Así es la ley que permitirá salir de las cárceles a madres cabeza de hogar

El presidente Gustavo Petro sancionó la ley que autoriza la sustitución de penas carcelarias para mujeres que cometieron delitos leves y que están encargadas del cuidado de sus familias. Aunque esta norma fue aprobada por el Congreso en el año 2021, el entonces presidente Iván Duque la objetó, por lo que pasó a examen de la Corte Constitucional, que en julio del 2022 desestimó las objeciones y devolvió el articulado para sanción presidencial. 

El mandatario reconoció que estaban esperando el Día Internacional de la Mujer para firmar la ley, con el objetivo de enviar un mensaje sobre la necesidad de eliminar todas las exclusiones que sufren las mujeres. “Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida”, dijo. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que la ley aplica para aquellas mujeres con condenas inferiores a 8 años, que al salir de las cárceles tendrán que terminar de pagar sus penas prestando servicios de utilidad pública no remunerados, que beneficien a la comunidad y reconstruyan el tejido social afectado por la comisión del delito. (Lea: La participación de la mujer en la administración de justicia) 

Según el proyecto aprobado por el Congreso, “el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, previo consentimiento de la condenada, podrá sustituir la pena de prisión por la de prestación de servicios de utilidad pública durante la cantidad de horas que determine al momento de dictar la sentencia, o en cualquier momento dentro de la ejecución de la misma”.  

La mujer condenada tendrá que trabajar cinco horas por cada semana de privación de la libertad sustituida. Al tiempo, tendrá la posibilidad de trabajar o estudiar, sin que la prestación del servicio de utilidad interfiera con dichas actividades. Como parte de la implementación de la ley, se espera que el Ministerio de Justicia firme convenios con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales y elabore un listado de oportunidades de servicios habilitados para la ejecución de las penas.  

Para acceder a los beneficios, además de la condena inferior a ocho años, las mujeres tendrán que certificar que no tienen condenas en firme dentro de los cinco años anteriores a la comisión del delito, demostrar que la comisión del delito estuvo asociada a condiciones de marginalidad y probar que ejercen la jefatura de un hogar; es decir, que son responsables afectiva, económica y socialmente de hijos menores o en condición de discapacidad.  

La ley también implica que los ministerios del Trabajo, Educación y Comercio, en un plazo de dos años, diseñen una política pública de empleabilidad, formación y capacitación para el emprendimiento, para así garantizar el empleo y la educación de las mujeres cabeza de familia que permanezcan en las cárceles. (Lea: Un juez de familia decretó el embargo y secuestro de dos perros)