Conozca el procedimiento para solicitar la supresión de antecedentes penales

Pasados ​​cinco años desde el cumplimiento de una condena penal cualquier ciudadano puede solicitar la eliminación de sus antecedentes si estos siguen apareciendo en la base de datos de consulta ciudadana. La ausencia de la frase “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales” indica que aún figuran en el sistema. La solicitud puede presentarse ante la entidad que administra la base de datos, como la Policía Nacional o la Procuraduría, o ante el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Para realizar la solicitud es necesario presentar los datos personales, la información del proceso judicial, detalles de la condena y la fecha de su cumplimiento. Además, deben adjuntarse documentos que respalden la petición, como la sentencia judicial y el certificado de paz y salvo por cumplimiento de la pena. Este trámite no requiere de abogado y no tiene ningún costo para el ciudadano. (Lea: Minjusticia revela alcances de reforma al sistema de responsabilidad penal para adolescentes)

Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente deberá revisarla y emitir una decisión en un plazo de 15 días hábiles. Si la solicitud fue dirigida al juzgado, el juez, tras evaluar la documentación, puede ordenar a las autoridades correspondientes actualizar la base de datos, reemplazando la frase “Actualmente no es requerido por autoridad judicial” por “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.

En el caso de que la solicitud haya sido presentada directamente ante la autoridad que gestiona la base de datos esta deberá realizar el cambio en sus registros sin necesidad de orden judicial. La actualización se reflejará en la plataforma de consulta ciudadana, permitiendo que los ciudadanos afectados no aparezcan con antecedentes una vez cumplida su condena y pasado el tiempo legal requerido.

Este procedimiento se fundamenta en el derecho al habeas data, que garantiza la protección de los datos personales. De acuerdo con este principio, toda persona tiene derecho a actualizar, corregir o suprimir la información registrada sobre sí misma. Así, quienes han cumplido sus condenas o tienen penas extinguidas pueden hacer valer su derecho para limpiar su historial judicial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

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