Economía azul y ecológica: una propuesta de sostenibilidad para el país

Valeria Erazo Suárez

Abogada del área de Derecho Ambiental de Pinilla, González & Prieto Abogados

Actualmente, cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 224 de 2024 conocido como “Ley de economía azul y ecológica”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que impulse y promueva estas dos formas de economía basadas en los ecosistemas hídricos de Colombia, armonizando el desarrollo económico con la protección ambiental. Colombia, privilegiada por su ubicación geográfica y reconocida por el Fondo Mundial para la Naturaleza como Potencia Hídrica Mundial, se enfrenta al reto de cumplir distintos compromisos nacionales e internacionales, entre ellos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

A nivel nacional, el sustento jurídico de esta ley se encuentra en la Constitución Política de 1991, que otorga rango constitucional a la protección de los ecosistemas, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia Potencia Mundial de la Vida (Ley 2294 de 2023), que prioriza el ordenamiento territorial alrededor del agua.

Internacionalmente, la propuesta se alinea con los esfuerzos globales por preservar el medioambiente y los compromisos asumidos por Colombia en diversos tratados e instrumentos internacionales. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los estados miembros de la ONU, es un eje clave para esta iniciativa, buscando garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Aspectos clave del proyecto de ley

La propuesta legislativa define dos conceptos cruciales: la economía azul y la economía ecológica. La primera, se centra en las actividades sostenibles relacionadas con el uso de los recursos marinos y costeros; mientras que la segunda se enfoca en el uso sostenible de los recursos de los ecosistemas de agua dulce. Ambos enfoques tienen un objetivo común: promover la sostenibilidad y el crecimiento económico, pero a través de la protección y el uso responsable de los recursos hídricos.

El proyecto de ley también establece directrices para la creación de políticas públicas que promuevan estas economías, abarcando no solo la biodiversidad de océanos, ríos, lagos y embalses, entre otros, sino también aquellas áreas estratégicas para la recarga hídrica, como páramos, glaciares, humedales y nevados. Entre las disposiciones clave, se mencionan la creación de empleo, el desarrollo socioeconómico y el acceso al agua potable, junto con la educación y el turismo sostenible, buscando concientizar la importancia en la protección y preservación de los ecosistemas hídricos del país.

Esto representará un importante reto interinstitucional, dado que asigna la formulación de las políticas públicas a diversas autoridades estatales, por lo que será necesario establecer mecanismos claros y efectivos de coordinación y cooperación entre las distintas entidades gubernamentales, tanto a nivel nacional como territorial. Solo mediante una articulación fluida y coherente entre las instituciones se podrá garantizar que las políticas se implementen de manera consistente y efectiva, asegurando el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y desarrollo planteados por la legislación.

De igual forma, se señala que el Gobierno Nacional promoverá la cooperación y la coordinación efectiva entre la economía azul y ecológica. Para ello, se establecerán mecanismos que faciliten dicha colaboración entre los sectores público y privado, así como el intercambio de información entre las entidades encargadas de la gestión de los ecosistemas marinos y cuerpos de agua. De esta forma, el proyecto busca establecer un marco jurídico para fomentar una economía resiliente y respetuosa con los recursos hídricos.

Además, el proyecto señala que se establecerán planes específicos para el ordenamiento y el manejo integrado de ecosistemas marinos y costeros, así como para la actualización de los instrumentos de planeación territorial. Estos esfuerzos incluyen mecanismos de monitoreo frente al cambio climático y un Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas Estratégicos. Sin embargo, para su implementación exitosa, será fundamental coordinar estas disposiciones con las normativas existentes, garantizando la coherencia e integración normativa, así como la colaboración interinstitucional.

Fomento de la inversión y desarrollo en la economía azul y ecológica

El proyecto de ley también establece que se implementarán planes, programas y estrategias que impulsen la innovación, el emprendimiento y la inversión en sectores clave de la economía azul y la economía ecológica, señalando que se promoverán alianzas estratégicas y mecanismos de financiamiento para proyectos innovadores que busquen conservar los recursos hídricos, fomentando iniciativas que busquen capitalizar el potencial de los recursos hídricos, no solo para generar crecimiento económico, sino también para conservar los ecosistemas acuáticos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Ejemplos clave de estas iniciativas incluyen el impulso de fuentes de energía renovable marina, como la energía eólica marina, la energía de las olas (undimotriz) y la energía solar flotante; la desalinización del agua, como solución ante la escasez de agua potable en territorios vulnerables y el turismo sostenible, que pone en valor el patrimonio natural sin comprometer los ecosistemas hídricos, compatibilizando esta actividad con la protección de los recursos naturales.

Para financiar la economía azul y ecológica, y asegurar la implementación efectiva de planes, programas, proyectos y medidas, el proyecto de ley propone que el Gobierno Nacional promueva la movilización de recursos mediante mecanismos como pagos por servicios ambientales, bancos de hábitat, compensaciones ambientales, así como a través de bonos verdes. Además, contempla la creación de planes de acción y alianzas estratégicas en el marco de la corresponsabilidad, con el objetivo de fomentar una economía azul sostenible y responsable.

Importantes oportunidades

La iniciativa no solo representa una oportunidad para el desarrollo económico, sino una gran responsabilidad. El agua, como recurso esencial, debe ocupar un lugar protagónico en las políticas de desarrollo del país, integrando su protección en el marco del crecimiento sostenible. En este sentido, el equilibrio entre conservación y progreso es crucial para asegurar el bienestar de las generaciones futuras y el desarrollo sostenible.

Los componentes de invención, innovación y emprendimientos son ejes centrales de la economía azul y ecológica, integrándose de manera transversal en el proyecto legislativo. Este enfoque se ve especialmente reflejado en la creación de medidas para la transición económica y productiva que respeten los ecosistemas hídricos, al mismo tiempo que fomentan nuevas actividades productivas sostenibles. El uso de tecnologías avanzadas y prácticas científicas emergentes es clave para garantizar que esta transformación sea viable y duradera. También es importante destacar el papel del conocimiento local que las comunidades tienen sobre sus territorios y ecosistemas hídricos, lo cual complementa y potencia el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, asegurando que el crecimiento económico se dé en armonía con el medioambiente.

Reglamentación

Gran parte de las disposiciones del proyecto legislativo requerirán de reglamentación para desarrollar plenamente la ley y precisar su verdadero alcance, así como los detalles necesarios para su correcta aplicación. Emitir estas reglamentaciones es un reto significativo, ya que debe garantizarse que estén en armonía con el ordenamiento jurídico vigente y respeten su coherencia. Será fundamental aterrizar el contenido material de la ley, desarrollando reglamentaciones claras y específicas que eviten vacíos normativos, superposición de normas o escenarios de inseguridad jurídica, con el fin de asegurar una implementación efectiva y coherente de los objetivos propuestos.

Es importante hacer un seguimiento detallado a esta propuesta legislativa, actualmente en discusión en la Comisión Quinta del Senado de la República, y pendiente de ponencia para primer debate. Aunque la iniciativa representa un camino hacia la sostenibilidad hídrica, deberá ajustarse a las modificaciones y adiciones que surjan del proceso legislativo, de convertirse en ley de la República.  

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