El rol de los líderes y las expectativas del ‘homo economicus’

Eleonora Lozano Rodríguez

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

A finales del año pasado fui invitada al XII Encuentro tributario organizado por Asobancaria para debatir el proyecto de ley de financiamiento que cursaba en el Congreso de la República. Me correspondía analizar dos temas. Por una parte, la normas sobre recompensas por denuncias por evasión y abuso tributario, así como el estado actual de la evasión en nuestro país. Como siempre, preparé mis respuestas concluyendo que frente al primer esfuerzo, ya existían antecedentes normativos fracasados, y en relación con el segundo, el panorama tampoco había cambiado mucho recientemente y, por el contrario, se había exacerbado por malas decisiones tanto normativas (amnistías tributarias y normalizaciones constantes) como comportamentales (en doble vía, pues hay constante incumplimiento tributario por parte los contribuyentes por escándalos en la asignación gubernamental de recursos o corrupción, inestabilidad normativa, entre otros asuntos que minan la cultura tributaria). 

En el panel, además de practicantes tributaristas, había un congresista, lo cual generó un interesante debate que desbordó mis planeadas respuestas. En realidad, el ambiente de incertidumbre frente a la política fiscal gubernamental hizo que los ánimos no pudieran estar calmados, pues, luego de enormes debates legislativos y constitucionales, se cayeron varias de las normas que sustentaban el recaudo del gobierno actual. Además, el decrecimiento económico y, por ende, el recaudo, hace que la situación se agrave aún más. Tampoco se entiende cómo un gobierno con baja ejecución del gasto desee más recursos, sin planear adecuadamente su fiscalidad, con estimaciones erróneas de un recurso gigantesco por concepto de pleitos arbitrales en materia de impuestos que, pese a que soy una defensora del mecanismo alternativo de resolución de controversias, jamás llegaría al monto estimado.  El honorable congresista nos invitó, a la academia, a hacer parte del debate parlamentario, pero no hubo necesidad, pues pocos días después no existió ánimo legislativo para su estudio ni, mucho menos, aprobación. 

Nos fuimos de vacaciones de navidad y retornamos con una situación de orden público caótica en el Catatumbo. Hoy se anuncian medidas tributarias, bajo el amparo del estado de conmoción interior, como la imposición de IVA a los juegos de suerte y azar en línea (incluidos en el fracasado proyecto de financiamiento), y de política hacendística, como la destinación ágil de recursos de regalías para conjurar la crisis en esta región. No conocemos aún el texto.

A la caótica situación económica del país se suma ahora el “domingo negro” que vivimos con la deportación de los migrantes colombianos desde EE UU. Las redes sociales de lado y lado no pararon, lo cual inmediatamente generó preocupación por los efectos económicos de las medidas norteamericanas.

Quiero hoy reflexionar sobre el rol de los líderes y cómo sus acciones y omisiones afectan directamente el comportamiento del homo economicus. Desde la escuela tradicional del análisis económico del Derecho, el ser humano es un agente racional que actúa según la información que conoce. Esta racionalidad ha sido cuestionada en ocasiones también por la teoría económica (por comportamientos “irracionales” que han sido ampliamente estudiados de manera interdisciplinar), pero lo que sí es cierto es que, por regla general, las expectativas sobre el desempeño económico próximo se mueven rápidamente según la información presente en los mercados. 

Los líderes deben tener en cuenta que cualquier anuncio, propuesta o decisión impacta inmediatamente la economía, generando crisis como las que hemos venido viviendo en los últimos días. Esta columna es, por lo tanto, un llamado a la responsabilidad fiscal y sus anuncios.  Improvisaciones como las de los últimos días generan efectos no deseados y todos los colombianos queremos tranquilidad y certidumbre económica, sustento de los derechos y deberes consagrados constitucionalmente.  

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