Declaran condicionalmente exequible el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil, sobre causales de divorcio.
Declaran exequible norma en el entendido que incluye todas las formas de irrespeto sobre dicha población.
Según la entidad, la medida se dio porque las constructoras no subsanaron las fallas estructurales y sistemáticas que presentaban los bienes adquiridos por los propietarios.
Compensar pide la liquidación, pero asegura que continuará atendiendo a sus usuarios de la mejor forma posible, hasta el último día que estén a su cargo. Descargue las resoluciones.
La protección por fuero de paternidad no opera de manera automática, está sujeto al cumplimiento de varios requisitos.
Actos administrativos que imponen sanciones derivadas de incumplimiento de obligaciones tributarias pueden ser demandados directamente.
El cuestionado lo acusó de hacerle “matoneo jurídico” para dilatarle, demorarle, entorpecerle y obstruirle un proceso.
Una de ellas se refiere al impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso y su no causación.
El concepto de “recreación familiar” se debe interpretar teniendo en cuenta la definición del artículo 5 de la Ley 181 de 1995.
La Corte Constitucional pide al Congreso adoptar un régimen de causación que considere integralmente el enfoque de género.
Los cursos virtuales están dirigidos a brindar conocimientos sobre el sistema anti lavado de activos.
El título ejecutivo que originó el proceso se había suscrito por $ 6.500.000, sin embargo, el proceso se inició por $ 76.500.000.
La residencia es el lugar con ánimo de permanecer allí y la dirección es el sitio para recibir notificaciones judiciales.
Los consumidores fueron vinculados a contratos a través de una simulación de créditos mediante una aplicación sin contar con la debida información.
La garantía legal comprende la entrega material del producto o la devolución el dinero pagado en caso de no haberlo recibido.
La causal de ausencia de responsabilidad fue una anormal carga laboral.
En el mismo sentido, llama la atención de los profesionales del Derecho encargados de la defensa técnica en procesos penales.
La sanción se relaciona con actuaciones judiciales o extrajudiciales como apoderado o contraparte de una entidad pública.
Findeter podrá mantener la línea de crédito directo con tasa compensada hasta por un billón de pesos.
Liquidación del empleador en eventos de despido por embarazo da lugar a medidas sustitutivas de protección.
La medida busca garantizar el derecho fundamental a la salud de la población afiliada al régimen subsidiado que no ha sido encuestada.
La medida de arresto es proporcional, pues le permite al juez una respuesta inmediata que otros mecanismos no brindan.
Cambian varios artículos de la Resolución 5707 del 2019.
El monto máximo financiable mediante esta línea de crédito será de $ 4 millones.
No puede entenderse que el ejercicio del Derecho se regule por tarifas impuestas como si se tratara de servicios con características uniformes.
El objetivo de este plan es garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.
El profesional incumplió el deber de colaborar leal y legalmente con la recta realización de la justicia y los fines del Estado.
La restricción aplica cuando se trate de la exposición de órganos genitales para generar acoso o violencia sexual.
A la crítica situación de seguridad que viven las ciudades colombianas se le agrega una tendencia cada vez más preocupante que podríamos describir genéricamente como la aplicación de justicia por mano propia.
En estos eventos, la carga de la prueba se invierte y la autoridad demandada debe actuar y controvertir las declaraciones.
Se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 16 del Decreto 2647 del 2022.
La iniciativa propone modificar el artículo 687 del Código Civil e introduce el numeral 17 al artículo 594 del Código General del Proceso.
Según la norma, se modificó el artículo 4° de la Resolución 326 del 2023.
Claves para no tener problemas como el del abogado de la Alcaldía de Bogotá que dejó encendida la cámara mientras se duchaba.
Se modificó el numeral 7 del artículo 40 de la Resolución 40311 del 2020 del Ministerio de Minas y Energía.
Congreso incurrió en omisión legislativa relativa al excluir de la regulación a quienes trabajan en servicio doméstico como internos.
El Consejo de Estado no derogó una exclusión tributaria, sino que la interpretó en concordancia con la legislación vigente.
La Dian remplazó un descriptor del Concepto Unificado 106 del 2022, sobre obligación de facturar y factura electrónica.
En julio del 2001, la empresa de energía cuestionada abrió las compuertas de la represa y expulsó sedimentos que fueron vertidos al río.
Se evidenció un ejercicio abusivo de los mecanismos procesales en detrimento del adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
Porque no corresponden a actos administrativos y son actos jurídicos de carácter privado.
Los educadores que voluntariamente se presenten deben haber obtenido una calificación mínima del 60 % en las últimas dos evaluaciones anuales de desempeño que hayan presentado.
El pago deberá ser distribuido en iguales proporciones en los meses de facturación que restan del tercer año del periodo de vigencia de la obligación de prestación de los servicios.
Publican el fallo que declaró inexequible una expresión del numeral 4º del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
Según la norma, la protección debido al cargo incluye a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El Creipasajeros y Creicarga son los documentos que se expiden a través del RUNT, una vez se realiza la desintegración del vehículo.
La CRC establece el siguiente procedimiento para la liquidación y pago de la contribución correspondiente al año 2024.
Sin perjuicio de las posibles investigaciones administrativas por el eventual incumplimiento de los deberes del administrador.
Según los demandantes, sería conveniente que la ley contemplara el análisis de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales.
Se debe adjuntar constancia del levantamiento o autorización del beneficiario de aceptar continuación.
Con el fin de asumir en debida forma la competencia dada por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Según el demandante, la norma se derogó sin ninguna justificación y sin guardar ninguna relación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Este recurso tiene un carácter extraordinario, es taxativo y tiene una interpretación restrictiva de sus causales.
La cuestionada desconoció de manera dolosa el acervo probatorio que se obtuvo en el curso de la investigación penal.
Según el documento, el consumo de sustancias sicoactivas debe abordarse con enfoques de salud pública, derechos humanos y respeto a la diferencia.
La nueva norma modifica el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 2497 del 2022.
Se prioriza la protección de la vida, igual que la prevención de muertes violentas por el uso de armas de fuego.
Las EPS del régimen contributivo deberán destinar mínimo el 5 % para la operación de equipos básicos de salud.
La solicitud de vigencia, el certificado de reconocimiento de la práctica jurídica (judicatura) y la licencia temporal se mantienen gratuitos.
Contribuyentes que perciban rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral podrán detraer los costos y gastos.
Los interesados podrán enviar sus comentarios hasta el 12 de enero del 2024.
El acto administrativo fue expedido con falsa motivación, al evidenciarse un error de derecho en su justificación.
Es deber del consumidor informarse sobre la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre productor y/o proveedor.
Consejo de Estado accedió al recurso de súplica interpuesto por la Dian.
Revive el numeral 3º del artículo 42 de la Ley 2155 del 2021, que en su momento modificó el artículo 908 del Estatuto Tributario.
Las demandadas invadieron la competencia del legislador al establecer un término máximo de duración de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.
Para tal fin, el proyecto plantea modificar los artículos 1º, 6º, 9º, 10, 15, 16 y 18 de la Resolución 1702 del 2021 y su anexo técnico.
La normativa plantea modificar el artículo 1º de la Resolución 40619 del 14 de octubre del 2023.
La firma de la alianza se realizó en el marco del ‘III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria’, que se llevó a cabo en Neiva.
La inhabilidad se originó porque celebró dos contratos con el distrito Santiago de Cali, dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
Colombia Compra Eficiente excedió su competencia al expedir las circulares y ellas desconocieron el alcance del artículo 3º de la Ley 1150 del 2007.
Debe evaluarse cada caso particular teniendo en cuenta los criterios de los numerales 1º y 2º del artículo 6º de la Resolución 164 del 2021.
Colombia, hoy, en lo que a la inmunidad de ejecución de los Estados se refiere –vía solicitud de ejecución de laudo internacional de las características del examinado– permanece, sin ambages, incólume.
Aquellos establecimientos de crédito que, a la fecha de expedición de la presente circular, se encuentren en fase desacumulativa, no se podrán acoger a la medida transitoria prevista en este documento.
La disposición cuestionada generaba falta de certeza y seguridad en la determinación de los elementos que configuran el impuesto.
Declaran exequible condicionalmente el artículo 2º de la Ley 2101 del 2021 y el numeral 1º del literal b) del artículo 162 del CST.
Para tal fin, se modifica la circular reglamentaria externa DCIP-83.
La renta se genera por ingresos de venta de bienes y/o prestación de servicios en territorio nacional.
Debido al reexamen que sobre el tópico debe realizar el tribunal de arbitramento constituido para resolver el conflicto correspondiente.
Se acreditó la falla en los servicios de infraestructura aeronáutica, la cual fue una de las causas del accidente aéreo que provocó la muerte de una persona.
La suspensión se dará hasta que el Ministerio de Minas y Energía defina los nuevos rangos de referencia de eficiencia energética, para los equipos de acondicionamiento de aire.
Cuentas por cobrar a vinculadas sin domicilio fiscal en Colombia son derechos de crédito o derecho personal.
Cualquier exigencia adicional a las previstas en la normativa y que haga gravoso el acceso a la pensión es una barrera administrativa.
La falta de interventoría podría producir una prolongada e injustificada dilación en el tiempo de ejecución del objeto contractual.
Para tal fin, la normativa plantea modificar el artículo 8º de la Resolución 3039 del 2021.
El Inpec y la USPEC deberán elaborar una ruta de atención especial para esta población, vinculante para todos los establecimientos carcelarios.
Este proyecto estará disponible para comentarios hasta el próximo 24 de noviembre.
Las entrevistas se realizarán de manera reservada en el Palacio de Justicia el lunes 20 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana.
El presente proyecto sería de obligatorio cumplimiento para los entes gestores, operadores de transporte y recaudo de los sistemas de transporte cofinanciados por la nación.
Las intendencias regionales tendrán que llevar el registro de procesos a su cargo, por etapas adelantadas y pendientes, según lineamientos y políticas de la administración.
Condenado tiene la posibilidad de reparar los derechos del menor titular del derecho alimentario.
Suprimir competencia de los jueces para conocer los procedimientos agrarios en fase judicial requiere de un trámite diferente.
Jueces deben motivar las decisiones que afecten los derechos fundamentales de partes e intervinientes.
Se acreditó el desconocimiento de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo por parte del exsenador.
Es competencia del presidente de la República establecer la remuneración en la Rama Judicial.
Hay una exclusión injustificada de los parientes en segundo grado civil de los destinatarios de las inhabilidades para contratar.
Es necesaria la causal para permitir que el cónyuge afectado pida el divorcio cuando la convivencia se torna intolerable debido a las adicciones de su pareja.
Para configurar la causal se debe demostrar que el propietario participa de alguna manera en la realización del acto ilícito o lo tolera.
La calificación es el resultado de un análisis detallado sobre diferentes aspectos de la conducta.
Los interesados podrán enviar sus cometarios hasta el próximo 16 de noviembre.
Esto no es una consideración o gratificación especial del empleador, sino una obligación prevista en el Código Sustantivo de Trabajo.
Aceptar y exigir remuneraciones por retardar u omitir actos propios del cargo que se desempeña conlleva un grave daño social.
El Consejo de Estado niega tutela que buscaba mantener candidatura, por considerar que las razones del CNE fueron jurídicamente razonables.
Resulta desproporcionada al afectar otras garantías constitucionales, como el derecho a la presunción de inocencia.
La norma busca garantizar la fuente económica de reparación del arrendatario, en caso de que se incumplan las razones de resolución.
Se deberá aplicar el límite de duración de la medida de aseguramiento regulado en el artículo 307A del Código de Procedimiento Penal.
Los interesados podrán enviar sus comentarios hasta el 4 de noviembre del 2023, a través de la página web de la entidad.
Esta normativa aplica para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que tengan interés en ser asignatarios de recursos del fondo único de TIC.
Esta norma aplica para diputados, concejales municipales, distritales y miembros de juntas administradoras locales.
Acreditar las mismas cotizaciones que los hombres en un periodo inferior era una discriminación indirecta en contra de las mujeres.
La venta de tiquetes de otras aerolíneas no es parte de lo que le corresponde hacer a la aerolínea investigada.
Dada la naturaleza jurídica diversa de quienes fungen como corresponsales, cada banco establece sus términos y condiciones.
La inhabilidad ya se aplica a la Cámara de Representantes, pero proponen se incluya también para el Senado.
Esta es una de las más altas sanciones que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha impuesto a un magistrado.
La Corte Constitucional admitió nueva demanda contra varios incisos del numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 del PND.
La sanción moratoria hace parte del sistema de administración de cesantías y no del régimen anualizado.
La iniciativa también propone crear la subclase de animales domésticos de compañía.
No se exige para la imputación de la agravante ser servidor público, puesto que también pueden ejercerse en el sector privado o en el religioso.
Las observaciones a este proyecto de decreto podrán ser enviadas hasta el 21 de octubre.
Continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido condiciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 2277 del 2022.
Hay que superar el posible falso dilema según el cual todo lo que no es persona es cosa, dice el tribunal.
La alta corte explica tres casos cuando una no está prestando servicios especializados e independientes.
Autonomía de las organizaciones deportivas no es absoluta, pues están sujetas a la vigilancia y aprobación de sus estatutos y reglamentos.
Al parecer, Movistar estaría activando y cobrando a sus usuarios un producto sin su autorización o aceptación previa.
El funcionario cuestionado recibió dádivas con el fin de favorecer a uno de los sujetos procesales y no imputarle un delito.
Se refiere a las declaraciones y las liquidaciones que trata el numeral 5º del artículo 208 del Estatuto Orgánico de Sistema Financiero.
Con fundamento en los deberes adquiridos por Colombia al adherirse al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Para su expedición no se celebraron consultas con el público y no se divulgaron la totalidad de las decisiones adoptadas en transcurso de dicho procedimiento.
La reducción de la pena puede acompasarse con la reducción de la condena de la repetición.
Libro de actas de asamblea general o el máximo órgano directivo que haga sus veces constituye prueba idónea de las decisiones adoptadas.
O la devolución del dinero pagado en caso de no haberlo recibido, tratándose de operaciones mediante comercio electrónico.
Se calculará la mediana de las simulaciones de cada tipo de fondo y publicará el valor del componente prospectivo a más tardar el 29 de septiembre del 2023.
En ÁMBITO JURÍDICO invitamos a siete expertos para que nos compartieran sus puntos de vista sobre la protección de los neuroderechos.
El concepto de medio ambiente comprende a los animales y existen instrumentos relacionados con la protección a la fauna y flora silvestre.
Siempre y cuando se realice antes de que el juez emita alguna decisión al respecto.
Se debe analizar si la conducta afectó el normal desarrollo de las funciones de la empresa y trascendió la esfera privada.
Se hicieron varias modificaciones al Capítulo XXXI del Sistema Integral de Administración de Riesgos (Siar).
Corresponde a una actividad de gestión de activos, en los términos del numeral 8 del artículo 906 del Estatuto Tributario.
Esta consideración no se relaciona con las funciones de las dependencias a las que son adscritos, sino a la competencia funcional.
Según la demanda, disponer consecuencias jurídicas adversas al consumidor comporta un efecto represivo e intimidador.
Corresponde al consumidor demostrar la existencia de información y/o publicidad engañosa, aportando pruebas documentales.
Los nuevos obligados deberán presentar sus declaraciones a través de los servicios informáticos de la Dian, haciendo uso del instrumento de firma electrónica.
Se trasladarían los procuradores judiciales y otros funcionarios para fortalecer a la Rama Judicial.
Celebración de los contratos estatales mediante contratación directa no puede comportar el ejercicio arbitrario de la libertad contractual.
El Código Disciplinario del Abogado incluye comportamientos que constituyen actos de deslealtad en contra de los colegas.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.
Solo de esa forma se garantiza el derecho del usuario a una administración de justicia efectiva.
Al parecer, la Dian desatendió definiciones expresas que consagró el legislador extralimitando de esa manera su función de interpretación.
Tutelan los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de una menor transgénero por la publicación de un video en una red social.
La conducta y su correspondiente sanción deben atender la descripción normativa y no el parecer de la administración tributaria.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.
Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.
Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.
Asignar funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas supone una definición clara, puntual, fija y cierta de las materias.
La fragmentación de la Sala Penal es excepcional y se justifica cuando sea indispensable para asegurar la efectividad del derecho a impugnar la sentencia.
No existe precepto que así se los imponga, al contrario, la normativa aplicable recae en el usuario de la administración de justicia.
Según el demandante, el trato diferencial no está justificado constitucionalmente.
La norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, ni el de escoger profesión y oficio.
Las regalías a las que se refiere el beneficio son aquellas recibidas por o para el municipio, y no el total de las aportadas al sistema en general.
Silencio de la víctima de delitos sexuales no significa que los hechos no hubieran ocurrido.
Los abogados cumplen la función de acercar a los ciudadanos a la administración de justicia para defender sus derechos e intereses jurídicos.
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución, esa facultad le corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
La norma dispone condena en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
No existe condición de venta si el canon o regalía se paga a una empresa propietaria de una marca en el exterior por parte de un importador de productos al país.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avocó el conocimiento del recurso de súplica para proferir auto de unificación de su jurisprudencia.
Declaran nulidad del Concepto 908127, también identificado como el Oficio 100208221-1270, del 12 de agosto del 2021, de la DIAN.
El Consejo Nacional Electoral deberá resolver las solicitudes que le realicen las comisiones escrutadoras departamentales sobre los escrutinios generales.
No se deben estandarizar los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser elegidos como directivos de organizaciones solidarias.
La sola participación del magistrado en la expedición de la sentencia cuestionada a través del recurso extraordinario no afecta el principio de imparcialidad.
Las expresiones demandadas estarían creando nuevas reglas de competencia.
Obligaciones deben seguir siendo asumidas por el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y/o usuario supérstite.
La normativa financiera permite la prestación de servicios a través de corresponsales físicos, móviles o digitales.
Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no pueden ser contratistas.
La cuestionada deberá pagar una multa de $ 232 millones y devolver a los consumidores los intereses cobrados en exceso.
La condición de no tener en curso investigaciones administrativas migratorias originadas en su ingreso irregular al país o no tener en curso procesos policivos.
Se debe analizar si existe la posibilidad de hacer incurrir en error a la administración de justicia.
Pueden celebrar contratos estatales las personas legalmente capaces, siempre que no exista inhabilidad o incompatibilidad.
Se negó la solicitud de suspensión provisional formulada contra varios preceptos de la Ley 2272 del 2022, por no cumplir requisitos mínimos.
Los porcentajes de ponderación de las participaciones regirán para el periodo de acumulación comprendido entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio del 2024.
No basta con que la cooperativa acreedora envíe una misiva al empleador ordenando la retención y aportando copia del título valor.
Régimen especial de las fuerzas militares debe otorgar un nivel de protección igual o superior al del régimen general de pensiones.
La DIAN reconsideró el subnumeral 1.1.17.3.5 del Concepto Unificado 106 del 2022, en el marco del contrato de mandato aduanero.
Corresponde a cada contribuyente y responsable del IVA evaluar y determinar en cada caso particular la normativa tributaria.
Si se logra establecer la responsabilidad de la cuestionada, se podrán imponer multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales.
La profesional no fue notificada a ninguna de las direcciones que aparecían en el Registro Nacional de Abogados.
El alto tribunal constitucional tiene para su estudio la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional encontró que la ley aprobatoria del tratado incumplió el análisis de impacto fiscal que era exigible.
Obligación del trabajador de pagar una indemnización de 30 días de salario por renunciar de forma intempestiva fue eliminada.
Consejo de Estado explicó que la configuración de dicha causal ocurre al momento de la destinación de los dineros.
De lo contrario, se configuraría un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
El injusto disciplinario no se estructura a partir del principio de lesividad.
No se cumple con el requisito de presentación personal cuando muere el mandante antes de la presentación de la demanda.
Si el conductor del vehículo se dirige a recoger a la persona beneficiaria en determinado lugar no podría ser sujeto de sanción.
Minhacienda publicó el borrador de un decreto en donde se estipularían las condiciones para que multinacionales digitales que prestan sus servicios en Colombia comiencen a tributar a partir del próximo año.
Para efectos del pago, la Superfinanciera remitirá a las entidades vigiladas el cobro correspondiente por su página web.
La normativa reglamenta el tratamiento de dividendos y participaciones en materia de impuestos y retención en la fuente.
En las actuaciones judiciales se necesita contar con declaraciones de los testigos espontáneas, libres y voluntarias.
La norma no prevé que la consecuencia de la omisión de envío del memorial al correo electrónico de la contraparte constituya causal de inadmisión del recurso.
