Las autoridades desconocieron la situación socioeconómica específica de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su participación en las clases virtuales.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 2145 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre importación temporal, hecho en Estambul, Turquía.
El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.
No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.
Las comisiones económicas conjuntas revisarán la ponencia y debatirán el articulado.
La Corte encontró que eran tipos penales en blanco, en los cuales se encontraba justificada la remisión normativa a la regulación ambiental.
La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.
La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.
La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.
Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.
La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.
La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial versa frente a hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.
La capacidad legal y la de ejercicio deben presumirse y protegerse, sin que los jueces de la República puedan restringirla ni establecer discriminaciones de ningún tipo: Corte Suprema.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
La aerolínea habría recaudado cerca de $ 272.000 millones antes de anunciar el cese de operaciones.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
El abogado no debe sacrificar el deber de entregar a su cliente los dineros que le correspondían para ejercer su legítimo derecho a percibir honorarios: CNDJ.
Corte Suprema reiteró la necesidad de acatar las decisiones de los jueces de la República como elemento estructural de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay más de 500 personas en las cárceles condenadas por este delito.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.
No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.
En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
La inmediatez se acredita demostrando con prueba sumaria o con indicios que la afectación de los derechos es continua y que el accionante ha desplegado actuaciones tendientes a buscar el amparo de sus garantías.
Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.
Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.
Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.
Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.
La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.
La iniciativa beneficia a cerca de 5.000 mujeres que tienen condenas que no superan los ocho años.
La Corporación hizo el llamado al presidente Gustavo Petro tras sus cuestionamientos sobre decisiones de los tribunales.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 del 2008.
No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Le asiste un mejor derecho al reintegro al servicio por orden judicial cuando se confronta con el derecho de nombramiento en propiedad del primero en la lista de elegibles en concurso de méritos de la Rama Judicial.
Se espera que los partidos presenten hoy el articulado al Gobierno nacional.
Corte Suprema resolvió si se incurrió en presunta vía de hecho por decretar como cautelas el embargo y secuestro de dos animales.
La atención en salud de la población adulta mayor no se puede limitar por ningún tipo de restricción administrativa o económica.
Los partidos políticos son entidades no contribuyentes, pero están obligados a llevar libros de contabilidad y presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
Consejo de Estado se pronunció sobre la expresión “y su reglamento”, incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 2013.
Los conductores que estacionen sus vehículos con este objeto deberán hacerlo en zonas y horarios determinados.
Este será el trabajo del Congreso para la segunda semana de marzo.
Los jueces tienen el deber de observar los lineamientos sentados por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, cuyo precedente es vinculante: Consejo de Estado.
En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Según el ministro Néstor Osuna, es necesario dar un mejor manejo a los $ 3,2 billones de presupuesto asignados a estas entidades.
La medida se decretó en el marco de una demanda de protección al consumidor instaurada por uno de los afectados con la suspensión de operaciones.
La Sala Plena señaló que en los casos que una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución pueda producir efectos irremediables o eludir el control de constitucionalidad es necesario adoptar medidas también excepcionales.
Al primer mandatario no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico.
El legislador puede habilitar a la ANDJE para solicitar conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.
La Corte Constitucional expresó que se vulneraron derechos fundamentales luego de señalar el alcance del principio de igualdad.
Autoridades locales de tránsito y transporte pueden inmovilizar vehículos e imponer multas de hasta 30 salarios mínimos legales.
Conceden tutela a familiares de ciudadano que murió después de cirugía sin haber otorgado el consentimiento informado.
Ley de Borrón y Cuenta Nueva dispone que a la solicitud de corrección se aporten soportes que permitan establecer identidad.
Los integrantes de la Policía podrán acceder a los circuitos cerrados para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal.
Servicios e insumos de salud que requieran las personas de la tercera edad deben garantizarse de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.
El ‘habeas corpus’ procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.
El precedente no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho: Consejo de Estado.
Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.
La aerolínea, que está pidiendo una integración con Avianca, podría ser multada hasta con 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.
En este caso en particular, los derechos deprecados por las 36 personas privadas de la libertad coinciden con el estado de cosas inconstitucional declarado en materia carcelaria.
La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.
Se deben adoptar medidas relacionadas con la garantía de los derechos de la PPL en centros de detención transitoria en contextos de emergencia sanitara o eventos epidemiológicos: Corte Constitucional.
También del análisis de la Sentencia C-321 de 2022 se explica la protección del derecho al debido proceso cuando se imponen comparendos.
La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad contra la providencia recurrida: Consejo de Estado.
Según el fallo, no se desconoce el principio de legalidad, puesto que los tribunales de ética odontológica cuentan con criterios orientadores al momento de imponer sanciones disciplinarias.
El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.
Consejo de Estado recordó que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa.
De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.
Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.
Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
La Sala Plena del alto tribunal eligió a los 18 juristas que intervendrán en casos de empate y falta de cuórum.
Sala de Descongestión Laboral determinó que el empleador no tenía responsabilidad alguna en el siniestro, aun cuando los elementos de convicción contradicen dicha solución: Sala Penal.
El demandante argumenta que la norma acusada viola las garantías internacionales de las víctimas.
Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...
El juez no puede responder por funciones que son propias de los servidores de secretaría de su despacho o incluso del Centro de Servicios para esos juzgados: CNDJ.
Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.
La polémica propuesta plantea abrir una nueva Sala en el alto tribunal con, al menos, 20 magistrados que juzgarían los casos de corrupción más relevantes del país.
Se debe llevar a cabo una diligencia de descargos en la que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse frente a la falta.
No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.
La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.
De acuerdo con los demandantes, los apartes acusados no tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, frente al principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
En ejercicio de su derecho de defensa, pueden interponer no solo las excepciones relacionadas con la relación jurídica sustancial, sino las que se derivan de su condición particular de deudor solidario.
Corte recuerda el análisis que se debe hacer frente a la fecha de estructuración cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas.
En su aclaración de voto, la magistrada Hilda González indicó que existe cosa juzgada constitucional, porque la Corte Constitucional excluyó la acción de tutela de revisión.
No es posible exigirle al trabajador evacuar las tareas acumuladas durante su ausencia vacacional y además las que a diario se van generando: Corte Suprema.
La libertad de empresa debe entenderse encaminada a otros aspectos económicos y de organización interna.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 19 (parcial), 69, 70, 89, 93 (parcial) y 96 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta busca que el país transite de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, la producción y la sostenibilidad.
El abogado presentó, por lo menos, en 10 oportunidades, incidentes, memoriales, solicitudes, recursos, etc., ante el despacho judicial en donde se tramitaba un proceso ejecutivo.
Consejo de Estado señaló las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades de derecho público para evitar doble asignación para los profesionales de la salud.
El objetivo de los congresistas fue mostrar un compromiso con un acceso digno a una IVE.
En una reunión con el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación le planteó nueve observaciones al proyecto de ley de sometimiento a la justicia.
Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la Ley 2103 del 15 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).
El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 95 de la Ley 2277 del 2022.
La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.
El magistrado Octavio Tejeiro Duque salvó el voto e indicó que se debió reconocer el derecho a una asignación a cargo del Estado para que el accionante tuviera una vejez digna.
Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.
El Ministerio Público sostuvo que el trámite parlamentario de la Ley 2212 del 2022, que aprobó el convenio, se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales.
La Corte Constitucional encontró que los tipos penales no irrespetan el principio de legalidad ni el mandato de estricta tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.
Una vez elegido por voto popular y tomar posesión del cargo, el juez de paz debe obrar con rectitud, eficiencia y equidad
Consejo de Estado explicó la prevalencia en el nombramiento cuando esta ocurre en virtud de una orden judicial de reintegro.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Exhibir el carné de vacunas para poder presentar la prueba de conocimiento implica una restricción significativa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y acceso a cargos públicos.
Pese a las voces que pedían que la iniciativa fuese tramitada como una ley estatutaria.
El proceso disciplinario no garantizó el debido proceso ni el derecho de defensa, lo cual generó la consecuente vulneración de su derecho fundamental a la educación: Corte Constitucional.
Corresponden a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política.
El Acuerdo 049 de 1990 se puede aplicar de manera ultractiva para quienes no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y son beneficiarios del régimen de transición.
La acción de tutela procede por excepción contra actos administrativos, siempre que concurran ciertos requisitos.
En su exposición de motivos, sostienen que “tenemos uno de los sistemas más solidarios y garantistas”.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
Existe un debate sobre cómo deberá tramitarse el proyecto de ley radicado en el Congreso.
Se le imputó responsabilidad a la Armada Nacional, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional a título de falla en el servicio por sus omisiones determinantes en la ocurrencia de la masacre en San Pablo (Antioquia).
Las autoridades administrativas deben acompañar e impulsar los procesos agrarios cuando se pretende la adjudicación de bienes fiscales rurales: Corte Constitucional.
La obligación de salvaguarda de la vida por parte del Estado no declina y en esta obligación reside el fundamento constitucional del delito de ayuda al suicidio.
En los casos analizados, la Corte Constitucional protegió el derecho a la salud y a la vida digna de los pacientes.
La acción de tutela no puede ser instrumentalizada con fines diferentes a la protección de derechos fundamentales: Corte Constitucional.
La CNDJ resaltó la importancia de la acción de tutela y el deber de los abogados de usarla adecuadamente.
El articulado fue radicado ante el Congreso por la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho.
Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.
Comienza la transmisión en vivo sobre radicación del articulado de la Reforma a la Salud.
La ministra anunció que la reforma a la salud aboga por crear un régimen laboral especial que garantice las condiciones laborales y las prestaciones de ley a los trabajadores del sector.
Se pretende se declare la exequibilidad condicionada de las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, para que lo previsto en dicho artículo se haga extensivo también a los hombres trans y personas de género no binario en estado de embarazo.
Para garantizar la doble conformidad, procederá la impugnación de todas las sentencias que declaren la responsabilidad en la acción de repetición: Corte Constitucional.
El trámite de la medida cautelar se realizara por medio del procedimiento ordinario previsto por el artículo 233 del CPACA, por lo que se le corrió traslado al ministerio demandado del escrito que contiene la solicitud.
Debe contener la fecha límite de pago, la consecuencia de no pagar y los recursos que proceden contra la suspensión.
Se espera que el texto sea radicado ante el Congreso durante la tarde de hoy.
La contabilización de la experiencia de profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares está determinada por el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, norma que no ha sido derogada y se encuentra vigente.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la norma que regula la desconexión laboral por presunto trato desigual.
Como el quejoso no ostenta la calidad de sujeto procesal o interviniente, le están vedadas las atribuciones de las que gozan estos.
Archivan investigación contra un magistrado por presunta mora en remisión de expedientes de amparo para revisión de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el actor, la norma es inexequible por acoger un hecho generador incompatible con las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana.
Así lo indica el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
La responsabilidad solidaria de la aseguradora se limita al valor asegurado más los intereses de mora que correspondan: Consejo de Estado.
No procede la aplicación de multas o cláusulas penales a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios.
Sin embargo, existen circunstancias excepcionalísimas que ameritan acudir a un mayor lapso, pero en todo caso dentro de un plazo razonable.
La nueva presidenta es la magistrada Diana Fajardo Rivera, y como vicepresidente fue elegido el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
El hospital omitió advertir a la paciente sobre los riesgos de la cirugía, por lo tanto, se presentó una ausencia de consentimiento informado para la práctica de la mamoplastia.
Corte Suprema se pronunció sobre el derecho de las víctimas a una justicia oportuna en un caso de mora judicial frente a investigaciones de la Fiscalía.
Tiene valor probatorio y dado que no se trata de un mensaje de datos aportado en su formato original, debe ser valorado conforme las reglas aplicables a los documentos, mas no como un indicio.
Son tres las situaciones específicas en donde la pensión de vejez es compatible con una indemnización sustitutiva de vejez o devolución de saldos.
Corte Constitucional recuerda los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en la ley 100 de 1993 y la aplicación de su régimen de transición.
El grupo compuesto por exministros y exviceministros piden respuesta a la cartera sobre lo planteado en torno al proyecto de ley.
No se encontró configurada la causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).
Así lo confirmó el mandatario a través de sus redes sociales y nombró a Astrid Cáceres en la dirección de la entidad.
Se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a la ARL.
De acuerdo con el actor, la norma acusada niega la posibilidad de que se haga uso de la lista de elegibles para proveer vacantes definitivas preexistentes en la Fiscalía que no fueron ofertadas por arbitrio institucional.
Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.
El Estado colombiano fue responsable de las violencias a más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.
Los funcionarios judiciales responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.
La superintendencia recordó la figura del “consumidor Bystander”, que resulta expuesto a relaciones de consumo.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.
Según el documento, se dará inicio al debate de 13 proyectos.
Bedoya Escobar será el reemplazo del doctor William Hernández Gómez.
El documento se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuesta.
Hacen parte del núcleo familiar del cotizante, entre otros, el cónyuge y los hijos menores de 25 años que dependen económicamente de él.
El nuevo presidente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, y como vicepresidenta fue elegida Gloria Stella López Jaramillo.
Mediante una carta dirigida al presidente de la corporación, expresó que afrontará el proceso por el cual lo investiga la Corte Suprema de Justicia.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 157 (parcial) de la Ley 1098 del 2006.
Cuando se asume una dignidad en la administración de justicia, la misma debe cumplirse siguiendo a cabalidad sus principios, entre ellos, el de celeridad: CNDJ.
De acuerdo con el actor, se le están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio a los menores de edad.
Comienza un año legislativo que va a ser muy intenso: Osuna
El Decreto Legislativo 772 del 2020 amplió su capacidad con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria.
El acto de radicación será a las 5 p.m. y podrá verse vía streaming o a través del Canal Institucional.
Todas las autoridades tienen la obligación de reglamentar el trámite interno frente a las peticiones que les corresponda resolver.
Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.
De acuerdo con los accionantes, la normativa acusada viola los principios de consecutividad e identidad flexible que encuentran fundamento en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.
La regulación no dispone el alcance de lo que debe entenderse por periódico o diario de circulación municipal (local) y/o nacional.
Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
Carolina Corcho expone los ejes centrales de la propuesta, que se espera sea presentanda durante las próximas semanas en el Congreso de la República.
No puede descalificarse ese acto de entrega por el simple hecho de que se hubiese realizado por medios digitales.
