Gobierno propone actualizar Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

En el marco del encuentro interinstitucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el Gobierno de Gustavo Petro plantea una reforma a la Ley 1484 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Este precepto establece las medidas de atención, asistencia, reparación y verdad para las víctimas del conflicto armado interno. 

Según Osuna, para muchas de las más de 10 millones de víctimas reconocidas, la normativa vigente implica estar en una lista de espera para recibir alguno de los beneficios que obligatoriamente debe entregar el Estado. El funcionario reconoció que se están dando indemnizaciones u otros mecanismos de reparación, pero que las víctimas no pueden permanecer a la expectativa.  

“La ley tenía una vigencia de 10 años y estaba pensada para un universo de víctimas infinitamente inferior al que ha resultado ser”, dijo Osuna. Cabe recordar que, en enero del 2021, el Gobierno de Iván Duque prorrogó la vigencia de la Ley 1448 del 2011 hasta junio del 2031, debido a la necesidad de mantener clara una política pública de atención y reparación integral a las víctimas, sin modificar los derechos reconocidos. (Lea: Fiscalía suspendió ordenes de captura contra cinco representantes de las FARC) 

El ministro afirmó que si el país quiere dejar de ver cómo crece la lista de víctimas, debe avanzar en la construcción de la llamada ‘paz total’. Al respecto explicó que esta apuesta del Gobierno no solo comprende las negociaciones con grupos armados o el sometimiento de bandas criminales, sino que se complementa con las reformas agraria, laboral, pensional y de salud.  

Teniendo en cuenta esto, Osuna aseguró que trabajan en la búsqueda de una solución definitiva para la reparación integral de las víctimas, lo que incluye una restitución de tierras sin trabas y con todas las garantías. Los cambios a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegarían a través de la participación de sus beneficiarios. 

Según la Unidad de Víctimas, en la primera década de funcionamiento de esta norma se puso a disposición de las víctimas 234 lugares de atención presencial, se realizaron 9,3 millones de giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado y el Estado indemnizó a 1.163.650 personas y 28 comunidades, con una inversión total de $ 8 billones. (Lea: Este es el decreto con el que el Gobierno suspende cese al fuego con el Clan del Golfo)