La Corte Constitucional estudió la demanda interpuesta por un ciudadano en contra del artículo 10 de la Ley 2161 del 2021 (medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)).

El accionante argumentó que dicha disposición vulnera el artículo 243 de la Constitución Política. A su juicio, el propietario no puede ser sancionado por el solo hecho de tener el derecho de dominio sobre un automotor.

Para el alto tribunal, el cargo no satisfizo los requisitos mínimos de carga argumentativa que exige en artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, por lo que no es posible realizar un examen de mérito y deberá proferir una sentencia inhibitoria. En consecuencia, se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo demandado por ineptitud sustantiva de la demanda (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).