Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de una expresión contenida en el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 del 2000. Por una parte, el demandante explicó que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas prohíbe que el condenado elija a las personas que harán parte de los órganos de representación. En su criterio, esa consecuencia jurídica, en últimas, implica una suspensión automática del ejercicio de la ciudadanía, sin contar con una sentencia judicial que contenga una justificación razonable, como lo exige el artículo 98 superior.

Bajo esa perspectiva, el accionante aseguró que la prohibición automática al condenado de ejercer su derecho al voto contradice los artículos 98 y 99 de la Constitución. Aseguró que la disposición reprochada desconoce el derecho constitucional al voto y a la reinserción de los condenados (artículos 40 y 258 de la Constitución). Finalmente, señaló que la prohibición objeto de controversia no solo es regresiva, sino que desafía la Constitución porque afecta la igualdad y universalidad del voto (Demandante: Julián Arturo Polo Echeverri).