La CNDJ conoció el caso de una jurista que en un proceso de liquidación de sociedad conyugal solo contestó la demanda.

Corte Suprema precisa rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones cuando se trate del delito de secuestro cometido contra niños y adolescentes.

Las consignaciones por identificar son el resultado de un proceso de control interno denominado ‘conciliaciones bancarias’.

La Comisión de Disciplina Judicial recordó el deber de atender con celosa diligencia los asuntos profesionales.

Ante la omisión de la abogada se terminó el proceso por desistimiento tácito.

Generó en su cliente una suerte de expectativas sin informarle con veracidad sobre las posibilidades de la gestión.

Confirman sanción a abogado que cobró dinero de una incapacidad de un accidente de tránsito y nunca lo entregó a su cliente.

Le correspondió a la Corte resolver una acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de nulidad electoral.

Entre otras, regula la administración de los recursos del régimen contributivo.

Deberán implementar las medidas necesarias para ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan.

Agencia Nacional del Espectro modifica la Resolución 105 del 2020.

La CNDJ resaltó que la ausencia de antecedentes se encuentra prevista pero como condicional.

La función de certificar debe realizarse de acuerdo con los procedimientos previstos para el encargo de revisoría fiscal.

La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó sanción a una abogada que faltó al deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

Corte Suprema explica si cancelar las anotaciones sobre un inmueble afecta el proceso de inscripción de títulos en el registro inmobiliario.

Al haberse omitido la licitación había lugar a declarar la nulidad del contrato: Consejo de Estado.

Solo podrá otorgarse el rembolso mediante bonos de servicios si el usuario acepta esta alternativa de manera voluntaria.

Esa competencia le corresponde a la comisión seccional a la cual pertenecen los magistrados.

Las exenciones en el impuesto sobre la renta no son trasladables al impuesto complementario de ganancias ocasionales.

El liquidador, como administrador de los haberes del deudor, dará a conocer la existencia del proceso mediante aviso.

La Comisión enfatizó que el abogado una vez asume la gestión debe analizar el caso y previo a radicar la demanda debe tanto elaborar el escrito como verificar los documentos exigidos.

Se prohíbe el acuerdo, exigencia u obtención de emolumentos que superen el beneficio que recibirá el poderdante, para evitar un aprovechamiento antiético en el ejercicio de la abogacía.

Para la época de celebración del contrato materia del presente proceso no se encontraba vigente la Ley 80 de 1993, pero el incumplimiento contractual se produjo a partir del 11 de noviembre de 1995.

La CNDJ comprobó que en el proceso disciplinario no se acreditó que el reconocimiento de las costas del proceso estaba pactado en favor del profesional del derecho.

Lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pero de ninguna manera una vinculación legal y reglamentaria.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la solicitud de nulidad irregular no solo buscaba favorecer un descuento punitivo anticipado.

La vigencia será de dos años, desde su expedición, por lo que su beneficiario podrá utilizarlo durante dicho lapso.

De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.

El valor ajeno se debe totalizar por separado y, si no se efectúa el pago, el prestador no puede suspender o cortar el servicio.

De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.

Corte Suprema explicó la convocatoria a sesiones de audiencia pública y oral para las medidas de reparación a las víctimas.

No procede cuando presenta inconsistencias que impiden verificar el cumplimiento del principio de plena competencia.

Exigibilidad de la solicitud de rectificación previa, como presupuesto de la acción de tutela, cuando a quien se acusa del presunto agravio es una autoridad estatal.

So pena de incurrir en la infracción contemplada en el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

A pesar de advertir que la sentencia de instancia era desfavorable a su cliente, no interpuso el recurso de apelación dentro del periodo legal y con ello vulneró el deber de diligencia con sus encargos profesionales.

El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.

En todo caso, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna sin orden suscrita del trabajador para cada caso.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.

Cada interesado deberá determinar si la factura corresponde a una operación a crédito, con plazo para el pago o de contado.

La conducta es contraria a derecho y afecta el deber de colaboración leal y legal en la recta y cumplida administración de justicia.

La impresión de una conversación de Whatsapp debe valorarse como prueba documental y no indiciaria.

La designación que se hizo por el juzgado generó de entrada una forzosa aceptación que al haber sido notificada al disciplinable reafirmó el compromiso y la debida diligencia profesional para apoyar a la administración de justicia.

A diferencia de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, que restringe la participación de los accionistas que sean administradores.

Si se pretende la exclusión de responsabilidad en la actuación disciplinaria debe comprobarse la configuración de la insuperable coacción ajena: CNDJ.

Los cambios se dieron con el objetivo de adelantar un control de las acumulaciones de riesgo por el tomador del seguro.

Las entidades vigiladas que realizan intermediación financiera están expuestas al riesgo de tasa de interés del libro bancario: Superfinanciera.

Las entidades deben asignar recursos para afrontar la eventual materialización de estos riesgos.

Según la entidad, los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo.

Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.

Exigir paz y salvo antes de aceptar la gestión profesional es un deber profesional impuesto por el legislador: CNDJ.

Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.

De acuerdo con el accionante, la presunción de inocencia deja de tener validez jurídica cuando de ascensos y premios para el personal de oficiales y suboficiales se trata.

Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.

Se demostró que el abogado desconoció su deber a la debida diligencia establecido en la Ley 1123 del 2007.

Confirman suspensión y multa a abogado que dejó de asistir a unas audiencias.

El profesional no entregó el dinero obtenido por el pago de una sentencia a favor del quejoso.

Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.

Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.

La CNDJ confirmó la sanción a un abogado que descuidó y dejó de hacer las actuaciones propias de la gestión profesional.

La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.

Analizó la constitucionalidad de la Ley 2106 del 2021, aprobatoria de tratado internacional.

La presunción de buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.

No se presentaron situaciones que justificaran el retardo en el asunto, quedando demostrada la responsabilidad por no asumir con diligencia el asunto.

Según la DIAN, no es claro si estos festivos tributarios se justifican en mayores beneficios frente a sus posibles costos.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.

La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.

Se calculó con la variación acumulada del IPC para ingresos medios, entre el 1 de octubre del 2021 y el 1 de octubre del 2022.

Corte Suprema precisó sobre el proceso expropiación sus elementos y a quiénes se dirige.

Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.

El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.

Funciones del empleo de almacenista no implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.

Luego de intensas sesiones, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, que ahora pasará a ser sancionado por el presidente para convertirse en ley.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.

Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que precisar el monto de la condena impuesta al Estado y a Corficolombiana.

La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.

La entidad decidió reemplazar en su totalidad lineamientos para las provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo del manual.

Así está establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la denominación del objeto social de la compañía.

Debe decidir en su sano criterio si debe convocar a asamblea, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 del 2001.

Con este mecanismo no se podrán modificar asuntos como el objeto del contrato, el mecanismo de selección o el presupuesto.

No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.

Precisan el principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio.

Si bien existe solidaridad respecto al cumplimiento de la garantía, cuando la víctima decide que los arreglos sean realizados por alguien que no ha sido autorizado asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga del productor y comercializador.

Si bien la norma otorga la facultad de elegir cómo efectuar el rembolso, ello no suprime el derecho de elección del consumidor.

De lo contrario se estaría aplicando de manera estricta y restringida, sin más miramientos, el artículo 66A del Estatuto Procesal del Trabajo.

De acuerdo con el demandante, se vulnera el debido proceso.

La garantía mínima de calidad e idoneidad también se refiere al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.

Deber de reparar el bien y dejarlo en perfectas condiciones de uso es un derecho del consumidor y del productor.

La demandante pide la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el plazo de entrada en vigencia sea de ocho años y no de dos.

La medida analizada tiene una finalidad legítima, relacionada con la eficiencia del sistema tributario, al incentivar el pago oportuno de obligaciones, así como la ampliación y mejora del recaudo.

Sería desproporcionado exigirle a un profesional del Derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo cuando en materia laboral se garantiza al trabajador un permiso remunerado.

Se debe realizar el reintegro de los bienes objeto del negocio simulado y el reconocimiento y pago de frutos, si hubiera lugar.

El concepto de salario establecido en la legislación laboral es diferente al concepto de ingreso laboral en materia fiscal.

La responsabilidad de la organización empresarial no es un rubro que deba asumir el consumidor.

La medida cuestionada no desconoce la Constitución porque busca una finalidad importante, el interés general, y es idónea para alcanzar la finalidad perseguida.

Si bien el legislador no alude a aportes en efectivo, los mismos no escapan al espíritu de la norma, de eliminar la barrera creada por el impuesto sobre la renta a las contribuciones a las sociedades.

El proyecto de ley 118/22C-131/22S ahora cuenta con 90 artículos.

Es inviable disponer la terminación del juicio por desistimiento tácito, e incluso reanudarlo sin contar con certificación que dé cuenta del fracaso del trámite de negociación de deudas.

Entre las iniciativas se encuentran las reformas tributaria, política y a la Ley de Orden Público. Descargue los últimos textos.

Permitir un cuestionamiento de legalidad del acto presentado como título o base de recaudo en cuanto al derecho en él contenido desconoce la naturaleza del proceso ejecutivo.

Depósitos a través de los cuales se captan recursos pueden estar asociados a uno o más instrumentos o mecanismos.

De acuerdo con la disposición, los procesos que ya se encuentren en curso seguirán siendo tramitados por la dirección que profirió el auto de apertura.

Ayer miércoles, se radicó ante la Cámara la solicitud, firmada por 35 representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.

De acuerdo con el Decreto 560/20, se debe agilizar la recuperación y conservación de la empresa.

Se condenó a Ecopetrol al pago de una pensión de jubilación.

Cuando los asociados son administradores de la compañía se entiende implícita la aprobación de los estados financieros.

De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.

Contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán realizar de manera libre un aporte voluntario.

Para la CNDJ, además de la censura, al abogado se le debió fijar un término de prohibición para ejercer la profesión.

Tal comportamiento desconoció el deber de honradez que le era exigible en su relación profesional con el quejoso.

Se anularon apartes de la Resolución 13004 del 2017, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La disposición estará disponible para comentarios hasta el martes 18 octubre.

Servicio de almacenamiento se encuentra comprendido dentro de los servicios portuarios vinculados al movimiento de la carga: Consejo de Estado.

La conducta reprochada fue cometida a título de culpa, por cuanto el proceder no obedeció a causas diferentes a negligencia e incuria profesional.

Se acusa el artículo 179 del Código General del Proceso, por infracción al principio de igualdad.

Se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado por 10 meses.

Previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República también lo puede hacer.

La congresista Lina María Garrido, al ser hija de padres colombianos y, además, haber sido registrada en Arauca, es colombiana por nacimiento.

Se afecta la función de la justicia cuando no se cumplen oportunamente los objetivos y las obligaciones que la Constitución le impone a los funcionarios de la Rama Judicial.

El funcionario se apartó del sentido material de la justicia, por una decisión desprovista de sustento legal, probatorio y jurídico.

Sobre las circunstancias genéricas y específicas de agravación punitiva, es necesario que previamente le hayan sido imputadas al inculpado tanto fáctica como jurídicamente en la acusación: Corte Suprema.

El deber cuya inobservancia se le imputó a la abogada fue el de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales.

Son los hechos encauzados en el cargo disciplinario, indicó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Las autoridades de los pueblos indígenas tienen competencias jurisdiccionales, pero dicha competencia no es absoluta, pues encuentra algunas limitaciones de orden constitucional y legal.

Empresas deberán dar facilidades para cancelar la tarifa del servicio público, sin generar cobros adicionales por la gestión.

Corresponde a la garantía legal la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte.

Así mismo, la entidad establece algunos parámetros para la entrega de préstamos por parte de las SCBV.

La CNDJ confirmó la inhabilitación de un secuestre por percibir dineros de cánones de arrendamiento que no puso a disposición de un juzgado.

Corte Suprema precisó sobre pérdida de beneficios del postulado y la ponderación de la entidad del hecho punible cuando es mínima.

Sancionado juez de control de garantías por incumplir con su deber al ordenar la entrega de un dinero que había sido incautado a Yahir Acuña.

Es inadmisible que active la jurisdicción disciplinaria para impugnar la decisión que es consecuencia lógica de la aceptación de la imputación.

Luego de admitida la demanda, el abogado no volvió a comparecer al proceso, no asistió a la audiencia de conciliación, fijación del litigio y decreto de pruebas.

La responsabilidad cesa cuando la cosa es entregada al destinatario o a la persona designada en el sitio convenido.

La secuestre conocía que su actuación era contraria a derecho y no obstante trasgredió la ley disciplinaria.

Al juez no le está permitido despojarse de su rol como director del despacho, y menos actuar bajo prácticas de confianza.

La calidad es aquella condición en que un producto cumple con las características atribuidas a él por la información.

El cobro de los servicios públicos por concepto de su prestación dependerá de la clasificación que se otorgue.

Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.

En el caso bajo estudio, la DIAN deberá devolver la suma pagada junto con los intereses previstos en el artículo 192 del CPACA, en el trámite de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.

El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.

Corte Suprema recuerda el nexo causal, la obtención del provecho ilícito y la inducción o mantenimiento en error.

El pasado martes 20 de septiembre, fue aprobado el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes, ahora se estudiará en el Senado.

La entidad amplía sus funciones en cuanto a la gestión de convenios gratuitos con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.

La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

Los actos de corrupción por los que se le acusa tienen que ver con recibir dinero para dilatar decisiones judiciales.

Está prohibido a los servidores públicos percibir remuneración oficial por servicios que no fueron prestados.

Los jueces tienen poderes correccionales, entre ellos imponer multas a los empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que estos les impartan.

Podrá aplicarse cuando las imputaciones se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tengan interés público y cuenten con el consentimiento de la víctima.

Su valor porcentual se discrimina en la tabla de valoración de antecedentes definida en la convocatoria del concurso de méritos, de acuerdo con el Decreto 1075 del 2015.

Según el demandante, la norma vulnera el principio de legalidad.

El profesional del Derecho se aprovechó de la precaria situación financiera de su representado.

El incremento del Kw/H no podrá ser superior a la inflación registrada en el mes inmediatamente anterior a la facturación.

No hay razón legal para afirmar que ante una falta temporal esté prohibido el ejercicio del derecho de preferencia, distinto cuando la notaría se encuentre ocupada en interinidad.

La enajenación corresponde a la venta o cesión del contrato, mientras la liquidación equivale a su finalización.

El empresario no puede valerse de su esquema de organización para negarse a devolver la totalidad del dinero.

Así lo estudia el Congreso de la República con el proyecto de ley radicado por un representante del departamento del Cesar.

Se probó la comisión de la falta disciplinaria endilgada con la presencia del demandante en el lugar.

La Corte Constitucional explicó que estos conflictos no deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues debe darse aplicación del principio de especialidad normativa.

Precisan que modificación de las condiciones para el reconocimiento de la personería jurídica de las cajas de compensación familiar desconoce principios constitucionales.

La decisión de la Procuraduría se da, ya que, aún no se ha instalado las dependencias que ejerzan la etapa de juzgamiento, debido a limitaciones presupuestales.

Para desarrollar actividades misionales permanentes no se puede estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral.

Fueron desestimados los argumentos de la apelación al demostrar que el cuestionado intervino en actos fraudulentos

Consejo de Estado estudia si se configuró causal de revisión al existir una nulidad en la sentencia de acuerdo con el artículo 250, numeral 5 del CPACA.

En la convención colectiva suscrita entre el Banco de la República y Anebre no fue pactada expresamente su vigencia más allá del 31 de julio del 2010.

Confirman suspensión de una abogada por la faltar al numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007.

Que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por coaliciones del Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir que sus postulaciones sean por la misma agrupación política.

La Sección Cuarta estudió una demanda en la que se solicitaba la suspensión provisional de algunos apartes de la norma.

La conducta afectó el buen servicio de la administración de justicia, pues en un escenario judicial las partes deben guardar estricto cumplimiento de las reglas y garantías del debido proceso.

Para efectos de exención de impuestos o tasas, no es procedente conferir poder o mandato a un tercero.

La matrícula mercantil sigue siendo la misma y las obligaciones continúan a cargo, pues no opera sustitución alguna.

Cuando un participante de un proceso de licitación pública se presenta encontrándose incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad genera una nueva inhabilidad.

La potestad de policía administrativa otorga a la Superservicios la facultad de ordenar los correctivos necesarios, de manera que los vigilados subsanen las situaciones que trasgredan la normativa vigente.

Se aceptó que las palabras dirigidas a ofender al particular tuvieron lugar en el ejercicio de la profesión, dado el proceso de restitución de inmueble que se seguía contra el ofendido.

La suspensión obedece a la falta de certeza sobre la viabilidad biológica puesto que con los permisos otorgados se podría conducir a un daño irreparable

No entregar los dineros a quien corresponda constituye falta a la honradez.

Identifique los aspectos principales antes, durante y después de una audiencia judicial virtual.

No resulta viable considerar que las pérdidas fiscales que se generaron antes de la entrada en vigencia del CREE tengan que someterse a una limitación o a un régimen de transición.

Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.

El legislador definió tres supuestos diferentes para establecer la prescripción, según el derecho reclamado.

El locatario en un contrato de ‘leasing’ financiero puede pedir la deducción especial en el periodo gravable en el que hace la inversión o en el año gravable en el que suscribe el contrato.

Quienes hayan suscrito uno o más contratos con la misma entidad por un periodo de al menos 18 meses serían beneficiarios.

De acuerdo con los demandantes, se viola el principio de seguridad jurídica de los proponentes.

Docentes que acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 pueden acceder a la pensión gracia, siempre que cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Ajustes en el funcionamiento del Congreso, una superintendencia de educación y la votación por parte de militares e integrantes de la policía son proyectos que cursan en la entidad.

No se encontró que las normas demandadas violaran el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo y al debido proceso de cara al sistema de medición adoptado.

El Ministerio Público apoyó una demanda contra el requisito para las mujeres para acceder a la pensión de vejez con la misma cantidad de semanas que se exigen para los hombres.

Dependiendo del rango de ingresos brutos fiscales se deberá contratar el número de empleados correspondiente.

Entre los ajustes que plantea la entidad se encuentra la metodología de cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva.

El proyecto estará disponible para comentarios hasta el 28 de agosto.

La Resolución 164 del 2021 no establece ninguna excepción respecto del suministro de información.

Certificación sobre la destinación de los bienes excluidos de IVA en el artículo 424-5 del Estatuto Tributario puede expedirse después de la venta.

Adoptar una disposición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades tiene reserva exclusiva para la ley y la Constitución Política.

No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.

Gobierno Nacional no excedió su competencia reglamentaria al establecer requisitos para la inscripción de candidatos por la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras a la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

Se trata de un actuar culposo, pues debió cumplir con lo que le era exigible y en caso de no poderlo realizar debió sustituir el poder protegiendo los intereses de su cliente.

No ejerció la defensa de su cliente y el juez no pudo analizar los argumentos de sus poderdantes.

Los precios de referencia podrán ser tomados como partida para la valoración de la mercancía importada, para determinar la base gravable de los tributos aduaneros.

En consecuencia, los demás docentes se consideran afiliados al régimen contributivo de seguridad social en salud y se encuentran obligados a realizar las cotizaciones.