Derecho y nuevas democracias totalitarias

Joaquín Leonardo Casas Ortiz
Doctorando en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia

Nada hay de novedoso en la expresión “democracias totalitarias” –o iliberales– dirían algunos expertos de teoría política, comoquiera que, sin necesidad de ir más lejos, del tema se ha ocupado la filosofía política desde la Guerra Fría. Igualmente, decir que la democracia está en crisis es tan viejo como la democracia misma, así como también se sabe, más o menos, cómo debería ser una democracia ideal; por el contrario, bien documentado se encuentra que muy poco conocimiento se tiene sobre las condiciones necesarias para conseguir una democracia posible, una democracia real o radical.

Lo preocupante hoy no es el debate en sí sobre los disímiles mitos y sistemáticas promesas incumplidas de la democracia liberal, sino la progresiva evidencia de cómo regímenes formalmente democráticos adoptan prácticas autoritarias, ya sea mediante el control del discurso público, la manipulación de la verdad o el debilitamiento progresivo de las instituciones, con lo cual aquello de que las grandes esperanzas revolucionarias se transformaron en pesadillas totalitarias o en burocracias estatales cobra mucha vigencia. Este proceso no es ajeno a nuestro entorno. La idea de que las instituciones, las garantías y los derechos fundamentales están blindadas frente a estas tendencias resulta cada vez más insostenible.

En efecto, si se observa con detenimiento la realidad política y jurídica del país –para no recordar lo que sucede en el continente y en Europa misma–, es posible advertir cómo el formalismo democrático encubre prácticas que restringen libertades y concentran el poder en pocas manos. La retórica de la voluntad popular se convierte, en muchos casos, en el pretexto perfecto para desdibujar los límites del Estado de derecho y someter las garantías ciudadanas a la ideología del poder ejecutivo, legislativo o judicial de turno.

En este escenario, el Derecho no puede limitarse a una función técnica ni a una aplicación mecánica de normas, ni mucho menos, centrado en debates académicos domésticos. Su papel no es simplemente el de administrar el statu quo, sino el de resguardar con vehemencia los principios esenciales y fundantes de un orden constitucional genuinamente democrático. La independencia de la justicia –que, además de reconocida, debe ser ganada por jueces comprometidos con el respeto por el Estado constitucional y los derechos fundamentales– y la separación de poderes no pueden ser concebidos como meras formalidades, sino como límites inquebrantables frente a cualquier intento de instrumentalización del sistema legal.

Sin embargo, la fragilidad del Estado constitucional de derecho en tiempos de posverdad plantea un desafío mayor. Cuando la política prescinde de la verdad como fundamento del debate público, el Derecho se enfrenta al dilema de operar en un escenario donde los hechos son distorsionados y las normas se interpretan con arreglo a conveniencias coyunturales. En este contexto, la justicia se vuelve selectiva, las garantías se relativizan y la democracia se reduce a una estructura vacía, en cuya virtud las reglas del juego pueden cambiarse según las necesidades del poder. En un escenario así, es claro, como se tiene dicho, las democracias no solo mueren mediante golpes militares u otros acontecimientos así de dramáticos, también mueren lentamente. En consecuencia: ¿puede una democracia prescindir de la verdad y seguir llamándose democracia?, ¿cuáles son los riesgos del derecho a tener derechos en tiempos de posverdad?, ¿acaso es plenamente democrático un sistema político que registra nuestras aspiraciones, formula las promesas correspondientes y deja las cosas más o menos como estaban?

El desafío es claro: hay que volver a asociar la democracia a nuestra liberación de las cárceles de la ignorancia e impedir que se convierta en un simple ritual electoral sin contenido real, puramente simbólica y sentimental. Si el Derecho no asume su responsabilidad y desafíos ante los fracasos de la democracia y las alternativas totalitarias o iliberales que la desdibujan o buscan reemplazarla, la frontera entre legalidad y arbitrariedad se volverá cada vez más difusa, hasta que el Leviatán, lejos de ser solo una metáfora, termine por devorar los últimos vestigios de un orden democrático que alguna vez parecía inquebrantable, de lo contrario, la configuración de un derecho degenerado seguirá avanzando y con él, siempre hay una miríada de ciudadanos que pierde sus derechos, su libertad y oportunidades de una vida en condiciones dignas. 

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites.  

Paute en Ámbito Jurídico.

Siga nuestro canal en WhatsApp.