La jurisprudencialización del Derecho: ¿garantía o amenaza?

Ana Giacomette Ferrer
Presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional

La expresión “jurisprudencialización del Derecho” hace referencia al proceso mediante el cual las decisiones judiciales, especialmente las provenientes de altas cortes, adquieren relevancia normativa y se convierten en fuentes importantes para la interpretación y aplicación del Derecho; es una tendencia global que se ha adoptado en diversos países por su capacidad de adaptarse a las necesidades sociales y legales. Empero, esta expresión puede interpretarse de dos maneras según el contexto: no solo se refiere al uso del término como tal, sino, principalmente, al impacto práctico de las decisiones de las altas cortes en el sistema jurídico. Aunque el término específico podría no ser ampliamente utilizado en otros países, el concepto subyacente de otorgar fuerza vinculante a las decisiones judiciales es una práctica común en diversos ordenamientos jurídicos.

En otras palabras, este impacto no solo se limita a Colombia, sino que también se observa en sistemas jurídicos internacionales y en países de América Latina, donde las decisiones judiciales de órganos jurisdiccionales superiores influyen en la interpretación y aplicación de las normas.

Sin embargo, es importante destacar que, la jurisprudencialización del Derecho debe ser vista desde diferentes perspectivas para comprender su complejidad: de un lado, porque todas las ramas y especialidades del Derecho, así como las actividades del Estado en sus diversas manifestaciones (legislativas, judiciales, administrativas, entre otras), deben alinearse con los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos. En este contexto, las interpretaciones jurisprudenciales han adquirido un rol esencial como fuente de aplicación de las normas por los operadores judiciales, consolidando un marco en el que la jurisprudencia se convierte en un eje gravitante en la toma de decisiones.

En contraste, si bien el artículo 230 de nuestra Carta Política es claro en señalar que los jueces, al decidir, están sometidos al imperio de la ley y que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial, no una fuente formal del Derecho, en la práctica, la jurisprudencia ha adquirido un protagonismo que, en muchos casos, desborda su naturaleza auxiliar y termina por incidir en la definición del contenido y alcance de las normas, en ocasiones incluso desplazando al legislador.

Es desde este enfoque en donde la jurisprudencialización del Derecho puede generar varios problemas; solo por mencionar, a mi juicio, los más relevantes: (i) impacto en la seguridad jurídica: La jurisprudencialización del Derecho plantea una tensión entre la necesidad de los órganos judiciales de reevaluar los precedentes y la inseguridad jurídica que esto puede generar. Según el Consejo de Estado, los cambios jurisprudenciales pueden defraudar las expectativas legítimas de los ciudadanos, afectando su confianza en el sistema judicial. Aunque existe la posibilidad de modular los efectos de estos cambios, la falta de previsibilidad en las decisiones judiciales puede sacrificar principios fundamentales como la seguridad jurídica; (ii) desenfoque del principio de legalidad: el principio de legalidad, que exige que las actuaciones de los servidores públicos estén claramente prescritas en la ley, se ve comprometido cuando la jurisprudencia adquiere un carácter normativo. La Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad es un pilar del Estado de derecho y que las decisiones judiciales deben estar subordinadas a lo preceptuado en la Constitución y las leyes. Sin embargo, la creciente influencia de la jurisprudencia puede generar interpretaciones amplias y subjetivas que desdibujen este principio; (iii) inequidad en la administración de justicia, la jurisprudencialización también puede generar desigualdad en la administración de justicia. Esto afecta el derecho a la igualdad de los ciudadanos, quienes esperan que las decisiones judiciales sean coherentes y aplicadas de manera uniforme.

Recientemente, tuve la oportunidad de participar en un foro sobre este tema y se plantearon varias preguntas y preocupaciones que quiero compartir con ustedes: ¿cómo pueden los operadores jurídicos y los ciudadanos confiar en el Derecho cuando una misma norma recibe interpretaciones contradictorias en distintos escenarios judiciales? Y más aún, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la evolución jurisprudencial y la necesidad de estabilidad en el Derecho, especialmente en áreas tan sensible como el derecho civil, administrativo, de familia y laboral?

Un último pensamiento para considerar: aunque la jurisprudencialización del Derecho puede ser útil para adaptar el sistema jurídico a las necesidades sociales, debe ser manejada con cautela; es necesario garantizar que los cambios jurisprudenciales sean excepcionales, debidamente justificados y respeten principios fundamentales como la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la igualdad. De lo contrario, este fenómeno puede convertirse en una amenaza para la estabilidad y coherencia del sistema jurídico colombiano. 

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