Retos de la compra y la contratación pública en lo local para la eficiencia en el gasto

Bernardo Carvajal Sánchez
Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia
Socio de Coral Delgado & Asociados

La eficiencia es, además de un principio constitucional y legal de la contratación pública, del ejercicio de las funciones y actuaciones administrativas, así como de la gestión fiscal, uno de los grandes objetivos de la compra pública promovidos a nivel mundial por la Ocde, organización de la cual sigue haciendo parte Colombia.

La eficiencia incide positivamente sobre la eficacia del Estado social de derecho, pues además de asegurar un adecuado balance costo-beneficio en cada proyecto y de evitar el despilfarro de recursos públicos, busca la mejor asignación de estos como recursos escasos que son, de modo que se haga una correcta priorización del gasto estatal en donde resulte realmente indispensable. En ese sentido, la Corte Constitucional recuerda que “la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien planificados por el Estado para que tengan como fin satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público” (Sentencia C-826 de 2013).

A diferencia de las compras y contrataciones entre particulares, la legislación sobre contratación estatal en Colombia no privilegia la eficiencia como criterio para determinar en cada caso por medio de cuál mecanismo se seleccionará a los contratistas o proveedores del sector público. Por ello, los retos para garantizar la eficiencia en este ámbito comienzan por una buena planeación contractual, en particular, por juiciosos estudios previos y de mercado, lo cual va de la mano con la profesionalización del área de compras en cada entidad u organismo, pues está claro que la contratación no es solo cosa de abogados. Aunado a lo anterior, las entidades públicas, especialmente las territoriales, deben hacer uso de la ciencia de datos para conocer mejor los precios, prestaciones y actores de los diferentes mercados. Del mismo modo, como se ha hecho en Bogotá y Medellín, con buenos observatorios se deben detectar malas prácticas lesivas de la eficiencia en la contratación, para aprender de las malas experiencias y promover buenas prácticas concretas, vistas así como verdaderas medidas de no repetición.

Otro gran reto de cara a obtener mayor eficiencia en el gasto público asociado a las compras y a la contratación del Estado es la adecuada gestión presupuestal. En efecto, una de las razones en la práctica para que se pierdan recursos es la no apropiación oportuna de todo lo disponible durante la respectiva vigencia y que pueda válidamente comprometerse. Del mismo modo, se requiere un manejo eficiente y responsable de figuras como las vigencias futuras, sustitución de fuentes y/o apropiaciones, reservas presupuestales y cuentas por cobrar, evitando en la medida de lo posible la configuración de vigencias expiradas, comoquiera que restan recursos a la vigencia actual y no a la anterior. Sin duda, urge desarrollar más las referencias de doctrina y jurisprudencia sobre la relación entre el régimen de la contratación pública y el régimen presupuestal y tal vez sea hora de actualizar la normativa nacional y, posteriormente, local, del Estatuto Orgánico de Presupuesto a la luz de estos temas.

Así mismo, debe seguirse explorando el uso de los mecanismos de agregación de demanda  que ha venido implementando la agencia Colombia Compra Eficiente, pero al mismo tiempo resulta indispensable que, para la verificación de su eficacia y eficiencia, dicha autoridad nacional debería conocer muy bien las experiencias y opiniones de los entes territoriales como usuarios compradores a partir de acuerdos marco de precios, tienda virtual del Estado y demás mecanismos que, por cierto, parecen seguir en dispersión. Si estas iniciativas pro-eficiencia son ciertamente disruptivas, cabe señalar dos aspectos aún más disruptivos en la materia: de un lado, valdría la pena explorar si la compra y la contratación pública electrónica son eficientes como procedimiento, o si seguimos creando actuaciones lentas y complejas, que siguen mostrando al Estado como algo cada vez más alejado de la inteligencia, simplicidad y accesibilidad del comercio electrónico global en el sector privado. De otro lado, hay que considerar algo ciertamente irónico: cada vez que se cae en el uso abusivo y excesivo de la potestad sancionadora de las entidades contratantes, se impacta inevitablemente sobre el aumento de precios de los futuros contratos, como respuesta del mercado; razón de más para insistir en la discusión sobre el actual régimen sancionatorio contractual y sobre el correcto uso de esta prerrogativa.

Ahora bien, el último, pero no por ello el menor de los retos para mejorar la eficiencia del gasto público en las compras y contrataciones públicas corresponde a los aprendizajes y usos pendientes de las asociaciones público-privadas (APP) por parte de las entidades territoriales. Para priorizar el gasto público social desde lo local, deben conocerse bien las posibilidades de financiación con recursos públicos (propios, de la Nación, de organismos internacionales), pero estos siempre serán insuficientes, por lo cual es indispensable saber si para ciertos proyectos de interés público hay posibilidad real de iniciativa, inversión y participación privadas. Como ejemplo de lo anterior, Bogotá y Medellín han materializado este año concesiones sobre infraestructura social bajo esquema de APP; lo que permite a los gobiernos locales un ahorro de grandes proporciones sin privarse de dicha infraestructura, e incluso permitiría focalizar el gasto público en asuntos donde por definición el mercado no suele asignar recursos privados, como en materia de ayudas públicas para la inclusión y el fomento socio-económicos. Este reto no es solo para las grandes ciudades capitales, sino para la totalidad de entidades territoriales, incluyendo por supuesto a los departamentos que buscan proyectos para el desarrollo de sus territorios y comunidades con una adecuada relación costo-beneficio que los haga viables.

Hay que perderle miedo a la eficiencia en las compras y contratos del Estado y, como todo principio y objetivo, debe tomarse en serio para hacerlo realidad y para generar confianza y esperanza en la ciudadanía.

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