La necesaria humanización de la política criminal en Colombia

Julián Rodrigo Velásquez Martínez
Abogado asesor en materia penal
Miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia

La propuesta del proyecto de ley para humanizar la política criminal y penitenciaria en Colombia representa una iniciativa urgente y esencial ante la crisis de los derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad. La Carta Política, en su artículo 2º, impone al Estado el deber de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, estableciendo claramente que la dignidad humana debe ser el eje central para mejorar el entorno social. Por lo tanto, la crisis penitenciaria es una problemática que requiere atención por parte de los poderes públicos, especialmente del Legislativo, que debe ajustar los topes máximos de las penas previstas en el Código Penal.

En este contexto, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022, estableció un criterio fundamental para superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, especialmente en lo que respecta a las mujeres. A pesar de las objeciones del Ejecutivo, la Corte promovió una política criminal diferenciada que respete la dignidad humana. En la misma línea, la Sentencia C-014 de 2023 declaró inexequible la reforma que había aumentado el tope máximo de la pena a 60 años. La alta corporación hizo un llamado a establecer un criterio empírico de razonabilidad y proporcionalidad en la reforma del Código Penal y de Procedimiento Penal, especialmente en relación con el aumento de penas.

Frente a la crisis penitenciaria, el Proyecto de Ley 336/23 busca ofrecer una solución parcial para la integridad de los privados de libertad. Para ello, es crucial contar con la voluntad de los poderes públicos, ya que se requieren reformas institucionales profundas. La reforma propone un sistema progresivo para los beneficios de subrogados penales y beneficios administrativos, con un enfoque diferencial hacia las personas condenadas. Además, establece un marco importante para los campesinos cultivadores de cultivos de uso ilícito, en línea con el Acuerdo de Paz.

En cuanto a los objetivos de la reforma para humanizar la política criminal, se destacan los siguientes puntos:

(i) Enfrentar el poder punitivo. Especialmente en relación con las condiciones de vida en prisión y el respeto por los derechos de las personas privadas de libertad. El verdadero desafío para el Estado social de derecho es establecer límites al endurecimiento punitivo, que ha llevado a un incremento considerable de penas, contrario al orden constitucional. La Corte Constitucional ha señalado, en sentencias como la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, la necesidad de promover la coherencia y la razonabilidad en el derecho penal y considerar la eliminación de algunas conductas punibles del Código Penal.

(ii) Promoción de la justicia restaurativa. Este mecanismo busca reivindicar los derechos de las víctimas, reconociéndolas como sujetos de derecho. El proyecto se enfoca en tres aspectos esenciales: responsabilización, reparación y reintegración. Esto permite al infractor reconocer el daño; reparar a la víctima, a través de compensaciones económicas y simbólicas, y ofrece la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. También se priorizan mecanismos como la mediación y la conciliación, y se fomenta la participación de los privados de libertad en procesos de restauración.

(iii) Fortalecimiento del proceso de resocialización y tratamiento penitenciario. Las actuales condiciones de los privados de libertad son precarias, con un sistema penitenciario afectado por el hacinamiento y la insuficiente garantía de derechos humanos. Esto dificulta la implementación de un tratamiento resocializador y progresivo. Por lo tanto, es indispensable armonizar el régimen de beneficios administrativos y las medidas alternas para el cumplimiento de la pena.

(iv) Fortalecimiento de la seguridad como impacto directo. El aumento de penas no ha tenido un impacto significativo en la reducción del crimen y los índices de criminalidad. Por el contrario, el endurecimiento punitivo ha dificultado la resocialización adecuada. Es necesario adoptar medidas institucionales para mejorar la persecución y judicialización, con el fin de reducir sustancialmente la impunidad.

Como reflexión final, la política criminal debe orientarse hacia el respeto de las garantías constitucionales de los privados de libertad. Debe buscar un sistema penal equilibrado, que combine prevención y garantía, y que materialice la reinserción social como fin principal, mitigando las consecuencias negativas para la sociedad y contribuyendo a resolver la crisis penitenciaria.

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