La fragilidad del sistema democrático en el presidencialismo colombiano: entre el control político y el clientelismo

Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto

El sistema constitucional colombiano, erigido en la Constitución de 1991, se fundamenta en el equilibrio teórico entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este equilibrio se materializa en un entramado sistema de controles y contrapesos destinados a evitar la concentración del poder.

Aunque la Constitución prevé los instrumentos de control político en manos del Congreso, entre ellos la moción de censura y la posibilidad de juicios a altos servidores, ellos no funcionan. En la realidad, la efectividad de estos mecanismos se ve mermada por una cultura política permeada por prácticas clientelistas y alianzas oportunistas que debilitan la función fiscalizadora del Congreso y otros órganos de control.

Clientelismo y desvío del control político. El clientelismo, entendido como el intercambio de favores y prebendas a cambio de apoyos políticos, ha sido una constante en la historia reciente de Colombia. Esta práctica desarrollada en los pasillos del Congreso o a manteles en las diferentes salas de junta de los ministerios o de Palacio, facilita la consolidación de mayorías legislativas que, en lugar de ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo, adhieren a las políticas gubernamentales so pena de perder los privilegios y beneficios personales.

El sistema de frenos y contrapesos se ve, de este modo, comprometido cuando el Congreso se convierte en un instrumento de legitimación para un Ejecutivo que persigue intereses particulares o decisiones de corto plazo que buscan el favor electoral, dejando de lado el bien común. Así, un sistema diseñado para evitar la concentración del poder, irónicamente, no resulta inmune a los mismos riesgos que se pretendía contener.

Esta dinámica se normaliza en un sistema donde los partidos políticos son débiles y la reelección de los congresistas depende más de redes locales que de programas ideológicos. El presidente, al controlar los hilos del poder central, puede ofrecer prebendas a cambio de lealtad, convirtiendo al Congreso en un actor complaciente en lugar de un contrapeso. Cuando el Ejecutivo opera sin controles efectivos, las decisiones suelen priorizar intereses de corto plazo sobre el bien común

La invulnerabilidad de un presidente amparado por una red clientelar se traduce en una debilidad institucional que va más allá de la mera formalidad constitucional. En este contexto, los controles jurídicos y políticos resultan insuficientes para prevenir que se tomen decisiones que, si bien podrían ser viables en términos de cálculo político, comprometen la estabilidad y el futuro del país.

Cómo recuperar el rumbo. La fragilidad del sistema colombiano reside más que en la Constitución, en la cultura política que permite la cooptación del Legislativo y de otras ramas del Poder Público cuyo presupuesto dependa de la discrecionalidad del Ejecutivo, en función de los intereses personales del mandatario de turno. Es claro que el diseño institucional admitiría ajustes relevantes para mejorar el funcionamiento de los sistemas de control, pero sin una apuesta clara por la integridad y por transformar el sentido del servicio público, en especial en los cargos de elección popular, así como los de libre nombramiento y remoción para que cada centavo sea sagrado y para que la política no sea un medio de enriquecimiento personal o grupal, ninguna reforma política logrará los resultados deseados.

Ante el riesgo populista y de la polarización cada vez más exacerbada de las fuentes de información, resulta vital un acuerdo sobre este aspecto fundamental. La elección popular no es una patente de corso para sumir a los electores al vaivén de los caprichos personales o de agendas privadas, sino un mandato para que el poder esté al servicio de los ciudadanos en el marco del Estado de derecho y no del oportunismo.