La garantía mínima de calidad e idoneidad también se suscribe al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.

Por expresa previsión legal están exceptuados de la liquidación.

Valiéndose de las funciones que le otorgaba el cargo, la exfuncionaria solicitaba dinero a personas investigadas penalmente.

Ante vacíos normativos que obstaculicen el control y la vigilancia fiscal se dispone la reviviscencia.

Lo suspendieron por dos meses y le impusieron multa equivalente a dos salarios mínimos.

La expresión ‘por todo concepto’ debe leerse de manera armónica y sistemática con lo contemplado en el artículo 335 del E. T.

El sujeto pasivo y responsable es quien produce o importa dicho envase, empaque o embalaje plástico de un solo uso.

Corte Suprema señala cómo se deben exponer de manera clara, completa y suficiente los hechos jurídicamente relevantes.

El término de prescripción de la acción disciplinaria comienza a partir de la consumación de la falta y no desde el momento en que dicha conducta produzca un perjuicio: CNDJ.

La efectividad de la garantía también se suscribe al cumplimiento de los términos pactados cuando se realizó el contrato.

De acuerdo con el demandante, los apartes acusados son contrarios a los principios y derechos constitucionales de igualdad, equidad, progresividad y justicia tributaria.

Analizamos los artículos que el alto tribunal declaró no ajustados a la Constitución.

Sobre 22 artículos se declaró la constitucionalidad condicionada.

Alexander Vega informó a los presidentes de las corporaciones la terminación de su periodo el 5 de diciembre de este año.

La Corte Constitucional estudió en la demanda la presunta violación del principio de protección de la diversidad étnica y cultural, principios de dignidad humana en materia punitiva entre otros.

Entre otros requisitos, el organismo de tránsito debe validar a través del RUNT que el usuario esté a paz y salvo por concepto de multas.

Corte Constitucional admitió demanda en contra de la Ley 2220 del 2022.

Normas demandadas serían violatorias del derecho a la igualdad y los principios de equidad y progresividad en materia tributaria.

Corte Suprema amparó derechos fundamentales de los excluidos en la fase II de la Convocatoria 27 por no presentación de la declaración jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

La Dian aclaró varios aspectos sobre el impuesto al patrimonio en virtud de las modificaciones previstas en la Ley 2277 del 2022.

La norma inconstitucional generaba una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse: Corte Constitucional.

Corte Constitucional admitió demanda contra modificaciones de la Ley 2277 del 2022, que pretende proteger derechos de usuarios industriales de zonas francas.

Vínculo profesional se puede demostrar con poder firmado por el abogado.

Corte exhorta a la Unidad Nacional de Protección a adoptar un mecanismo que evalúe periódicamente el estado de funcionamiento de los elementos de protección que proporciona.

Controles de legalidad, los recursos y las solicitudes de adición o complementación no son herramientas legales que se prohíban por la normativa: CNDJ.

La presentación de la demanda principal no interrumpe el término de caducidad frente a la de reconvención porque son instrumentos procesales autónomos.

Cuando el empleador se equivoca en la calificación jurídica o menciona normas distintas corresponde al juez realizarla en debida forma.

La CNDJ logró demostrar que la disciplinada pretendió ocultar su comportamiento omisivo a través de información alterada a su cliente.

Los prestadores podrán revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones que estimen necesarias para la correcta utilización.

No cumplía con los 15 años de experiencia de que trata el artículo 232, numeral 4º, de la Constitución Política.

A diferencia del experto, el consumidor medio no siempre cuenta con una comprensión total del contenido de la información.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La CNDJ absolvió a una abogada que se le reprochaba falta a la honradez al no entregar a la mayor brevedad posible dineros recibidos en virtud de la gestión profesional.

Debe apreciarse además la potencialidad de influir en el recto juicio del juzgador, desviándolo hacia una solución que no es correcta.

Se entiende como la facultad del revisor fiscal para comunicar recomendaciones a la entidad a la que presta sus servicios.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por unos ciudadanos va contra de varios artículos de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria.

Llama la atención la demora del alto tribunal en la comunicación de sus decisiones, como es el caso del fallo sobre la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

De la visita técnica de revisión que sugiere el cambio del medidor se debe levantar un acta legible y sin tachaduras.

Informe del revisor fiscal no puede ser modificado, sino únicamente adicionado, aclarado o precisado en sus efectos o alcances.

La exigencia se basa en el artículo 572 del Estatuto Tributario, sobre requisitos formales que deben cumplir los representantes.

Presuntamente habría incumplido los parámetros para las citas de obras, de acuerdo con la normativa que protege el derecho de autor.

Si atribuye falsamente la comisión de un delito o un comportamiento contrario a derecho a un sujeto procesal incurriría en acusación temeraria.

No cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.

Existe falla en la prestación de los servicios públicos cuando hay incumplimiento en la prestación continua y de buena calidad.

La CNDJ estudió el caso de un jurista que asumió las labores encomendadas en sociedad con un tercero, el cual no era abogado.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por trasgredir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270.

El costo del medidor deberá ser asumido por el usuario bien en la factura del respectivo servicio o en el contrato de compraventa.

A diferencia de la caducidad, la prescripción es renunciable, se puede interrumpir y no puede ser declarada de oficio.

Autorización exclusiva a los ingenieros civiles para las tareas de diseño y revisión de diseños de construcciones estructurales sismorresistentes es ausente de discriminación.

Cuando el contradictorio no se encuentra debidamente integrado se configura la excepción prevista en el numeral 10 del artículo 100 del Código General del Proceso.

Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.

Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Una jueza fue suspendida por ignorar el carácter preferente de las acciones de tutela al retardar la decisión sobre el amparo sin justificación.

Al fijarse honorarios se deben cumplir con criterios de justicia, equidad y honradez.

En el caso bajo estudio, durante el tiempo en que el abogado actuó como apoderado no le informó al cliente ni siquiera el número de radicado del proceso.

De acuerdo con la demanda, la expresión acusada vulnera los artículos 340 y 324 dela Constitución.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.

Las normas no evitan el cobro de valores tributarios causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, por el contrario, ordenan que se priorice su pago en un futuro.

No puede desconocerse el carácter de servicio público al transporte terrestre especial de personas, porque el precio no está regulado por el Estado o no se sujeta a horarios o rutas.

A empleados que ocupan cargos en plantas temporales no se les debe dar tratamiento de servidores de carrera administrativa ni de libre nombramiento y remoción.

La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.

Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a la inaplicabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito cuando la inactividad proviene de una omisión del juzgado.

La confesión como medio de prueba se encuentra debidamente regulada por el Código de Procedimiento Penal y, en virtud de la Ley 1123 del 2007, resultan aplicables en materia disciplinaria.

La CNDJ confirmó que el auxiliar de justicia en su calidad de secuestre incurrió en la falta gravísima, por lo que procedía inhabilidad general para ejercer empleo público.

La ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que confluyen en la materia competencias nacionales, regionales, departamentales, municipales y distritales.

De conformidad con el numeral 3º del artículo 488 del Código General del Proceso, es requisito de la demanda indicar el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos.

Obviar la ritualidad que la ley prevé para la notificación no es un asunto de mero formalismo, pues la notificación de la sentencia está intrínsecamente ligada con el debido proceso y, más concretamente, con el derecho de defensa.

De acuerdo con la demandante, en el Registro del Estado Civil de las personas debe estar lo relacionado con el estado civil que se adquiere cuando se declara la unión marital de hecho.

De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.

Cuando el abogado asume una representación judicial se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión.

La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.

El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU consistió en adelantar un incidente cuando el proceso ya se había terminado mediante sentencia.

Esta inhabilidad busca impedir que la contratación con el Estado favorezca la campaña del contratista que aspira a dicho cargo: Consejo de Estado.

No se advierte que el auto que niega por improcedente una solicitud de comparecencia de peritos a la audiencia de pruebas este consagrado en el artículo 243 del CPACA.

Los saldos insolutos que se generen entre el trámite de la liquidación y la aprobación de la partición estarán a cargo de la sociedad: Corte Suprema.

Uno de los criterios para calcular los costos administrativos son los gastos comerciales propios de la prestación del servicio.

Sin embargo, no es posible aprobar el proyecto de distribución de utilidades repartibles si no se han aprobado los estados financieros.

No se encontraron los presupuestos de la causal de inhabilidad para ser congresista por celebración de contratos con entidades estatales.

La negligencia del investigado privó a la quejosa de acceder a la administración de justicia: CNDJ.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió un conflicto negativo de competencia para que defina cuál es la autoridad que deberá investigar disciplinariamente a tres auxiliares de la justicia.

La norma, que se refería a industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, fue derogada por la Ley 2277 del 2022.

El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios.

La CNDJ resolvió un conflicto de competencia que se presentó entre las comisiones seccionales de disciplina judicial de Bolívar y Atlántico.

Se declaró la nulidad del acto de nombramiento de Andrés Barreto como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El fuero contractual atañe al lugar de cumplimiento de las obligaciones incorporadas a los documentos adjuntados como títulos valores a la demanda ejecutiva.

Cuando el consumidor acude a ejercer la efectividad de la garantía, a la empresa no le queda otro camino que entregar o reintegrar el precio.

Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.

Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.

La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.

La CNDJ resolvió modificar una sanción impuesta contra un abogado al evidenciar que no se justificó la trascendencia social de la conducta.

De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.

La violación a la prohibición legal de adicionar los contratos estatales en más del 50 % de su precio inicial debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones.

En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.

La CNDJ confirmó la terminación anticipada de la investigación disciplinaria contra un abogado que en calidad de endosatario inició la acción judicial.

La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.

La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.

Persona dedicada a la educación y/o actividades de atención en salud y asistencia social deberá considerar el límite de 100 mil UVT.

Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.

Según la propuesta, se modificaría el artículo 594 de la Ley 1564 del 2012.

Modificaciones hechas por un particular de manera autónoma a una bicicleta no están inmersas en la excepción normativa.

La prescripción debe ser alegada por la parte que pretende favorecerse, es renunciable y se puede interrumpir.

La nulidad por omisión en la notificación del auto admisorio de la demanda se sanea cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia en el que el demandado contaba con varios domicilios.

No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.

Esta figura opera por mandato legal y no es concomitante con el recurso de apelación: CNDJ.

El arrendatario de un ‘leasing’ operativo no debe registrar en su activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien objeto del contrato, pues solo será el dueño de aquel quien tenga que declarar.

Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.

Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.

El procedimiento de combinación debe corresponder al marco normativo contable de la subsidiaria responsable del proceso.

Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.

Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.

Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente: Corte Suprema.

Corte resolvió un conflicto de competencia que se presentó en una demanda de imposición de servidumbre de energía eléctrica.

No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.

El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.

Toda actuación en causa propia supone una incompleta imputación jurídica que resulta inexorablemente en la absolución del disciplinable: CNDJ.

En lo que respecta al proceso de reorganización, deberán reportar desde la solicitud de admisión la totalidad de proyectos.

La medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado no tiene la condición de previa para eximirse de enviar copia de la demanda y anexos al ente demandado.

En los procesos de alimentos será competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve: Corte Suprema.

Es precisamente del ejercicio de la opción de compra que el legislador condicionó el acceso al beneficio tributario de la exención del pago del impuesto sobre las ventas.

Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.

Se determina la competencia con base en el numeral 10 del artículo 28 Código General del Proceso y el auto de unificación AC140-2020.

El Consumidor puede exigir que se preste el servicio incumplido en las condiciones pactadas o la devolución del pago

La competencia no se circunscribe a adelantar procesos de liquidación judicial de personas naturales comerciantes fallecidas

Los magistrados Magda Victoria Acosta y Walteros Alfonso Cajiao se apartaron de la decisión de la mayoría e indicaron que debió declararse la nulidad de lo actuado, en cuanto la suspensión debió ser de por lo menos seis meses.

Es obligación del destinatario dejar la respectiva constancia al momento del recibo, incluso en caso de reticencia del proveedor.

En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.

De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.

Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.

Si esto no sucede, se declarara prematuro el conflicto de competencia.

La etapa de alegaciones fue contemplada en el CPACA para la apelación de sentencias y no para el trámite de la apelación de autos.

El comportamiento del abogado vulneró el principio de celeridad en la administración de justicia.

La Dian adicionó el Concepto General Unificado en materia cambiaria del 2022, en cuanto a ejecutoria de los actos administrativos.

Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...

El jurista debió guardar respeto y compostura y centrar sus argumentos en atacar jurídicamente el fallo apelado sin utilizar afirmaciones ofensivas e injuriosas: CNDJ.

La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.

Subsanación de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente aplica para las presentadas hasta el 13 de diciembre del 2022.

Aun sabiendo que no tenía derecho de postulación, se presentó y aseguró que la diligencia era ilegal y que no permitiría que se realizara.

En todo caso, el pago será válido solo si el empleador concede simultáneamente en tiempo los días que no van a ser compensados.

De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

La demanda fue radicada el viernes 1º de julio de 2022 a las 7:41 p.m., no obstante, el horario de atención de los despachos judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.

El trámite de la medida cautelar se realizara por medio del procedimiento ordinario previsto por el artículo 233 del CPACA, por lo que se le corrió traslado al ministerio demandado del escrito que contiene la solicitud.

En todo caso, los administradores deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en actividades que generen conflicto.

El demandante puede optar por el juez del domicilio de su contraparte o el del foro contractual.

Solo los rubros que describe el artículo 8º del Acuerdo de Valor de OMC, en concordancia con el numeral 1º del artículo 18 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, son los que deben formar o integrar el valor de la mercancía en aduana.

Así lo indica el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.

De acuerdo con el actor, la norma acusada niega la posibilidad de que se haga uso de la lista de elegibles para proveer vacantes definitivas preexistentes en la Fiscalía que no fueron ofertadas por arbitrio institucional.

La relación de consumo es una relación de carácter contractual, por lo que las partes deben cumplir las obligaciones adquiridas.

Se debe enunciar concretamente los hechos objeto del testimonio solicitado en el proceso para que la otra parte pueda preparar adecuadamente su contrainterrogatorio, a fin de desacreditar al testigo o su relato.

La superintendencia recordó la figura del “consumidor Bystander”, que resulta expuesto a relaciones de consumo.

Hacen parte del núcleo familiar del cotizante, entre otros, el cónyuge y los hijos menores de 25 años que dependen económicamente de él.

Se decreta la terminación y el archivo del proceso, porque, para esta área del Derecho, la responsabilidad es personal e individual, entendiéndose esta situación como un hecho generador de total imposibilidad de proseguir con la acción disciplinaria.

En caso de no disponibilidad del producto, el consumidor puede resolver o terminar, según el caso, el contrato unilateralmente.

Corresponde al interesado evaluar y verificar en cada caso particular si el servicio de arrendamiento está excluido.

De acuerdo con el actor, se le están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio a los menores de edad.

Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.

No puede descalificarse ese acto de entrega por el simple hecho de que se hubiese realizado por medios digitales.

La publicidad engañosa supone la existencia de un mensaje con capacidad para influir en las decisiones de consumo del usuario.

Se deberá analizar en cada caso particular si la cobertura de estos gastos incrementa o no el patrimonio neto del teletrabajador.

Corte Suprema se pronunció sobre la carga al demandante de notificar a su contraparte para interrumpir el término prescriptivo.

Pueden ser cobrados a través de la jurisdicción ordinaria mediante un proceso ejecutivo o por jurisdicción coactiva.

Fueron expedidas las resoluciones 89365 y 89366 del 2022.

El mandatario puede asumir directamente vía decreto y de manera constitucional y legal la competencia para reglamentar las tarifas.

Los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla.

La CNDJ confirmó suspensión de abogado que no se presentó a juicio oral y previamente había presentado solicitudes de aplazamiento sin justificación.

Sin importar que en el extremo pasivo de la acción se encuentre una entidad de naturaleza pública de cualquier orden.

La solicitud puede presentarla quien ejecute la construcción, instalación y montaje de los sistemas de control o monitoreo ambiental.

Abierta la etapa de inscripciones no puede ser objeto de modificaciones que terminen repercutiendo en las condiciones de la convocatoria.

La CNDJ se pronunció sobre acciones de un jurista que no fueron autorizadas por su poderdante, como el hecho de aportar su cuenta de ahorros personal para abonos de un pago.

Dentro de los requisitos está el incremento del impuesto neto de renta del periodo gravable objeto del beneficio.

Inhabilidad para ser testigos en un testamento solemne también comprende a los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado civil del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento.

Sí, cuando se tiene ingresos derivados de un contrato de cesión de posición contractual y corresponda al desarrollo del objeto social de la empresa.

Consejo de Estado explicó la congruencia entre los cargos y la sanción ya que las empresas investigadas incurrieron en la conducta de acuerdo para la fijación de precios.

Se tienen en cuenta los cambios introducidos al Decreto 2555 del 2010 sobre sistemas de pago de bajo valor.

Tomó dinero de la gestión encomendada y no se lo devolvió a su cliente.

Se confirmó la sentencia por medio de la cual sancionaron a la jurista por incurrir en la falta prevista en el artículo 33 de la Ley 1123 del 2007.

Las fallas que afectan la calidad del servicio dan derecho al usuario a las reparaciones previstas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.

En la revisión de contenido de los estatutos tributarios municipales se realiza principalmente un cotejo de normas sustanciales.

La sanción es un mensaje claro a los abogados que se valen de su profesión para apoderarse de dineros o de otros bienes que les corresponden a sus clientes.

La Comisión de Disciplina Judicial confirmó la sanción a un defensor público que no asistió a audiencias pese a encontrarse en turno.

Las fallas o irregularidades deben informarse al usuario y/o suscriptor, junto con las razones para reponer o reparar el equipo.

Es posible que en determinadas ocasiones se les exija a empresas foráneas el cumplimiento de alguna disposición que en principio no les resulta aplicable.

Indistintamente de si se trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido o pertenecieran a este, o de cualquier otra entidad, sin importar su orden territorial.

Se mantienen los valores para el 2023 para la tarjeta profesional de abogado.

El profesional tiene el deber de ejecutar de manera diligente la labor encomendada, sin que de ninguna manera pueda trasladar su indiligencia a los usuarios o a cualquier operador de la justicia.

En ambos eventos se podrá aplicar la reducción al 40 % de la sanción cuando el presunto infractor reconozca haber cometido la infracción.

Cuatro meses de sanción obtuvo por faltar a su deber de obrar con buena fe en sus relaciones profesionales.

Los entes territoriales están facultados para formular planes de ordenamiento territorial y reglamentar usos del suelo.

La CNDJ confirmó la sanción al encontrarla debidamente motivada y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La demandada aplicó lo correspondiente al consumidor teniendo en cuenta lo enunciado al momento de la compra.

Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.

Aunque en su defensa la abogada indicó que el quejoso le prestó ese dinero, no hay pruebas del préstamo.

El plazo de gracia de 30 días es suficiente para entender que una persona se pondría al tanto de las condiciones en que se encuentran los bienes asegurados y en caso de no hacerlo asume las consecuencias adversas.

Consejo de Estado explicó esta calidad para configuración de inhabilidad para el ejercicio de cargo públicos.

Los trabajadores no desempeñarían un trabajo ocasional, no reemplazarían personal en vacaciones o en licencia, tampoco atenderían incrementos de producción por períodos estacionales o por cosechas.

La actuación prevaricadora es aquella que contradice de forma inequívoca el sentido del texto normativo: Corte Suprema

De acuerdo con la Ley 675 del 2001, el administrador debe bajo su dependencia y responsabilidad llevar los libros de contabilidad.

El valor neto de liquidación de activos y pasivos se calculará con base en la información más fiable con que cuente la entidad.