Viva Air debe rembolsar dinero a clientes: Supertransporte

La Superintendencia de Transporte, a través de la Resolución 637, abrió investigación administrativa y formuló cargos en contra de Fast Colombia, sociedad que posee los derechos de la aerolínea Viva. Según el ente, se encontraron méritos para presumir el incumplimiento de la Ley 105 de 1993, que dicta las disposiciones básicas sobre el transporte en Colombia. 

Esto se debe a la suspensión repentina de las operaciones de Viva, anunciada a las 11:00 p. m. de este 27 de febrero, que afectó a miles de pasajeros que ya habían adquirido tiquetes con esa empresa. “Fueron alrededor de 466.604 usuarios que tenían reservas confirmadas al 27 de febrero (...), la Supertransporte pudo verificar, mediante la página web de la aerolínea, que se continuaban vendiendo tiquetes y que para la misma fecha ya se habían vendido 5.750 reservas”, dijo Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte. 

Otro de los argumentos para iniciar la investigación es que la aerolínea no informó de manera individual a los usuarios sobre la suspensión de los vuelos, así como tampoco les comunicó cuáles serían las compensaciones para lograr el cumplimiento del contrato de transporte. (Lea: Así puede reclamar por la suspensión de operaciones de Viva Air)

La Supertransporte también impuso una medida administrativa contra Viva, exigiéndole implementar un plan de atención a los usuarios, emitir un comunicado oficial informando los canales de atención y enviar a la entidad el consolidado de peticiones, quejas y reclamos que radiquen los usuarios. En la misma medida le ordenó cumplir con las medidas compensatorias, como el rembolso de los dineros. 

 El ente señala que no aplica ningún recurso contra su decisión y que de llegar a comprobarse que Viva es culpable de los cargos que se le imputan podría ser multada hasta con 2.000 salarios mínimos legales vigentes, según lo expuesto en el Reglamento Aeronáutico de Colombia. 

Si la aerolínea no cumple con la medida administrativa la Supertransporte podría imponer multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Estas investigaciones y sanciones se suman a las demandas que Viva recibiría en la Superintendencia de Industria y Comercio, por los usuarios que consideren vulnerados sus derechos de consumidor. (Lea: Corte Constitucional precisa las obligaciones de los propietarios de los vehículos frente a comparendos de tránsito)