La deshumanización de las políticas migratorias bajo la administración de Trump

María Teresa Palacios Sanabria

Experta en migraciones y profesora titular de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

En los últimos días, se han generado numerosos escándalos mediáticos en torno al cumplimiento de las promesas del presidente Donald Trump en relación con el endurecimiento de las políticas migratorias de EE UU. Era previsible que, en los primeros días de su mandato, el presidente implementara medidas drásticas que reflejaran su visión criminalizadora de la migración irregular. Para muchos, estas políticas son vistas como necesarias, ya que se centran en percibir la migración como un fenómeno incómodo que afecta la seguridad y la estética de las ciudades y comunidades. Sin embargo, esta perspectiva, que reduce la migración a un problema relacionado con la pobreza y la vulnerabilidad de los países de América Latina, no guarda correspondencia con la imagen de una gran potencia mundial, que históricamente ha sido conocida por su derroche de poder económico, lujo y opulencia.

No obstante, detrás de la migración de carácter económico y de la búsqueda de protección internacional a través del refugio, se encuentran personas que, en su mayoría, solo aspiran a defender sus vidas, mejorar sus condiciones y las de sus familias, o escapar de las fallidas democracias o autocracias en las que viven, con la esperanza de alcanzar el denominado “sueño americano”. No podemos pasar por alto que este país, clave en el hemisferio, ha sostenido su grandeza como nación y su desarrollo económico gracias, en buena medida, a la mano de obra de los inmigrantes a lo largo de la historia. En este contexto, el destacado profesor francés Jacques Chevallier, en uno de sus escritos, se cuestionaba sobre la verdadera y más auténtica identidad estadounidense, sin poder hallarla, ya que reflexionaba sobre la amalgama de razas, culturas e influencias que han sido forjadas por las historias migratorias, no solo de los primeros colonos de este territorio, sino también por las sucesivas olas de personas que han llegado a constituir la nación. Han sido ingleses, irlandeses, indios, chinos, mexicanos, europeos continentales y numerosos latinoamericanos quienes, con su esfuerzo, han sido el motor impulsor de la economía estadounidense.

En este sentido, no resulta innecesario cuestionarnos la razón por la cual la migración se percibe como una amenaza para la estabilidad de los Estados. La respuesta a esta interrogante no es única, lo que nos lleva a encontrar testimonios de personas que responsabilizan a los inmigrantes de los problemas que aquejan a la sociedad. Es importante señalar que, en todas las sociedades, existen desafíos en materia de seguridad, y ante ello, es imperativo que la ley se aplique de manera estricta en defensa del bien común. Este deber del Estado de proteger a sus nacionales y ciudadanos debe cumplirse con rigurosidad; no obstante, en las democracias contemporáneas, siempre debe prevalecer el respeto al debido proceso, la protección de las garantías judiciales y la dignidad de las personas. Lo más relevante es que las medidas sancionadoras no deben, ni deberían, verse influenciadas por prejuicios de xenofobia o discriminación, ya que la ley debe ser imparcial y aplicarse por igual a extranjeros y nacionales. Cuando este principio se ve distorsionado en una democracia, se corre el riesgo de fomentar la reaparición de discursos de odio contra los extranjeros, lo cual resulta sumamente preocupante y peligroso, pues nos retrotrae a las dinámicas propias de Estados premodernos.

Las políticas migratorias constituyen uno de los más claros reflejos de la soberanía de un Estado, como lo hemos observado en los vuelos en los que se transporta a personas que son deportadas a sus países de origen por no contar con un estatus regular en el país del norte. No podemos, como sociedad, complacernos con este espectáculo. Para quienes defendemos los derechos humanos y abogamos por la reivindicación del derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, existe una esperanza en los jueces, pues serán ellos quienes ejerzan una función de contención frente a la arbitrariedad y los excesos del presidencialismo. Son ellos quienes deben velar por el cumplimiento de la ley, proteger los derechos de las personas, equilibrar la discrecionalidad de las políticas migratorias y, sobre todo, reflejar la faceta humana de la migración.

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