El salario mínimo en Colombia: impactos y desafíos para el sector público y privado

Juliana Morad Acero
Filósofa y abogada. Especialista en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social y magistra en Políticas Públicas

Johanna Gómez Castro
Economista y magistra en Economía. ‘Project manager’ de Género y Economía, docente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana

Con el inicio de diciembre, se abre la tradicional negociación del salario mínimo en Colombia, un proceso clave para la economía del país que afecta a millones de trabajadores y empleadores. El salario mínimo es más que una cifra; representa una herramienta para garantizar el acceso a necesidades básicas, pero también conlleva desafíos para sectores vulnerables, como el empleo informal, y presiones en los presupuestos públicos.

En un año marcado por una inflación en desaceleración y con un crecimiento económico moderado, los actores involucrados en la negociación (gobierno, sindicatos y gremios empresariales) enfrentan un escenario de tensiones entre aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y contener los efectos negativos en el empleo y la informalidad. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2023, más del 56,4 % de los trabajadores en Colombia son informales. Este dato pone de manifiesto uno de los retos centrales: aunque los incrementos salariales pueden beneficiar directamente a los trabajadores formales, su alcance es limitado para aquellos que operan en condiciones de informalidad, quienes constituyen la mayoría de los ocupados en el país.

El mercado laboral colombiano refleja importantes desafíos en términos de formalidad e informalidad, particularmente en los sectores privado y de trabajo por cuenta propia, que en conjunto concentran el 85 % del total de ocupados. Los datos muestran que, aunque el 71 % de los trabajadores privados son formales (7 millones), el 29 % restante (2,9 millones) opera en la informalidad, enfrentando condiciones de trabajo más precarias y sin acceso a los beneficios asociados con la formalidad. En el caso del trabajo por cuenta propia, el panorama es más preocupante: un 85 % (8 millones de personas) opera en la informalidad, mientras que solo un 15 % está formalizado. Esto tiene profundas implicaciones en términos de acceso a derechos laborales y a los beneficios derivados de incrementos en el salario mínimo, los cuales suelen impactar de manera más directa a los trabajadores formales.

Por otro lado, el empleo público mantiene una alta formalidad con el 100 % de sus 914.478 trabajadores gozando de acceso a las garantías laborales estipuladas por la ley. Sin embargo, este grupo representa apenas el 4 % del total de ocupados, lo que limita su impacto en la discusión sobre el salario mínimo a nivel nacional. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de considerar las diferencias estructurales entre formalidad e informalidad en las negociaciones del salario mínimo, especialmente cuando se busca un equilibrio entre mejorar las condiciones laborales y evitar afectaciones negativas en los niveles de empleo informal.

Sectores con mayor incidencia de informalidad

Uno de los casos más críticos es el de la agricultura, ganadería y caza, donde la informalidad alcanza el 23 % entre los trabajadores por cuenta propia y el 35 % entre los trabajadores familiares sin remuneración. Esto refleja la precariedad del sector rural, caracterizado por actividades de subsistencia y estructuras laborales no reguladas.

El comercio y la reparación de vehículos también presentan altos niveles de informalidad. Entre los empleados privados, el 27 % se encuentra en condiciones informales, mientras que en los trabajadores por cuenta propia la cifra alcanza el 17 %. Este sector, uno de los más representativos en términos de empleo, enfrenta retos significativos para garantizar la formalización debido a la prevalencia de microempresas y negocios pequeños.

El sector de alojamiento y servicios muestra un panorama similar, con una informalidad del 21 % entre empleados privados y un 7 % en los trabajadores por cuenta propia. Las empresas pequeñas y la falta de regulación contribuyen a este fenómeno, dejando a una parte considerable de la fuerza laboral sin acceso a beneficios sociales ni condiciones laborales dignas.

Estas cifras evidencian cómo sectores económicos clave para el país enfrentan serios desafíos estructurales para lograr la formalización de sus trabajadores. Esto no solo limita el impacto de políticas laborales, sino que también perpetúa la desigualdad y la precariedad en gran parte de la población activa.

Sectores con menor incidencia de informalidad

Los sectores con menor incidencia de informalidad en Colombia son aquellos con mayor regulación y presencia de estructuras laborales formales, lo que garantiza a sus trabajadores acceso a derechos y beneficios legales. Entre ellos, el sector de suministro de electricidad destaca con una informalidad del 2 % entre empleados privados y del 3 % entre los trabajadores por cuenta propia. Esto refleja un entorno laboral estrictamente regulado, dado el carácter estratégico y técnico de estas actividades.

Otro sector con bajos niveles de informalidad es el financiero, donde apenas el 1 % de los empleados privados y trabajadores por cuenta propia opera en condiciones informales. Esto se explica por la necesidad de personal calificado y la obligatoriedad de cumplir con normas estrictas que regulan la contratación en esta industria.

Asimismo, las actividades inmobiliarias e información y comunicaciones presentan tasas de informalidad del 1 %, tanto entre empleados privados como por cuenta propia. En estos sectores, la alta especialización y el marco regulatorio fomentan la formalización, dejando un margen muy reducido para las condiciones laborales precarias.

Esta dualidad entre formalidad e informalidad genera importantes retos en la implementación de políticas salariales. Por un lado, un aumento significativo del salario mínimo puede mejorar el poder adquisitivo y reducir la pobreza entre los trabajadores formales. Por otro lado, puede incrementar los costos laborales, desincentivando la formalización y perpetuando los altos niveles de informalidad. Esto destaca la necesidad de un enfoque integral en la política laboral, que combine los ajustes salariales con medidas complementarias que promuevan la formalización y protejan a los trabajadores más vulnerables.

En conclusión, las negociaciones del salario mínimo en Colombia deben considerar las dinámicas diferenciadas de los sectores público y privado, así como las profundas brechas entre formalidad e informalidad. Solo mediante una estrategia que articule políticas salariales con incentivos a la formalización y un fortalecimiento de la protección social se podrá garantizar que el incremento del salario mínimo cumpla con su propósito de mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores, sin excluir a quienes más lo necesitan.

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