Un ciudadano vía correo electrónico presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023, que adicionó un parágrafo al artículo 532 de la Ley 769 del 2002. El demandante argumentó que la norma acusada le impone una obligación a los centros de diagnóstico automotriz (CDA), consistente en adquirir y pagar, en calidad de tomador de póliza de seguro, las coberturas de responsabilidad civil extracontractual respecto de los vehículos que realicen las revisiones técnico-mecánicas en sus establecimientos.

En su opinión, la asignación de un interés jurídico y económico a los CDA derivado de posibles eventos generadores de responsabilidad civil extracontractual en los cuales se vean inmersos los vehículos que han inspeccionado es desproporcionado e irracional. Según él, las causas que pudieren derivar en una colisión de un vehículo con otro o en un atropellamiento a un peatón no tienen que ver con las condiciones técnico mecánicas que inspeccionó el CDA.

En otras palabras, a su juicio, la ley presume que todo hecho generador de responsabilidad civil extracontractual tiene como causa suficiente que la revisión técnico-mecánica de los CDA se realizó de forma indebida y, en consecuencia, la entidad está llamada a garantizar, a través de la adquisición de una póliza de seguros, los perjuicios a terceros que causa el vehículo inspeccionado en caso de colisionar. Por lo anterior, le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley 2283 del 2023 (Demandante: Carlos Augusto Rojas Neira).