La importancia de la cooperación científica
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John Zuluaga
Doctor en Derecho y LL. M. de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)
Profesor de la Universidad Andrés Bello (Santiago de Chile)
En el ámbito de las ciencias penales, es muy satisfactorio apreciar el crecimiento que viene teniendo el intercambio entre juristas latinoamericanos y alemanes. Se trata de un acercamiento que tiene lugar in situ y que ha permitido un reconocimiento recíproco de las diferencias y similitudes que se encarnan en los sistemas jurídico-penales del mundo europeo continental. Esta aproximación ha facilitado un abordaje de primera mano del pensamiento penal a partir del cual dialogan los penalistas germanos e hispanoparlantes. Esta tarea, impulsada desde comienzos del siglo XX por Franz von Liszt, ahora crece a través de iniciativas como la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales (SIGLA-CP), que actualmente goza de una alta acogida y tiene un enorme valor pedagógico y cultural. Lo que nos enseña este tipo de iniciativas es que la comprensión “científica” de nuestro derecho penal se hace sobre la base del diálogo abierto y horizontal. Ahí se encuentra, además, uno de los rendimientos ético-políticos más importante de este proyecto de intercambio, pues permite la democratización del conocimiento.
Esta iniciativa es mucho más destacable si se tiene en cuenta que una parte importante de los sistemas universitarios en Latinoamérica ha padecido cierto escepticismo frente a la movilidad internacional. De esa manera, se explica que la interacción académica haya sido asumida por mucho tiempo de forma preponderantemente individual. En esa medida, cobra gran relevancia la promoción de la cooperación universitaria e interinstitucional, pues con ella se facilita el hallazgo de caminos para confrontar las diezmadas condiciones de trabajo académico en muchas partes de la región y, además, permite una apertura a problemas y métodos de investigación que puede contribuir a innovaciones y aportes científicos relevantes. Así mismo, para muchos es una plataforma que deja apreciar el enorme talento y potencial de los juristas latinoamericanos, en quienes reside la relevante misión de contribuir científicamente al bienestar de sus entornos.
Precisamente, ante este estado de cosas es que resulta muy relevante la cooperación científica, como la propuesta desde SIGLA-CP, a nivel jurídico-penal. En primer lugar, la promoción de la cooperación es, a la vez, una promoción de la interacción con la que se compensan muchas ambivalencias biográficas del personal docente universitario. Además, se trata de una interacción en torno a problemas de investigación, de carácter temático y dialógico. De esta manera, en segundo lugar, contribuye al reconocimiento propio y ajeno, tanto de las personalidades de los pares académicos como de sus métodos de trabajo. En tercer lugar, al ser un proceso dialógico, estimula la integración y debe servir a la deconstrucción de verticalidades y a la contención de autoritarismos académicos. En cuarto lugar, contribuye al crecimiento en habilidades y competencias. Tratándose de intercambios internacionales debe destacarse el positivo impacto que estos tienen para reforzar la integralidad cultural de los participantes.
La cooperación en el ámbito de las ciencias penales y del Derecho en general debe seguir este camino de profundización, especialmente, a través de las interacciones dialógicas, horizontales, abiertas e incluyentes es posible una contestación racional a los discursos pontificadores a nivel jurídico penal, muchas veces cómplices de los autoritarismos políticos o académicos. Estas son las mismas voces que no pocas veces resultan condescendientes a la flexibilización de muchos presupuestos constitucionales del derecho penal. De gran relevancia resulta ser este curso de cooperación en Latinoamérica, mucho más si pensamos en las profundas desigualdades que se han gestado por el encumbramiento de aristocracias universitarias, insensibles a los problemas de acceso a la educación superior e indolentes ante los déficits de transparencia en la promoción de las carreras universitarias del personal docente y administrativo.
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