Violencias de género en clave mujer, sistema de justicia y tecnología: crisis y soluciones

Yadira Elena Alarcón Palacio
Directora de la Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana
Correo: alarconpalacioyasociados@gmail.com

La violencia de género contra la mujer sigue siendo una de las problemáticas más alarmantes en Colombia. El rol del sistema judicial en la protección de las mujeres y la prevención de estos crímenes ha evolucionado, consolidando una serie de mecanismos legales que buscan garantizar la seguridad de las víctimas y sancionar a los agresores. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que exigen un enfoque integral y coordinado entre las diferentes instancias de justicia.

El sistema judicial colombiano cuenta con una oferta variada de mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia. En el ámbito constitucional, se dispone de la acción de tutela y acciones de inconstitucionalidad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. En el ámbito ordinario, la justicia civil y de familia ofrece herramientas procesales y sustantivas para la protección de las víctimas, mientras que la justicia penal busca sancionar los delitos de violencia de género.

Además, el sistema administrativo desempeña un papel clave, con las comisarías de Familia y el Ministerio de Justicia como su ente rector en la recepción y tramitación de denuncias. La reciente creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar, a través del Decreto 1574 de 2024, refuerza la articulación entre estos organismos, promoviendo un modelo más efectivo de prevención y atención a las víctimas.

Colombia ha implementado múltiples medidas para evitar que la violencia intrafamiliar escale hasta casos de feminicidio. En el plano normativo, el país ha adoptado tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y ha promulgado leyes de avanzada como la Ley 2126 de 2021, que fortalece las comisarías de Familia y establece herramientas innovadoras de protección, incluyendo dispositivos electrónicos para impedir la cercanía del agresor con la víctima.

Estos mecanismos tecnológicos, aunque efectivos, aún requieren una mayor regulación, aplicación y divulgación. La articulación entre el poder judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía es fundamental para garantizar su implementación y evitar que los agresores eludan las medidas de protección.

A pesar de los avances normativos, muchas mujeres enfrentan barreras legales, culturales y sociales que dificultan la denuncia de sus agresores. El temor a represalias, la dependencia económica y la falta de confianza en el sistema judicial son algunos de los factores que desincentivan a las víctimas.

No obstante, el uso de tecnologías digitales y redes sociales ha facilitado la denuncia anónima y el acceso a mecanismos de ayuda. La implementación de sistemas de alarma temprana y herramientas digitales puede reducir significativamente los riesgos y mejorar la eficacia de las denuncias.

A nivel internacional, España ha sido pionera en la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, implementados a partir de la Ley Orgánica 1/2004. Estos tribunales han demostrado ser una herramienta eficaz para acelerar los procesos judiciales y garantizar una atención integral a las víctimas.

En Colombia, la adopción de un modelo similar podría optimizar la respuesta institucional y consolidar un enfoque especializado en la erradicación de la violencia contra la mujer, extendiendo su cobertura a otros grupos vulnerables como lo son niños, adolescentes, adultos mayores, comunidades étnicas y comunidad LGBTIQ+.

Entre las soluciones, la academia también desempeña un papel fundamental en la formación de profesionales con un enfoque interseccional y diferencial en la defensa de los derechos de las mujeres. A través de programas de especialización y líneas de investigación, se promueve la divulgación de derechos y el diseño de políticas públicas efectivas.

Es crucial que los planes de estudio incluyan perspectivas de género y promuevan el análisis de casos reales, contribuyendo así a la formación de profesionales con una visión integral de la problemática.

La erradicación de la violencia de género en Colombia requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad. Más allá de los avances normativos y tecnológicos, es fundamental un cambio cultural que promueva la denuncia, el acceso efectivo a la justicia y la consolidación de una institucionalidad más eficiente y cercana a las víctimas. Solo con una estrategia integral, en la que confluyan el Estado, la academia y la sociedad civil, será posible construir un entorno seguro y equitativo para todas las mujeres del país.