La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió la protección de los derechos fundamentales de una ciudadana que habían sido vulnerados por parte de un juzgado que dictó sentencia anticipada dentro de un proceso de pertenencia, en la cual declaraba probada la falta de legitimación en la causa por activa, porque a su parecer la actora pretendía un bien cuyo dominio no puede adquirirse por prescripción, dejando de lado el estudio de si la posesión para efectos de usucapión se había consumado antes de que la entidad estatal lo adquiriera mediante expropiación administrativa.

Para la alta corte, la acción de tutela contra la providencia era procedente de manera excepcional en este caso, ante la vía de hecho que realizó el juzgado accionado, pues dejó de lado el análisis de lo acontecido, las pruebas, normativa y jurisprudencia aplicable. Se resalta el deber que tiene todo funcionario de efectuar el análisis integral de todo para así establecer su verdadero alcance de cara al caso concreto (M. P.: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).