México llevó a los animales a su Constitución: ¿un modelo para Colombia?

Ricardo Díaz Alarcón
Abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho (LL. M.) de la Universidad de Harvard (EE UU)

El pasado 3 de diciembre, entró en vigor la reforma constitucional que incorporó la protección animal a la Constitución de México. Con esta reforma, México se convierte en el segundo país latinoamericano, después de Brasil, en reconocer a los animales en su Constitución y se une a otros países como Suiza, India, Eslovenia, Alemania, Luxemburgo, Austria y Egipto, que han hecho lo mismo. ¿Cuáles son las implicaciones de incluir a los animales en la norma superior de un ordenamiento jurídico? ¿Debería Colombia adoptar una reforma similar?

Los animales en la Constitución mexicana

La reforma recientemente aprobada por el Congreso mexicano consta de tres disposiciones: (i) en primer lugar, se establece que los planes y programas de estudio en el país incluirán contenidos relacionados con la protección de los animales; (ii) en segundo lugar, se prohíbe el maltrato animal y se le ordena al Estado garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que establezca la ley, y, por último, (iii) se faculta al Congreso para expedir leyes de protección animal y se le otorgan 180 días para expedir una Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Además, se especifica que la Ley General de Protección Animal que expida el Congreso considerará la naturaleza, características y vínculos de los animales con las personas. También deberá prohibir el maltrato en (i) la crianza, el aprovechamiento y el sacrificio de animales usados para consumo humano; (ii) la utilización de animales silvestres en espectáculos, y (iii) el control de plagas y riesgos sanitarios.

Esta reforma había sido impulsada por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos desde hace años y ha sido celebrada como un avance en el reconocimiento jurídico de los animales en México.

¿Qué implica esta reforma?

Incluir a los animales en la Constitución de un país tiene efectos simbólicos y materiales. En lo simbólico, este tipo de reformas demuestran que la protección animal es una prioridad y hace parte de los consensos que forman la base de nuestras naciones. Esto hace que los asuntos relacionados con la protección animal sean más visibles para los ciudadanos y los operadores jurídicos, incluyendo a los jueces y funcionarios del poder ejecutivo.

Los efectos materiales de incluir a los animales en la Constitución dependen del contenido que el Congreso y los jueces constitucionales le otorguen. En el caso de México, la reforma incluye la obligación de incluir la protección animal en contenidos educativos, prohíbe el maltrato animal y responsabiliza al Estado de garantizar el cuidado de los animales.

En general, estas disposiciones dependen de leyes posteriores que especifiquen, por ejemplo, en qué circunstancias está obligado el Estado a proteger a los animales, qué acciones constituyen maltrato y cuáles son sus consecuencias. Sin estas regulaciones e interpretaciones posteriores, las disposiciones constitucionales tan generales como las que aprobó México quedan en riesgo de quedarse en el papel.

Lecciones para Colombia

Expedir una reforma constitucional de protección animal es apenas el comienzo; después, sigue la lucha por definir su significado y alcance. La experiencia de países como Brasil, que prohibió el maltrato animal en su Constitución en 1988, demuestra lo mucho que la interpretación de una misma norma constitucional puede cambiar a lo largo de los años.

Durante años, la norma constitucional que prohibió el maltrato animal en Brasil fue entendida simplemente como una medida para castigar los actos más crueles: aquellos que no tenían otro propósito más que la crueldad misma. Con el tiempo, la justicia empezó a ver esta disposición como una obligación de prohibir prácticas crueles, incluso cuando existía algún tipo de justificación humana, como en el caso del uso de animales para entretenimiento. Más recientemente, los jueces han afirmado que esta norma les otorga derechos y dignidad a los animales.

El concepto de “maltrato” es indeterminado y los jueces y operadores judiciales son más propensos a considerar que algo es maltrato si no se trata de una práctica generalizada. Por ejemplo, la industria pecuaria y de investigación con animales causan los niveles más intensos e injustificados de sufrimiento animal, pero en general no caen bajo el concepto de “maltrato” por tratarse de prácticas extendidas y aceptadas en la cultura occidental. En cambio, las prácticas de poblaciones vulnerables, como migrantes o minorías raciales o religiosas son más susceptibles de ser consideradas maltrato debido a los prejuicios arraigados en su contra. Cualquier reforma de protección animal seria debería incluir la regulación de prácticas generalizadas, como el uso de animales para consumo y para investigación. También debería proteger a todos los animales y no solo a los perros y los gatos.

Por todo lo anterior, una reforma constitucional de protección animal puede ser útil, pero no es suficiente. Hay al menos dos elementos adicionales que pueden darle a una reforma implicaciones prácticas significativas. En primer lugar, es crucial implementar un mecanismo judicial rápido y eficaz que permita llevar casos de protección animales ante los jueces. En Ecuador, por ejemplo, la constitucionalización de los derechos de la naturaleza ha permitido que cualquier persona pueda solicitar la protección de un animal o un ecosistema a través de la “acción de protección”, que es el equivalente de la acción de tutela en Colombia. Contar con una vía judicial efectiva para proteger a los animales es el aspecto más importante para que su defensa no sea solo una declaración de principios vacía.

En segundo lugar, es necesario implementar programas educativos dirigidos a jueces y otros funcionarios encargados de asuntos relacionados con la protección de los animales. La mayoría de las personas en nuestros países jamás se han preguntado por lo que necesita un animal para llevar una vida plena y floreciente. Educar a las autoridades que toman decisiones sobre los animales es esencial para garantizar que sus acciones sean informadas y no estén sesgadas por la creencia de que el ser humano es superior a los seres de otras especies.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites.  

Paute en Ámbito Jurídico.

Siga nuestro canal en WhatsApp.