Más lejos de la paridad en la Corte Suprema

María Adelaida Ceballos Bedoya

Directora de la línea de Sistema Judicial de Dejusticia

“Tenemos derecho a elegir al mejor hombre para el cargo, al margen de su sexo”. La frase viene de la serie británica Sí, ministro, pero encaja bien en el contexto colombiano, donde las mujeres encuentran enormes obstáculos para acceder a posiciones de poder. Escribo estas líneas pensando en la reciente selección de José Joaquín Urbano como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, otro caso de una larga historia de exclusión de las mujeres en contravía de los mandatos constitucionales y legales.

En el libro Abogados sin reglas, escrito junto a Mauricio García Villegas, mostramos que la Corte Suprema ha tenido históricamente una mínima presencia de mujeres. La primera de ellas, Fanny González Franco, ingresó a la Sala Laboral en 1984, pero fue asesinada un año después en el holocausto del Palacio de Justicia. Luego pasaron 16 años para seleccionar a la segunda mujer. En las últimas dos décadas, la proporción de magistradas ha estado cerca del 20 %, alcanzando un 31 % en 2024.

La subrepresentación de las mujeres ha constituido entonces un patrón persistente en la Corte Suprema. Sin embargo, ese patrón ha sido particularmente pronunciado en la Sala de Casación Penal, que solo ha contado con cuatro magistradas en toda su historia y nunca ha tenido dos mujeres al mismo tiempo. “Con una nos basta y nos sobra”, me han contado que dicen en esa Sala. Las selecciones recientes parecen seguir confirmando el pacto de exclusión implícito en ese dicho: hoy solamente hay una mujer en la Sala Penal (Myriam Ávila), porque en los últimos dos años se abrieron cuatro vacantes (de un total de nueve magistrados) y todas se llenaron con varones. Urbano fue el último en esta seguidilla de selecciones. Es decir, se ‘renovó’ casi la mitad de la Sala, sin mujeres.

En mi opinión, esta presencia minoritaria de las mujeres en la Corte no solo es descorazonadora, sino que es inconstitucional e ilegal por varias razones. Primero, la Constitución establece que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública” (art. 40). Segundo, la Constitución dispone que la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas debe garantizar la equidad de género, entre otros principios (art. 126). Tercero, al revisar la reciente reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Corte Constitucional determinó que “[el] principio de equidad implica asegurar la paridad o una participación equilibrada de mujeres y hombres en el acceso a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia…” (Sentencia C-134 de 2023). Estos tres fundamentos están alineados con la recomendación general N° 40 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, la cual exhorta a los Estados parte (como Colombia) a garantizar la participación paritaria de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones, enfatizando en el Poder Judicial. 

Alguien podría decir que la Corte Suprema se ha visto en la necesidad de seleccionar hombres, porque no hay abogadas sobresalientes. Pero sí las hay. Muchas han participado en las convocatorias, mientras que otras se han abstenido de postularse porque perciben que ganarán los varones. Por lo tanto, dado que a los argumentos jurídicos se suma la oferta suficiente de candidatas, no encuentro justificación para que la Corte incumpla su deber de respetar la equidad de género en las selecciones judiciales. Urge entonces exigirle a la Corte que escoja más magistradas y que, con ese fin, se esfuerce por restaurar la confianza de las juristas desengañadas.

Hasta hoy, hemos tenido tan pocas magistradas que ellas representan apenas unos cuantos “chispazos en la tiniebla” en medio de “esa larga historia de oscuridad y silencio que ha envuelto a la mujer”, como diría Carlos García Gual. Ya es hora de que la Corte corrija este rumbo, porque no puede ser que la inclusión de las mujeres siga siendo una excepción y que la paridad en la justicia no sea todavía una costumbre.  

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