colombiano, tal y como está estructurado hoy en día, no cumple con los fines que la ley le ha asignado. La tragedia ocurrida en 2022, con la pérdida de 56 vidas, es el resultado de una serie de omisiones y falta de control que, lejos de ofrecer justicia y rehabilitación, solo profundizan los problemas sociales y de violencia que afectan al país. Si el Estado no actúa de manera decidida para transformar el sistema penitenciario, las omisiones seguirán contribuyendo a más tragedias, y la justicia penal continuará siendo ineficaz en cumplir con los fines para los cuales fue creada.

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