Propuestas de reforma, cultura tributaria y códigos de ética

Eleonora Lozano Rodríguez
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

No son claras aún cuáles serán las novedades normativas que traerá la reforma tributaria que se incluirá en uno de los capítulos de la ley de financiamiento. Se han mencionado modificaciones en el impuesto al patrimonio y en aquellos relacionados con las rentas no laborales; aumento en la tarifa del impuesto complementario de ganancias ocasionales (del 15 % al 20 %); inclusión de alivios tributarios para reactivar la economía (p. e. disminución gradual de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta a las empresas del 35 % al 30 %; beneficios tributarios para el sector turismo, con especial énfasis en San Andrés, y beneficios para los sectores que generen energía a través de las fuentes renovables no convencionales). No conocemos aún articulado, pero por informes de prensa y algunas declaraciones ministeriales, esto es lo que se sabe.

Dado el momento de desaceleración económica, no parece conveniente una reforma adicional que incremente la carga impositiva. Por el contrario, la política fiscal debe ser contracíclica, disminuyendo tributos. Además, una reforma más genera demasiada inseguridad jurídica (cada 1,7 años tenemos una), aunado a la premura legislativa y recaudatoria que implica cometer múltiples errores normativos (sustanciales y de discusión parlamentaria) que hacen que surjan inexequibilidades, con sus funestas consecuencias sobre la confianza inversionista y del desarrollo de los negocios.

El mejor camino es que nuestro sistema tributario “imperfecto” evite la evasión, la elusión fiscal y el abuso de las formas jurídicas, con el fin de garantizar un mayor cumplimiento tributario. Así, debemos trabajar en el fortalecimiento de la cultura tributaria y del cumplimiento tributario. Para esto, mis propuestas han girado en torno a tres ejes: (i) educación tributaria, desde la formación básica, pasando por la superior; (ii) evitar amnistías tributarias y normalizaciones, que premian a los incumplidos, y (iii) elaboración e implementación de códigos de ética para contribuyentes, asesores y administraciones tributarias.

Precisamente sobre la relación de la ética con el ejercicio del derecho tributario, desde el punto de vista de la administración, diserté hace poco en un evento organizado por la Comité Jurídico Nacional de la Dian. Más concretamente conversamos sobre los dos instrumentos con que cuenta la administración tributaria nacional para trabajar estas temáticas. Por una parte, un código de ética elaborado en el 2021, que contempla un decálogo de principios éticos del servidor de la Dian (autocuidado, cuidado del otro, cuidado de la función pública, responsabilidad por la elección, prevalencia del ser sobre el tener y el representar, respecto por la existencia del otro, integridad, responsabilidad de la transformación, cuidado de la dignidad humana, deber de cultivar las virtudes éticas), así como define unos valores institucionales (honestidad, respecto, compromiso, diligencia, justicia e innovación).  Propone, además, un plan de trabajo para la apropiación de la codificación. En esto trabajan tanto a nivel nacional como territorial.

Por otro lado, la Dian cuenta con un código de buen gobierno, cuya última versión es del año pasado. Este ahonda en la necesaria gestión eficiente y transparente de la entidad, creando las condiciones organizacionales, gerenciales, pedagógicas y comunicativas que facilitan la comprensión y apropiación de los valores institucionales en las decisiones y acciones de sus servidores públicos.

La literatura sobre estos asuntos[1] establece que los códigos de ética en las entidades públicas deben construirse a partir de experiencias colectivas que aseguren su puesta en práctica. Para tal fin, son esenciales las estrategias de discusión y de divulgación, a partir de casos y tensiones de la vida real. Sus elementos básicos deberían ser: (i) una declaración de creencias; (ii) definiciones, fundamentos e ilustraciones; (iii) reglas específicas que prohíben ciertas acciones y requieran otras; (iv) directrices para la toma de decisiones cuando se enfrentan dilemas éticos, y (v) recursos y líneas de emergencia. Así mismo, es indispensable crear programas de sostenibilidad y medición de su impacto futuro.

Los funcionarios reconocen que existen tensiones éticas en su actuar (72,8 % de los encuestados). La gran mayoría tienen que ver con propuestas corruptas a los que se enfrentan; jerarquías con malfuncionamientos (rotaciones constantes con intereses más allá del servicio público); conflictos de interés; interpretaciones antiéticas de la normativa; presiones internas por metas de recaudo; presiones externas por consideraciones políticas; entre otras.

No debemos, por lo tanto, crear nuevos tributos. Todo lo contrario. Hay que aligerar la carga tributaria (menos es más, y armonizar la tributación nacional con la territorial) y ser más eficientes y transparentes en el recaudo.  Según información gubernamental, entre el 2024 y el 2025, ingresarán 4.700 nuevos funcionarios a la Dian. Necesitamos que la administración nos ayude a trabajar en cultura tributaria, empezando por limpiar y organizar la casa, reconociendo las problemáticas éticas y actuando proactivamente en su solución.

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