La información: el gran problema detrás de la determinación de la UPC en el sistema de salud

Juan Felipe Parra Rosas
Profesor de cátedra en las universidades de los Andes y del Rosario
Miembro del semillero de investigación Trabajo y Derecho

En estos meses, el sistema de salud vive uno de sus momentos más tensionantes. Pareciera que no existe una dirección seria en el sistema y que el Ministerio de Salud estuviera luchando contracorriente. El 18 de febrero de este año, esta cartera decidió solicitar la nulidad del Auto 07 emitido por la Corte Constitucional, que declaró, entre otras cosas, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en ambos regímenes. Asimismo, ordenó la creación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud, con participación de diversas entidades y actores del sector, para abordar temas como los rezagos en la prima, el aumento de la siniestralidad y los ajustadores de riesgo. También se dispuso el desarrollo de una metodología más precisa para calcular la UPC en futuras vigencias y la implementación de un mecanismo de ajuste ex post.

Los argumentos del Ejecutivo para solicitar la nulidad de dicho auto se centraron en que la Corte desconoció expresamente que la competencia para fijar la UPC recae en el Ministerio de Salud. Además, alegó la violación al debido proceso, pues, según el ministerio, el auto carece de sustento probatorio suficiente para declarar la insuficiencia de la UPC para la vigencia 2024 y ordenar el reajuste de las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Ahora bien, después de leer el Auto 07 de 2025, la solicitud de nulidad del ministerio y el Auto 089 de 2025, se podría llegar a una conclusión desoladora: en estos momentos, el Ministerio de Salud no ha actuado como agente rector y autoridad administrativa encargada de velar por el funcionamiento del sistema de salud. Su incapacidad técnica y el desgaste en peleas con diferentes actores han llevado a que descuide su función principal y han propiciado que la Corte Constitucional, garante de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema, prenda las alertas y emita la decisión relacionada con la insuficiencia de los recursos de la salud, materializados en la UPC.

Sin embargo, para ser justos, estos problemas, si bien se han agravado con este Gobierno, tienen raíces antiguas. Si se revisa bien estos documentos, todo el entramado argumentativo se puede resumir en que no existe un sistema de información veraz que integre a todos los actores del sistema de salud, permitiendo el acceso y el intercambio de información relevante para el cálculo de los recursos necesarios para su funcionamiento. E

Este problema ha estado presente en exhortos anteriores realizados por la Corte Constitucional, en los que ha hecho un llamado a crear mecanismos o sistemas que permitan contrastar la información reportada por las EPS con otras fuentes y, de esta manera, efectuar el cálculo de la prima con mayor precisión en ambos regímenes para garantizar su suficiencia.

En ese sentido, la intervención de la Corte Constitucional es más que legítima y muestra una radiografía de un sistema desarticulado, en el que no existe claridad frente a los determinantes de salud, el gasto en salud y el presupuesto necesario para solventar las necesidades de los usuarios y el funcionamiento de las EPS. Esta crisis amerita una reforma, y no me refiero a una reforma estructural que llevará más tiempo. En estos momentos, son iluminadoras las palabras de la socióloga Tatiana Andia, quien desde hace tiempo ha señalado que el sistema requiere un sistema de información que integre a todos los actores del sistema de salud, permitiendo el acceso y el intercambio de información relevante para la financiación. La creación de este sistema no requería una ley de la República y podría implementarse vía administrativa, echando mano de sistemas de inteligencia artificial para revisar la cantidad exorbitante de datos, tal y como se pretende hacer en el nuevo sistema pensional.