La oportunidad perdida

María Camila Correa Flórez
Profesora principal de carrera y coordinadora del área de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
X: @MKamilaC

Hace más de 20 años, Virgelina Aguiar mató a un hombre en el momento en el que este ejercía violencia física, sexual y psicológica sobre ella, luego de meses de acosarla sexualmente y amenazarla. En primera instancia fue condenada por homicidio atenuado por la causal de ira o intenso dolor. El juez de segunda instancia (el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué) decidió que dicha atenuante no se configuraba y la condenó a la pena completa. Esta decisión nunca le fue comunicada a Virgelina. Dieciséis años después fue capturada en un retén y encarcelada. Su expediente se perdió, lo que impidió –incluso pensar– en un recurso extraordinario, y, finalmente –luego de arrastrarse por el sistema para que sus derechos procesales fueran respetados– fue liberada el año pasado gracias a una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional.

Mediante la Sentencia T-459 de 2024, la Corte Constitucional, le ordenó al juez de segunda instancia proferir un fallo de sustitución, en el que se tuviera en cuenta el contexto de violencia contra la mujer de la que fue víctima Virgelina y, a la luz de ello, analizar la posibilidad de configuración de una legítima defensa o de la atenuante de ira o intenso dolor. En otras palabras, lo que la Corte Constitucional le ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué fue proferir un fallo en el que se analizara el caso desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta que, en ocasiones, las mujeres que reaccionan matando, lo hacen porque son víctimas de violencia en su contra.

El pasado 12 de febrero, la Sala de decisión penal del mencionado tribunal profirió la sentencia de sustitución. El caso fue litigado por la ONG Temblores.

La autoridad judicial inició sus consideraciones aclarando que para la época en la que profirió la primera sentencia no existía desarrollo jurisprudencial que permitiera aplicar el enfoque de género en decisiones judiciales. Acto seguido realizó una narración de los hechos y, siguiendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la materia, concluyó que debía aplicar el enfoque de género para aproximarse a este caso. Luego de ello, decantándose, a mi juicio, por la vía sencilla, analizó la atenuante de ira e intenso dolor y decidió confirmar la decisión de primera instancia: es decir, que se trató de un homicidio atenuado por la causal de ira o intenso dolor. Sin embargo, consideró el tribunal que la acción penal se encontraba prescrita y declaró la cesación del procedimiento por ello.

Respecto a la posible configuración de la legítima defensa, el tribunal pareció reconocer que hubo una agresión actual en contra de la procesada, sin embargo, consideró que, como uso un hacha para defenderse del agresor, la acción defensiva se tornó innecesaria. Por tanto, a los ojos de la segunda instancia, Virgelina no actuó en legítima defensa, lo que, además, fundamentó en el hecho de que ella afirmó que actuó “sin saber lo que hacía y perdiendo el control de sí misma” y no defendiéndose.

Olvidó el tribunal que el análisis de la necesidad racional de la acción defensiva debe hacerse desde una perspectiva ex ante atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Hay casos en los que es necesario, debido al propio contexto, defenderse con un arma cortopunzante o de fuego, así el agresor este atacando con las manos o con el propio cuerpo. Y es en este punto donde el enfoque de género entra a jugar un papel sumamente relevante: en casos de mujeres maltratadas que se defienden, el análisis en contexto es clave para establecer, o no, la configuración de la necesidad racional de la acción defensiva.

En este punto creo que el tribunal perdió una gran oportunidad de realizar un análisis, aplicando el enfoque de género, de un caso de una mujer, víctima de violencia, que mató a su agresor. Perdió también la oportunidad de realizar un aporte jurisprudencial, ayudando así a que, en este tema, hubiese más herramientas para analizar este tipo de casos y que no vuelva a suceder lo que le pasó a esta corporación, años atrás.  

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