Se espera que la corporación resuelva la demanda presentada contra algunos artículos de la Ley 599 del 2000.

La Corte Constitucional resolvió una demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021, en relación con el programa de apoyo al empleo formal.

La Corte Constitucional declaró por unanimidad la exequibilidad del parágrafo primero del artículo 58 de la ley 2195 del 2022.

Se debe emplear un enfoque territorial y sistémico en el marco de análisis de las solicitudes de traslado presentadas por docentes amenazados en zonas de conflicto.

Corte amparó el derecho al debido proceso de familiares a quienes el Consejo de Estado negó la reparación directa con ocasión de la muerte de su familiar por falla en la prestación del servicio médico.

El presupuesto irá destinado a programas como sistemas alimenticios, ambientes, biodiversidad, agua y estudios de suelo.

La Corte resolvió declarar exequible el artículo 54 de la Ley 2199 del 2022, por medio del cual se expide el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.

La expresión del artículo 62 del Decreto Ley 274 del 2000 contenía un trato diferenciado a compañeros permanentes de funcionarios de la carrera diplomática y consular.

Corte se inhibió de pronunciarse sobre una demanda contra el artículo 10 de la Ley 2161 del 2021, sobre los deberes de los propietarios de los vehículos automotores.

Además, debe contener información sobre recursos que proceden contra el acto, autoridad para interponerlos y plazos.

Por el simple descontento del reclamante no puede el fallador de tutela dejar sin efecto la determinación válidamente adoptada por el juez natural: Corte.

Fallo del Tribunal de Cundinamarca se pronuncia sobre medidas de protección laboral para madres gestantes.

Corte Constitucional declara exequible condicionalmente los artículos 23-1 y 372 del Estatuto Tributario.

No cumplía con los 15 años de experiencia de que trata el artículo 232, numeral 4º, de la Constitución Política.

La decisión la tomó el Consejo de Estado al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de su elección.

Cuando la suspensión recaiga en personas o bienes de especial protección constitucional los prestadores no podrán suspenderlos.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con la demanda, todos los funcionarios públicos gozan de las garantías del debido proceso, con excepción de los integrantes de las fuerzas militares.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó este martes los últimos 22 artículos del proyecto de Gobierno.

La jueza señaló que el fiscal Javier Cárdenas no hizo un esfuerzo serio de investigación.

La decisión se tomó luego del asesinato de cuatro niños indígenas. La suspensión se dará en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

Para que obre el fenómeno de la cosa juzgada deben concurrir los tres elementos: identidad de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa: Corte Suprema.

La agencia será el enlace que hará cumplir las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con la sanción del Plan Nacional de Desarrollo entrarán en vigencia las nueve acciones contenidas en el artículo 342 de la ley.

La Corte Constitucional estudió si el artículo 1122 del Código Civil presentaba una omisión legislativa relativa inconstitucional por violación del derecho a la igualdad.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por unos ciudadanos va contra de varios artículos de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del parágrafo 2 (parcial) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

Llama la atención la demora del alto tribunal en la comunicación de sus decisiones, como es el caso del fallo sobre la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Para que se configure el delito de tráfico de influencias, la influencia debe ser real, explícita, concreta y como tal contener una solicitud específica: CSJ.

El próximo 7 de junio, la Comisión Experta deberá entregar el anteproyecto de Constitución.

No existe norma que consagre los casos de suspensión del contrato, en especial por la licencia de maternidad de la contratista.

Esta comisión tiene como objetivo prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley.

El servicio de alimentación puede representar un riesgo para la salud, pues algunos alimentos son entregados en descomposición.

La decisión se profirió por una acción de tutela interpuesta por más de cinco reconocidas periodistas.

En los eventos de anticoncepción fallida no es posible cargar al médico con los gastos de crianza de quien no se esperaba concebir.

Con tres artículos ya aprobados, la bancada de Gobierno ha logrado aprobar 24 de los 139 que trae el proyecto.

No se puede vía tutela revivir una discusión clara y oportunamente definida en el respectivo proceso.

El interesado en que se invalide a través de una acción de tutela un fallo debe elevar la solicitud de nulidad ante el juez que definió el amparo: Corte Suprema.

Fondos de pensiones debe tener una especial diligencia en su actuar, en particular sobre la historia laboral de sus afiliados, de forma que no se defraude la expectativa legítima que crea este documento.

Es posible que la administración y la autoridad judicial contrasten el dictamen con las demás pruebas recaudadas.

Su naturaleza cautelar, temporal y accesoria tiende a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos: Consejo de Estado.

La garantía de continuidad de la prestación del servicio de salud corresponde a los entes territoriales.

La Corte Constitucional estudió los cargos presentados en una demanda contra el parágrafo del artículo 6 de la Ley 2197 del 2022.

Fiscal General rechazó cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes.

De acuerdo con la alta corte, así está indicado en la Ley 2213 del 2022.

Cesión o compensación son medidas de salvaguardia de la producción nacional de bienes agropecuarios o pesqueros frente a la volatilidad de los precios internacionales: Consejo de Estado.

El hecho de que un estudiante confiese haber cometido una falta no puede dar lugar a la imposición automática de una sanción.

La reposición de aportes busca recobrar el valor económico de los aportes efectuados al capital social.

Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de un docente estatal por incumplimiento de las obligaciones contractuales académicas.

Consulta únicamente procede cuando se trate de sentencias o providencias que pongan fin de manera definitiva a la actuación y no se interponga recurso de alzada: CNDJ.

No cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.

La información consignada en la historia laboral de los afiliados es responsabilidad de las administradoras de pensiones: Corte Constitucional.

La audiencia de juicio oral será la excepción a la regla: Corte Constitucional

Invitaron a los actores institucionales, políticos y sociales que actúen dentro del estricto marco de sus competencias.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º (parcial) del artículo 240 y el parágrafo 1º (parcial) del artículo 115 del Estatuto Tributario.

El Consejo de Estado, en una acción de nulidad electoral, se excedió el alcance del artículo 149 de la Constitución Política.

La CNDJ precisó las cuatro finalidades básicas sobre las que gira el régimen disciplinario de los abogados.

El juez de tutela podría analizar si se logra la reincorporación laboral del usuario o, en su defecto, la declaración de invalidez.

Abogados penalistas señalan que la Corte Constitucional revisa un polémico artículo sobre la realización de audiencias de manera presencial.

Debemos resolver el silencio estadístico, pues impide una adecuada implementación y medición de la eficacia de las normas y las políticas públicas en materia de derechos humanos.

Tutelan a ciudadano porque juez penal en la sentencia cuestionada modificó la decisión de libertad, reconocida en el anuncio del sentido del fallo.

Procede la acción de tutela por desconocimiento del precedente constitucional con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios: Corte Constitucional.

La Corte Suprema ratificó la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde fue hallado responsable del delito de concusión.

Autorización exclusiva a los ingenieros civiles para las tareas de diseño y revisión de diseños de construcciones estructurales sismorresistentes es ausente de discriminación.

La norma acusada no vulnera el principio de autonomía de la voluntad privada y libertad contractual, toda vez que es una medida razonable y proporcionada.

La expulsión no implica la pérdida de investidura, pero las curules no pertenecen a los elegidos, sino a las colectividades que los avalaron.

Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.

ANT había dejado sin efectos el acto de adjudicación argumentando que, debido a su formación académica, la mujer “ya no se identifica como campesina’’.

En este caso, procedió la tutela ante la vía de hecho que realizó el juzgado al dejar a un lado el análisis de lo acontecido, las pruebas, normativa y jurisprudencia aplicable.

De acuerdo con la Constitución, el requisito de residencia para ser diputado consiste en haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año anterior a la fecha de elección.

Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Condiciones para conceder los permisos deben ser determinadas en el reglamento de trabajo, así como los requisitos para ser concedidos.

Debe preferirse el mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver una controversia pensional que requiera de un debate probatorio exhaustivo y amplio: Corte Constitucional.

Los aspirantes para integrar la terna que será elegida por el Consejo de Estado se podrán inscribir desde el 2 hasta el 15 de mayo.

Se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados.

La no inclusión de Ángel Rodrigo Pérez Lemus en las tarjetas electorales no afectó la validez de la elección.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 3° de la Ley 2066 del 2020, en la que se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera.

El empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para que ejerza su derecho de contradicción.

Si se hace amparado en alguna de las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional se estaría atendiendo un precedente judicial vinculante.

La Corte Constitucional ha establecido que para determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral.

Cuando la medida tiene un carácter eminentemente disciplinario.

Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.

De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver conflictos derivados de la actividad contractual que conllevan a la habilitación del pacto de composición y al trámite de la amigable composición.

El nuevo magistrado es abogado con especializaciones en derecho constitucional y seguridad social de la Universidad de Antioquia.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una niña a la que el Consejo de Estado le negó la reparación por la muerte de su padre, quien en vida no reconoció su paternidad.

De acuerdo con la demanda, la expresión acusada vulnera los artículos 340 y 324 dela Constitución.

Con una votación de 10 contra 8, la Comisión Séptima aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto.

La Corte Constitucional encontró una afectación directa sobre las comunidades indígenas al convertir en municipios las áreas no municipalizadas, sin prever presencia de territorios indígenas.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.

La Corte Constitucional declaró inexequible la causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por adquirir carta de naturaleza en otro país.

El documento incluye estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en el campo y la ciudad, la recuperación del control territorial y el aumento de la confianza institucional.

Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.

Actividades extracurriculares, culturales, deportivas y recreativas, junto con los conocimientos impartidos, son parte indispensable de la garantía del servicio de educación.

La reunión se centró en la situación de seguridad del Sumapaz y las advertencias sobre posible presencia de grupos armados ilegales.

El mecanismo ordinario para controvertir el proceso de revocatoria del mandato es la nulidad electoral, que se dirige en contra del acto administrativo que declara los resultados de las votaciones públicas.

Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.

Para la Corte Constitucional, el trámite de aprobación de la Ley 2099 del 2021 no violó los principios de publicidad y consecutividad y no incurrió en vicios de procedimiento.

Para la Corte Constitucional, la expresión contenida en el artículo 42 de la Ley 361 de 1997 vulnera los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de este colectivo.

Confirmó la CNDJ la sentencia que declaró disciplinariamente responsable a juez de paz que vulneró flagrantemente el derecho de al debido proceso de un ciudadano.

Este dinero será invertido en 100 proyectos a lo largo del territorio nacional.

De acuerdo con la demanda, la contribución acusada es inconstitucional porque su trámite legislativo se vició por falta de debate y transparencia de lo regulado por dicha norma.

El trámite de reconstrucción del proceso previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente.

El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.

Para la Procuradora General, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta.

La Corte Constitucional señaló cómo es la valoración que el juez penal debe hacer de estos indicios.

La función de investigar no solo se traduce en practicar pruebas, sino en extraer todo lo que estas aportan al proceso en ese camino hacia la verdad que exige la ley.

Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.

Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.

Consejo de Estado precisó cómo se condicionan el uso, explotación y disponibilidad de los inmuebles que integran el parque nacional natural.

El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla fue suspendido por tres meses, sin derecho a remuneración.

Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.

De acuerdo con la demanda, la norma vulnera los principios de progresividad tributarias, equidad y eficiencia.

Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.

Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La publicación parcial impide la consulta íntegra para que sea oponible, se afecta el principio de publicidad y el debido proceso: Consejo de Estado.

El Estado debe velar por la protección de la integridad física, mental y moral de los niños, niñas y jóvenes.

El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.

Las competencias del alcalde en materia presupuestal se encuentran altamente restringidas en virtud del principio de legalidad del gasto.

Juez no puede apartarse del conocimiento del proceso cuando la competencia le ha sido asignada por la resolución de conflicto de competencia.

La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.

En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.

El disciplinable superó el término de 10 días que fija la jurisprudencia constitucional para resolver el incidente de desacato de un fallo de tutela después de su apertura.

Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).

Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a la inaplicabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito cuando la inactividad proviene de una omisión del juzgado.

Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra el artículo 42 de la Ley 2199 del 2022.

Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.

La ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que confluyen en la materia competencias nacionales, regionales, departamentales, municipales y distritales.

En este tipo de casos, se justifica la condena por la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro comportamiento era esperable y racionalmente realizable.

La Universidad del Rosario graduó, por primera vez en Colombia, a una persona no binaria con título profesional.

Sin embargo, los actos contractuales, al igual que ocurre con los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se deben demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. (C.P: Alberto Montaña

Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 6° de la Ley 2283 del 2023.

Para que la acción popular resulte procedente, es necesario que el demandante, en el transcurso del debate judicial, demuestre que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva.

La información que puede entregarse a una autoridad administrativa sin la autorización del titular de los datos personales es aquella que corresponde a datos públicos.

La alta corporación protegió los derechos de una mujer indígena a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión.

De acuerdo con la demanda, la expresión acusada es flagrante y manifiestamente inconstitucional, pues, en principio, la Constitución impone la aplicación del debido proceso que integra en sí los principios de culpabilidad y de imputación.

En el caso concreto, el fiscal revictimizó a la accionante al momento de acudir a solicitar información sobre el estado de su denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja.

Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.

En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.

De acuerdo con la demandante, en el Registro del Estado Civil de las personas debe estar lo relacionado con el estado civil que se adquiere cuando se declara la unión marital de hecho.

Minvivienda presentó los cambios de este subsidio para el 2023.

La reunión duró alrededor de dos horas, y fue considerada "provechosa y cordial".

De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.

Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 del 2018.

La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.

De acuerdo con la demanda, las disposiciones acusadas atribuyen competencias al Fiscal General de la Nación que implica que no se observe las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia.

El derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.

Solo pueden ser objeto de investigación disciplinaria las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico: CNDJ

El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU consistió en adelantar un incidente cuando el proceso ya se había terminado mediante sentencia.

El tribunal constitucional protegió el derecho a la salud de los menores, pues las demandadas no indagaron si era posible un tratamiento con enfoque ABA en el colegio, como se pidió a partir de recomendación médica.

Esta inhabilidad busca impedir que la contratación con el Estado favorezca la campaña del contratista que aspira a dicho cargo: Consejo de Estado.

De acuerdo con la demanda, la norma no tiene en cuenta los derechos de las víctimas.

Trabajadores que se desvinculen del servicio y no han gozado de sus vacaciones tienen derecho a la compensación en dinero.

No existen los elementos médicos suficientes para determinar si el procedimiento solicitado por la accionante es funcional o está relacionado con la salud: Corte Constitucional.

Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.

El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.

El Ministerio Público manifestó que las disposiciones demandadas violan la Constitución, porque su indebida formulación lleva escenarios que están en contravía de los mandatos superiores.

En principio, el transporte intermunicipal no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizada en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.

Si se emiten fallos contra el Presidente de la República, las entidades deberán ponerse en contacto inmediato con el Dapre.

Si bien el instituto educativo tiene la posibilidad de retener algunos documentos cuando se presenta una falta de pago, ello no lo exonera de analizar las circunstancias del núcleo familiar del niño.

Se trata de solicitudes que cuentan con un término especial, el cual se podrá ampliar cuando se haya requerido la práctica de pruebas.

Se estima que, en Colombia, 3,5 millones de mujeres viven con esta enfermedad.

Se trata de los lineamientos que ministerios y departamentos administrativos deben seguir a la hora de responder ante acciones públicas de inconstitucionalidad.

De acuerdo con el demandante, la medida viola el principio de equidad tributaria y el de certeza tributaria.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió un conflicto negativo de competencia para que defina cuál es la autoridad que deberá investigar disciplinariamente a tres auxiliares de la justicia.

Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 de la Ley 2277 del 2022.

La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.

Dado que no existe cambio de empleo, las funciones siguen iguales y el empleado no debe posesionarse nuevamente.

Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.

Los jueces deben incorporar criterios de género y analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad: Corte Constitucional.

Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.

Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.

De acuerdo con la demanda, la configuración de la base gravable solo resulta inconstitucional mientras se construya partiendo de un patrimonio bruto que incluya propiedades inmuebles.

Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.

La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.

Tanto el deber de reparación o remplazo como la sanción debe estipularse en el respectivo contrato de condiciones uniformes.

Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.

Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.

Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.

Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.

Con el fin de evitar una amenaza contra el ejercicio de la profesión y la garantía del derecho a la libertad de expresión.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.

De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.

Por medio del comunicado 315, la FGN dio a conocer esta decisión, reiterando su compromiso desde sus competencias y apoyando las decisiones que beneficien la obtención de la paz.

El consentimiento de una persona en situación de discapacidad, incluso la declarada interdicta, debe ser valorado igual que el de todos los ciudadanos: Corte Constitucional.

Corte Constitucional resolvió si se vulneran los derechos de un PPL que padece de un trastorno de ansiedad al trasladarlo a sus citas médicas con restricciones de manos y pies.

Las pruebas clasificatorias no buscan evaluar los conocimientos impartidos en el marco de un proceso educativo, sino definir un punto de partida para dar inicio al proceso: Corte Constitucional.

Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.

Duque Gutiérrez será el remplazo de William Hernández Gómez.

Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.

A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.

La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.

Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.

Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.