Fiscalía fortaleció mecanismos de denuncia y respuesta inmediata ante amenazas

Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante las amenazas dirigidas contra los defensores de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación optimizó sus capacidades investigativas y diseño una estrategia específica para la judicialización de estos delitos. La implementación de nuevas medidas busca agilizar las investigaciones, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar una atención más eficiente a las denuncias.

En este marco, la entidad desarrolló el grupo de trabajo nacional para la priorización, apoyo y respuesta inmediata en la investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos y otras poblaciones vulnerables. Este grupo, creado mediante la Resolución 0775 del 2021, articula su trabajo con los fiscales de las direcciones seccionales, estableciendo funciones específicas para cada instancia dentro de la Fiscalía. Gracias a esta estrategia, se han superado dificultades en la recepción de denuncias, la ejecución oportuna de diligencias urgentes y la realización de análisis investigativos con enfoque contextual. (Lea: Hoy inician inscripciones al concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación)

Para garantizar una respuesta efectiva, el grupo de trabajo opera en coordinación con despachos especializados adscritos a la Dirección Nacional Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Entre sus principales objetivos se encuentra el impulso de procesos investigativos, el análisis estratégico de los casos para la identificación de patrones y el fortalecimiento de la capacidad institucional en la investigación de amenazas. Asimismo, se han habilitado canales de denuncia disponibles las 24 horas, tales como la línea de atención 3506011181, el centro de contacto 122 y el correo electrónico recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co.

Paralelamente, la Fiscalía ha impulsado la creación del tipo penal específico de amenazas contra defensores de derechos humanos, tipificado en el artículo 188E del Código Penal, conforme a la Ley 1908 del 2018. Esta norma establece sanciones de 72 a 128 meses de prisión y multas de hasta 200 salarios mínimos legales vigentes para los responsables de estos delitos.

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