¿Qué es la acción de revisión transicional?

Mónica Cristina Puentes Celis

Magíster en Derecho Procesal Penal

Consultora y abogada asociada de JVV Asesores Jurídicos

Ante la posibilidad de errores en el ámbito judicial, los sistemas procesales que regulan el trámite penal en Colombia han incorporado un mecanismo extraordinario destinado a garantizar justicia en las sentencias: la acción de revisión (AR). Este recurso excepcional permite, siempre que se cumplan los requisitos y causales de procedencia establecidos, revocar los efectos de la cosa juzgada, un principio fundamental para la estabilidad jurídica.

Según la Corte Constitucional (Sent. C-252/01), la AR es un medio extraordinario de impugnación creado por el legislador para anular sentencias condenatorias que, habiendo adquirido firmeza, resulten injustas. Su propósito es permitir un nuevo debate probatorio que corrija errores de hecho capaces de distorsionar la verdad histórica de los acontecimientos delictivos que fueron objeto del proceso.

En el ámbito transicional, aunque la AR comparte similitudes con la prevista en la Jurisdicción Ordinaria, posee un alcance mucho más amplio. De acuerdo con lo establecido en el artículo transitorio 10 del Acto Legislativo 01 de 2017 y la jurisprudencia de la Sección de Revisión (SR) y la Sección de Apelación (SA), su finalidad no se limita a cuestionar el sentido de justicia de una decisión en firme, sino que está concebida como una herramienta clave para cumplir los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Además de ser un medio de defensa judicial, es un tratamiento especial que contribuye a esclarecer la verdad y a garantizar los derechos de las víctimas.

La AR transicional es aplicable bajo circunstancias específicas. Entre las causales reconocidas se encuentran: la variación en la calificación jurídica, la aparición de hechos nuevos desconocidos al momento de proferir la condena y el descubrimiento de pruebas sobrevinientes no presentadas durante el juicio.

Como autoridad competente, la SR tiene la facultad de anular una sentencia o providencia cuando se demuestre la procedencia de alguna de estas causales, emitiendo en su lugar una decisión acorde con el marco legal vigente. En casos de variación de la calificación jurídica, se aplica la nueva calificación a la conducta revisada y se definen las actuaciones necesarias. Por otro lado, cuando se fundamenta en hechos nuevos o pruebas sobrevinientes, la Sección puede: (i) dejar sin efecto la decisión revisada, (ii) emitir un nuevo fallo que defina el juicio de responsabilidad y (iii) en caso de absolución total, ordenar la libertad inmediata del procesado y el levantamiento de las penas principales y accesorias. Si no se acredita la causal que se invocó, la decisión inicial será confirmada, preservando así el principio de seguridad jurídica.

En consonancia con lo expuesto, la SA, mediante el Auto TP-SA 905 de 2021, ha consolidado una jurisprudencia clara respecto de los objetivos de esta herramienta. Estos se centran en garantizar el ejercicio pleno del derecho a la verdad, tanto a nivel individual como colectivo, revelando los hechos tal y como ocurrieron y sacando a la luz verdades ocultas por las decisiones revisadas. Además, contribuye a la justicia material al combatir la impunidad, especialmente en crímenes internacionales, al corregir errores o insuficiencias en la asignación de responsabilidades. También, esclarece las causas y motivaciones de las conductas delictivas, identificando a quienes las ejecutaron, promovieron o facilitaron, ya sea por acción u omisión.

Entre el año 2018 hasta la fecha, la SR ha emitido cuatro sentencias en el marco de esta competencia (SRT-AR-009-2022, SRT-AR-001-2023, SRT-AR-001-2024 y SRT-AR-002-2024). Estas decisiones han introducido avances significativos, como la aceptación de la AR en casos donde la persona ha fallecido, siempre que la solicitud se hubiera presentado en vida y se haya cumplido con el régimen de condicionalidad; postura que además fue ratificada por la SA mediante la Sentencia TP-SA 367 de 2023.

Ahora bien, aunque la AR transicional se ha consolidado como un mecanismo jurídico fundamental, resulta lamentable que su impacto no haya alcanzado el potencial esperado. Un uso más amplio de esta herramienta (siempre que se cumplan los requisitos establecidos) podría no solo facilitar el cierre jurídico de los casos individuales, sino también fortalecer la confianza en el SIVJRNR. Para alcanzar este objetivo, sería esencial implementar estrategias de capacitación dirigidas a los abogados que operan dentro del sistema, así como desarrollar una pedagogía más efectiva que permita a los comparecientes y sus defensores comprender plenamente el alcance, los beneficios y las condiciones de esta figura jurídica. De esta manera, se fomentaría su aplicación adecuada y su impacto positivo en el marco de la justicia transicional.

En definitiva, la AR transicional es una herramienta transformadora, que busca equilibrar los principios de verdad, justicia y reparación en el marco de la justicia transicional. Aprovechar su potencial plenamente, es esencial para consolidar una paz estable, duradera y construir una sociedad más justa y comprometida con los propósitos del Acuerdo Final.

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