El estado de conmoción interior se caracteriza por los límites que impone

Kenneth Burbano Villamarín
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá

En Colombia hay un largo recorrido político, jurídico y social de los estados de excepción. La Constitución precedente de 1886 estipulaba el estado de sitio (art. 121) y el estado de emergencia económico o social (art. 122). La Constitución de 1991 estableció la guerra exterior (art. 212), la conmoción interior (art. 213) y la emergencia económica, social y ecológica (art. 215). La Ley Estatutaria 137 de 1994 reglamenta los estados de excepción en Colombia, cuyo control previo de constitucionalidad lo realizó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C- 179 de 1994.    

El estado de sitio en vigencia de la Constitución de 1886 se utilizó durante mucho tiempo por diferentes presidentes, convirtiendo lo excepcional y transitorio en permanente. Su aplicación discurrió entre el carácter amplio e impreciso de la norma constitucional, el débil control judicial ejercido por la Corte Suprema de Justicia y el control político de validación realizado por el Congreso de la República.  Esto le permitió al presidente de la República en forma subjetiva declarar turbado el orden público y mantenerlo prolongadamente; se estableció como un mecanismo institucional al servicio de quien detentaba el poder político y militar, dirigido a la represión de las protestas ciudadanas, a sofocar organizaciones políticas y sociales populares, sindicatos, a contrarrestar grupos armados al margen de la ley, narcotraficantes y estructuras terroristas.

Amparado en un ropaje constitucional, el estado de sitio le propició al presidente de la República y al gobierno concentrar el poder, debilitar a las demás ramas del Poder Público, fortalecer el autoritarismo, pues su responsabilidad y la de sus ministros era nominal. Durante su vigencia en Colombia, hubo graves violaciones de los derechos humanos, la justicia penal militar podía juzgar civiles, y bajo el propósito de recuperar el control del orden público se legitimaron prácticas atroces, lo que erosionó el Estado de derecho.

Con la Constitución de 1991 se dio un cambio significativo, la conmoción interior tiene una regulación concreta tanto en la Constitución como en la ley, estableció límites al presidente de la República, responsabilidad a los servidores públicos vinculados con este Estado y fortaleció los controles jurisdiccionales y políticos, superando los riesgos y abusos de la norma constitucional precedente. 

La conmoción interior, en resumen, se configura: (i) las causas que permiten su declaratoria son la grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana. (ii) El término de duración es por periodos hasta de 90 días, prorrogables por dos periodos iguales. (iii) Las facultades del gobierno son las estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. (iv) No se interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público y los órganos del Estado. (v) Los decretos legislativos de conmoción interior pueden suspender las leyes incompatibles con este estado y dejan de regir una vez se declare reestablecido el orden público; el Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más.     

La Corte Constitucional ejerce control jurisdiccional, tanto material como formal, del decreto legislativo que declara el estado de conmoción interior y de los decretos legislativos de desarrollo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos, y si no lo hace, esta corporación aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

El Congreso de la República realiza el control político, tiene la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, el presidente le pasará inmediatamente un informe sobre las razones que motivaron la declaración o prórroga de la conmoción interior. La segunda prórroga de este estado requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.  Los decretos legislativos de conmoción interior son de carácter transitorio y no pueden ser derogados o modificados por el Congreso.

Respecto a la grave perturbación del orden público, la Constitución establece que esta no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. La Corte Constitucional revisa el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de los decretos de conmoción interior. El estudio del presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el juicio sobre la suficiencia de las medidas ordinarias corresponde al examen de requisitos materiales como lo ha explicado la jurisprudencia. La perturbación del orden público es lo factico, un suceso con hechos concretos, verificables, que objetivamente trastornan las condiciones de seguridad y tranquilidad necesarias para el ejercicio de los derechos. Le compete al presidente de la República hacer una valoración sobre la intensidad de la perturbación y sus consecuencias. Solo se puede acudir al estado de conmoción interior cuando los medios e instrumentos jurídicos ordinarios, con los que cuentan las autoridades, no permitan conjurar la grave alteración del orden público; por ello, el presidente debe apreciar, determinar y decidir sobre la suficiencia o insuficiencia de las medidas ordinarias. 

De manera categórica, la Constitución de 1991, los instrumentos internacionales y la ley estatutaria disponen que en la conmoción interior no pueden suspenderse los derechos humanos ni las garantías fundamentales; hay derechos intangibles no susceptibles de restricción alguna, como la vida y la integridad, y otros derechos que se pueden restringir, como la libertad de circulación, siempre que no se afecte su núcleo esencial y la limitación sea estrictamente necesaria para superar la anormalidad. La vigencia del Estado de derecho, la coexistencia pacífica, impone que no podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos, ese es un principio civilizador. En todo tiempo, y en especial cuando el orden público está turbado, resulta imprescindible que se respete las reglas del derecho internacional humanitario.    

Finalmente, en Colombia, se expidió el Decreto 062 de 2025 “Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución y la jurisprudencia constitucional necesita una valoración integral; lo previsible de la situación, la existencia de alertas tempranas, la posible inacción o deficiente actuación de las autoridades, debe ceder frente a la grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas de esta región. Las matanzas, el desplazamiento forzado de miles de personas, el confinamiento, el recrudecimiento de los ataques armados de gran magnitud y gravedad, requiere que se adopten medidas urgentes y extraordinarias.   

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