Derecho fundamental al cuidado: un hito de la Sentencia C-400 de 2024

Valeria Martínez Arcila
Estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana

Por decisión de la Corte Constitucional, los trabajadores remotos gozarán de flexibilidad horaria y permisos especiales cuando tengan a cargo personas menores de 14 años, mayores de 60 años o con discapacidad. A partir de este pronunciamiento, la Sala Plena ha reconocido de manera oficial el derecho al cuidado de carácter fundamental, universal, autónomo, social y justiciable, lo que implica la apertura de una nueva línea jurisprudencial indispensable para la comprensión de este nuevo derecho y su importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

La Sentencia C-400 de 2024 es un hito considerable que reconoce de forma expresa el derecho al cuidado, brindando una protección de rango Constitucional con cuatro elementos esenciales: es fundamental en tanto no se circunscribe a un grupo poblacional de especial protección; se reconoce su autonomía respecto de otros derechos fundamentales con los que anteriormente se identificaba de forma correlativa y dependiente; es de carácter social, en tanto el Estado tiene la obligación de proporcionar las garantías y medios necesarios para velar por el efectivo cumplimiento del derecho; es justiciable en la medida en la que todos los ciudadanos pueden interponer una acción de tutela para el reconocimiento y la protección del mismo. 

En el desarrollo de la demanda presentada a través de la Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, logramos identificar dos reproches al artículo 24 de la Ley 2121 de 2021: primero, se incurre en una omisión legislativa relativa debido a la falta de incorporación de los familiares civiles en primer grado unidos por vínculo de adopción, y segundo, viola el principio de igualdad y la cláusula de no discriminación por origen familiar en tanto designa un trato diferente e injustificado con base en el vínculo de consanguinidad, perjudicando a los parientes civiles.

Como consecuencia, la Corte Constitucional precisó que, con base en las facultades asignadas por el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, la garantía presentada en el artículo 24 de la Ley 2121 de 2021 no era exclusiva a los trabajadores remotos que tienen a su cuidado parientes en primer grado civil, sino también en relación con los demás trabajadores remotos que tuvieran responsabilidades de cuidado con personas menores de 14 años, adultos mayores, o con discapacidad, con independencia de su vínculo familiar. Así mismo, la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera afirmó que “las garantías para realizar tareas de cuidado y hacer compatible el trabajo con la vida personal, familiar y laboral se extiende a todas las personas trabajadoras con responsabilidades familiares de cuidado”.

Por su parte, considero oportuno mencionar que los alcances de la Sentencia C-400 de 2024 fueron monumentales, debido al reconocimiento expreso del derecho fundamental al cuidado, que, en sentencias previas, como las C-395 de 2021, C-415 de 2022, C-187 de 2023 y T-583 de 2023, se limitaron a realizar alusiones vagas e inconclusas que no ofrecían una respuesta concreta frente a este derecho. Actualmente, la Sala Plena, en la Sentencia C-400 de 2024, ha determinado que el cuidado debe tener como propósito no solo la subsistencia de la persona a quien se cuida, sino su realización y la consecución de su propio proyecto de vida. Además, el cuidado debe valorarse socialmente, lo que fortalece los lazos esenciales del afecto, la dignidad y la interdependencia humana, y ser asumido a través de la corresponsabilidad entre familia, Estado y particulares, con enfoques diferenciales y de género, entendiendo que ha sido realizado mayoritariamente por mujeres.

En esta misma vía, es fundamental destacar el estándar de protección del derecho al cuidado establecido por la Corte Constitucional dentro de la presente sentencia: el Estado debe promover sistemas de cuidado que garanticen su disfrute y ejercicio al evaluar su desarrollo progresivo frente a tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y cuidarse; así mismo, los empleadores deben promover políticas de conciliación de la vida personal con las responsabilidades familiares y el bienestar cotidiano. Y, por otra parte, los cuidadores deben capacitarse en el ámbito físico y psicosocial, y contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus labores de cuidado de tipo médico, sanitario, de infraestructura, transporte, movilidad y demás.

Para concluir, me gustaría expresar mis mayores agradecimientos a mis maestros Enán Enrique Arrieta Burgos y Andrés Felipe Duque Pedroza, quienes han sido mis mentores durante este recorrido a través de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. La Sentencia C-400 de 2024 es el inicio de una nueva era en el Derecho Constitucional colombiano a través del reconocimiento jurisprudencial del derecho al cuidado, que, a su vez, dará la oportunidad a miles de trabajadores remotos a nivel nacional que tienen personas a su cargo la posibilidad de tener flexibilidad horaria y permisos especiales que garanticen el cuidado y la atención de sus necesidades particulares.

Por último, me gustaría destacar que este acontecimiento no se limita al logro de una estudiante de Derecho, ni se circunscribe a una institución educativa, sino que trasciende fronteras y permea la realidad y el día a día de todas las personas que ejercen uno de los roles más invisibilizados en nuestros días: el cuidado y protección de otro ser humano.

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