Fiscalía se opone a despenalizar el incesto y la inasistencia alimentaria

Durante su intervención en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, presentó sus reparos a la ley de humanización penitenciaria, presentada por el Gobierno Nacional, y rechazó la propuesta con la que buscan que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad tengan el beneficio de prisión domiciliaria.

El primer punto al que se refirió Barbosa fue el relacionado con la suspensión de la ejecución de pena a pequeños cultivadores. Para la Fiscalía, es una manera de beneficiar a narcotraficantes. Si bien recalcó que está de acuerdo con esa disposición porque es un desarrollo del acuerdo de La Habana, expresó que “no podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes. Los artículos que aparecen ahí uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena de narcotraficantes”.

Por otro lado, el fiscal fue tajante en su rechazo a la eliminación de los delitos de injuria y calumnia y del delito de incesto. “Es una inmoralidad que en Colombia se permitan conductas aberrantes, como incluso tener relaciones sexuales con familiares, los hijos y los padres, cosa que, además, no solamente atenta contra el orden jurídico sino que atenta contra la moral de este país, y este país aún tiene una moral y aún tiene unos principios y recordemos que en este país las despenalizaciones normalmente son leídas en el país como normalizaciones de conducta”, comentó. 

Frente a esta preocupación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó que “hay unos delitos a los que se le niega todo tipo de beneficios, que son los delitos sexuales y contra menores de edad, pero en el proyecto no hicimos mención específica a delitos de lesa humanidad y es una preocupación que comparto”, así mismo, el jefe de cartera votó por suprimir los beneficios a ese tipo de delitos, con el fin de que queden en el mismo rango de los delitos sexuales y contra menores.

Respecto al “mico” que denunció el fiscal, el ministro aseguró que no existe, ya que el parágrafo señalado advierte que los beneficios judiciales van dirigidos a campesinos pobres cultivadores de hoja de coca que viven de ese cultivo y no a narcotraficantes.

“El espíritu del texto del parágrafo que está ahí incluido es para ofrecerles un trato alternativo a los campesinos pobres, pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, no está hecho pensando en narcotraficantes ni en lavado de activos”, respondió el jefe de la cartera de Justicia.

Al finalizar el debate, el alto funcionario invitó al fiscal para que revisaran juntos la redacción y “eliminar cualquier suspicacia, cualquier sospecha, cualquier posibilidad de que por allí se vayan a colar aquellos a quienes no va dirigido el proyecto de ley”.