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Actualizado hace 1 hour | ISSN: 2805-6396

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La reforma a la salud será tramitada como ley ordinaria

16 de Febrero de 2023

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Mediante el decreto 0224 del 2023, el Gobierno Nacional incluyó la reforma a la salud en el paquete de proyectos que serán tramitados por el ejecutivo duratnte las sesiones extraordinatias que iniciaron el pasado 6 de febrero. (LEA: Conozca el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso).

 

“Acabamos de radicar en el Congreso de la República ante el presidente de la Cámara de Representantes el decreto que adiciona las sesiones extraordinarias para poder avanzar en el estudio del sistema de salud que hemos propuesto con el presidente Gustavo Petro a la cabeza y con la Ministra de Salud al incorporarlo”, anunció el ministro del Interior Alfonso Prada.

 

La adición del proyecto se dio a pesar de las múltiples voces que pedían tramitar la reforma como una ley estatutaria, argumentando que se trata de un modificiación al derecho fundamental a la salud, “las disposiciones contenidas en el proyecto regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”, se lee en la carta enviada a los presidentes del Congreso por más de 25 congresistas. (LEA: Reforma a la salud: ¿ley estatutaria u ordinaria?)

 

"Al incorporar el proyecto a las sesiones extraordinarias el Gobierno fija posición en torno al contenido de la ley. Es una ley en esencia ordinaria que desarrolla la ley estatutaria 1751 del año 2015", dijo el ministro Prada.

 

Según el funcionario, esta reforma "no modifica la definición ni el contenido principialista" del concepto del derecho fundamental de salud. "Solamente recoge los instrumentos a través de los cuales se dota de eficacia material y eficacia plena el derecho fundamental a la salud".

 

Cabe recordar que con esta decisión el Gobierno Nacional se arriesga a tener vicios en el trámite del proyecto y a una posible declaración de inexiquibilidad de la norma por parte de la Corte Constitucional, lo que sería un alto costo político.

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