Inteligencia artificial y derecho penal

Laura Zorro
Miembro del Área de Derecho Penal Corporativo de Baker McKenzie

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el derecho penal con la promesa de agilizar investigaciones, optimizar procesos y mejorar la administración de justicia. Sin embargo, cuando su uso compromete la obtención y valoración de pruebas, el riesgo de vulnerar derechos fundamentales se vuelve innegable. En Colombia, herramientas como Fiscal Watson[1] y Prisma[2] intentaron ser utilizadas en el sistema penal colombiano, con grandes cuestionamientos legales que han llevado, en parte, a que no se utilicen como se esperaba, toda vez que jueces, fiscales y defensores no pueden entender cómo un algoritmo llegó a una conclusión, ¿cómo se garantiza el debido proceso?, ¿cómo se impugna una prueba cuyo razonamiento es inaccesible?

El problema no es solo tecnológico, sino estructural. La IA no es neutral ni infalible; aprende de datos históricos que reflejan desigualdades y, lejos de corregirlas, las perpetúa. En EE UU, el software Compas[3] predijo mayores tasas de reincidencia en personas negras, debido a sesgos en su entrenamiento. Si en Colombia no se establecen mecanismos de control rigurosos, la IA podría reforzar injusticias bajo la apariencia de objetividad matemática.

Incluso, si la IA operara con absoluta precisión, su aplicación en la prueba penal seguiría siendo problemática. La validez de una evidencia no depende solo de su contenido, sino del proceso mediante el cual fue obtenida, preservada y presentada en juicio. La cadena de custodia es un pilar fundamental para garantizar la integridad de una prueba, pero cuando los datos son procesados por IA, ¿cómo se certifica su autenticidad? Si un algoritmo selecciona un fragmento incriminatorio de una conversación, ¿cómo se asegura que no ha omitido información crucial para la defensa?

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-323 del 2024, estableció que las pruebas obtenidas mediante IA deben cumplir las mismas garantías que cualquier otro medio probatorio. Sin embargo, la tecnología avanza más rápido que la regulación. Si se aceptan pruebas digitales sin exigir transparencia ni supervisión, la justicia quedará en manos de sistemas opacos e inapelables. La trazabilidad de los algoritmos, la supervisión humana y la posibilidad de impugnación no son simples requisitos técnicos, sino principios esenciales de un sistema justo.

Modernizar el derecho penal no significa entregarlo a sistemas automatizados sin control ni cuestionamiento. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero jamás un juez en la sombra. Si las pruebas digitales se admiten sin garantías suficientes, la justicia perderá su esencia. La verdad no puede depender de un modelo predictivo. Mucho menos la libertad.  

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el documento soporte de esta noticia en el menú superior. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.