La caída de la reforma política ¿para dónde va la democracia?

David Núñez Amórtegui
Director de Proyectos de Extituto de Política Abierta
Politólogo y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia

Solo se pudieron adelantar tres de los ocho debates en el Congreso de la República que debía atravesar el proyecto de acto legislativo presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para reformar aspectos fundamentales de la participación política y electoral en Colombia. Estos debates, aunque evidencian la poca voluntad de los congresistas de transformar sus prácticas, dan muestra de las posturas del legislador y del Gobierno frente a algunos de los aspectos fundamentales del sistema político: democracia interna de los partidos políticos, paridad de género en las listas de candidaturas a Congreso, concejos y asambleas departamentales, y la reforma a la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La reforma constitucional propuesta por el Gobierno Nacional giró alrededor de tres elementos estructurales que se complementan entre sí, lo que fue denominado “un trípode de la democracia”: (i) la democracia interna e incluyente en los partidos políticos, (ii) la financiación pública de las campañas y (iii) la “despolitización” del CNE.

El primer punto es fundamental en relación al trabajo que realizamos desde el Extituto de Política Abierta: construir una democracia más abierta e incluyente, donde los procesos de liderazgo cuenten con capacidades y oportunidades de participar, ocupar y habitar la política, y en la que las decisiones políticas se construyen de manera cercana, dinámica y colaborativa con la ciudadanía.

La democracia interna en los partidos políticos

La reforma se presentó ante el Congreso como una posibilidad de mirar de frente a la gente y decirle “hay una oportunidad de confiar y participar en la política”. La propuesta del acto legislativo estuvo enfocada en construir confianza entre los partidos políticos y la ciudadanía.

La propuesta puso en el centro la militancia de las organizaciones políticas, en lugar de enfocarse únicamente en las y los votantes o el representante legal del partido, como sucede actualmente. Esta iniciativa se componía de tres elementos clave:

1. Listas cerradas y bloqueadas: la eliminación del voto preferente llevaría a una mayor cohesión del partido y a una actuación coherente de las bancadas en las corporaciones públicas. Facilitaría al elector la toma de decisiones al momento de votar, al tener la posibilidad de escoger entre principios ideológicos y propuestas programáticas de un número limitado de partidos políticos, y no entre una infinidad de candidaturas individuales que destacan por sus habilidades de marketing político o por su capacidad financiera y clientelar.

2. Paridad, alternancia y universalidad: la democracia interna en los partidos debe ser incluyente, no solo beneficiar a una mayoría electoral, y en este caso se propone remediar una deuda histórica que el sistema político colombiano tiene con las mujeres. Hoy las listas de candidaturas para corporaciones públicas deben estar compuestas por, al menos, un 30 % de mujeres, quienes en muchas ocasiones son utilizadas como “relleno” en las listas, no como una apuesta seria por el fortalecimiento de la representatividad política de las mujeres, sino un simple requisito administrativo para poder inscribir una lista.

La reforma llevaría a que las mujeres representen como mínimo el 50 % en el Congreso, los consejos y asambleas, pues al ser listas cerradas y en alternancia de géneros, en su orden, lo que se ha denominado “cremallera”, garantiza que el número de mujeres electas sea igual o superior al de hombres, pues, de acuerdo con la jurisprudencia, el Congreso ha propuesto que puedan existir listas integradas por más del 50 % de mujeres. 

3. Consultas internas e interpartidistas de afiliados: la democracia interna entre afiliados y afiliadas a los partidos políticos sería obligatoria para conformar las listas de candidaturas a corporaciones públicas a través de elecciones primarias. Dejaríamos atrás la famosa democracia de “bolígrafo” que actualmente da poder casi absoluto al representante legal del partido, para dar paso a una fase en la que la base del partido tendrá la mayor relevancia.

Aunque, como criterio adicional el Gobierno habría incluido en la propuesta que solamente las personas afiliadas a los partidos podrían participar de estos procesos democráticos internos, reemplazando las consultas populares, que permiten a cualquier ciudadano influir en las decisiones propias del partido, la postura del Congreso fue mantener la posibilidad de realizar consultas populares.

Este punto estaba ligado al registro obligatorio de militantes que cada partido deberá reportar al CNE, lo cual llevaría a los partidos que hoy en día funcionan como “cascarones vacíos”, a realizar un trabajo con mayor conciencia para atraer a la ciudadanía, convencer militantes y estructurar procesos estables de liderazgo y movilización política.

Estos tres elementos son ingredientes clave para reconstruir la deteriorada confianza de la ciudadanía respecto a los partidos y las instituciones de representación política. A través de ellos, la ciudadanía podría encontrar claridad, garantías e incentivos para participar políticamente.

En este punto, saber que los integrantes de un partido actúan de manera unificada y son capaces de resolver sus diferencias al interior del partido permitiría a las personas votar con convicción y claridad frente a las ideas políticas que les representan, cumpliendo con la promesa constitucional del voto programático.

Además. contar con reglas claras a la hora de vincularse a un partido y saber que la construcción de un proceso de liderazgo podría conducir a una candidatura, compitiendo en igualdad de condiciones con sus copartidarios, llevaría a que la ciudadanía interesada en la política se vincule con convicción y participe activamente en la toma de decisiones políticas, fortaleciendo las garantías al ejercicio del derecho constitucional a la participación política.

La financiación pública de campañas

Inicialmente, el Gobierno propuso eliminar la financiación privada en campañas, que en su mayoría proviene de recursos propios o del círculo cercano a la candidatura, préstamos de familiares o amigos. Este sistema lleva al endeudamiento de las candidaturas y no precisamente a través del sistema financiero, sino a un entramado de favores políticos donde el capital social, el amiguismo y las redes de favorecimientos clientelares son las que definen en mayor medida el éxito de una candidatura.

Restringir el desarrollo de las campañas al uso exclusivo de recursos públicos pone en igualdad de condiciones a las candidaturas y partidos. Una persona o un grupo de personas que construyan un proceso de liderazgo político nuevo contará con los mismos recursos financieros para hacer campaña que una persona que lleva décadas en la política.

Sin embargo, en el último debate el Congreso modificó esta propuesta para que la financiación estatal sea “preponderante” y no exclusiva, sujeta a límites que se definirán en una legislación posterior.

La “despolitización” del CNE

En la actualidad, el CNE es un órgano colegiado compuesto por delegados de los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República. Esto ha generado cuestionamientos sobre sus actuaciones, pues los mismos que compiten en las elecciones son quienes vigilan, deciden y resuelven conflictos electorales. Prácticamente, son juez y parte en estos procesos.

La reforma planteaba que la selección de estos magistrados debe realizarse por concurso público de méritos y que no sea el Congreso quien realice su elección, sino las altas cortes de la Rama Judicial. Esto eliminaría la estricta filiación partidista que actualmente caracteriza al CNE, dándole mayor independencia y separándolo del Legislativo en su elección, evitando muchos de los conflictos de interés frente a las candidaturas sobre las cuales debe tomar decisiones. Sin embargo, durante los debates, se acordó que los magistrados sean postulados a través de ternas conformadas por las cortes, sin necesidad de concurso, y seguirá siendo el Congreso en pleno quién los elija.

El sistema de partidos y movimientos

En general, las medidas planteadas inicialmente en la reforma conducen a partidos más fuertes y centrados en la militancia. En la actualidad, Colombia cuenta con un sistema de toma de decisiones y estructuras electorales personalistas, donde han proliferado partidos con personerías jurídicas que son casi imposibles de diferenciar entre sí, más allá de sus líderes. En su lugar, la iniciativa diseñaba un sistema de pocos partidos, cohesionados ideológicamente y con democracia interna fuerte que les permita deliberar y tomar decisiones colectivas que les unifique alrededor de grandes postulados políticos, a pesar de los posibles disensos internos.

Sin embargo, en los debates se propusieron modificaciones que, a pesar del avance aprobado respecto a la obligatoriedad de la conformación de listas cerradas y paritarias a través de elecciones primarias, debilitan la identidad y cohesión al interior de los partidos: el transfuguismo se permite hasta un mes antes de la inscripción de candidatura, sin necesidad de renunciar a la curul, dándole un carácter personalista a la representación política y debilitando la estructura partidista.

Así mismo, se eliminaron varios puntos que ponían en el centro la militancia en los partidos, como la supresión de las consultas populares y de la relación directa entre personería jurídica y derechos de los partidos con relación al número de afiliados, lo que lleva nuevamente a la posibilidad de partidos que funcionan como “cascarones vacíos”, sólo se activen para dar avales y buscar votos, en lugar de construir procesos de largo plazo con la sociedad.

Seguiremos por ahora con el sistema de partidos y de elecciones que conocemos: un tarjetón gigante lleno de números a los que la mayoría de votantes no les haya sentido, donde el dinero y el marketing priman por encima de las ideas políticas, democracia de “bolígrafo” donde las directivas del partido definen la conformación de las listas, mujeres subrepresentadas y ciudadanía desinteresada y desconfiada.

Esperamos que el debate continúe en la sociedad y en los partidos, y desde Extituto seguiremos trabajando en fortalecer procesos de liderazgo colectivo, que se animen a transformar instituciones para fortalecer la democracia, tender puentes y construir confianza con la ciudadanía. Con la expectativa de que se presente nuevamente una iniciativa de reforma política y lograr así acompañar las propuestas que construyan soluciones para que el sistema político avance hacia una estructura en la que muchas más voces puedan ocupar y habitar la política.

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