El Consejo de Estado analiza el cumplimiento de los presupuestos legales que se exigían para la imposición de medida privativa de la libertad.

Lo contrario sería afectar la integridad de la obra, así como ejercer censura.

El incumplimiento deriva de la insatisfacción del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de culpabilidad del deudor.

La Corte declaró constitucional el financiamiento del presupuesto máximo que transfiere la ADRES.

El consumidor tendría derecho a que el empresario ponga a su disposición el bien por un precio considerablemente inferior al del mercado.

Recuerdan que efectos de fallos de tutela son interpartes.

Resulta impropio afirmar que por la vía jurisprudencial se puedan establecer nuevas causales de invalidez de las cláusulas compromisorias o modificarse el régimen de nulidades previamente existente.

Para su configuración, el servidor público debe estar consciente de que su actuar es típico y que la ley le impone el deber de actuar; no obstante, decide no hacerlo.

Capacitación en nociones básicas dependerá de lo que prevea cada establecimiento educativo en su PEI.

La protección incluye no solo el traslado, sino la actividad diligente que minimice la exposición de la persona a la contingencia.

La Corte resolvió si en la norma demandada el legislador desconoció el principio de unidad de materia.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, el reporte se debe efectuar en un plazo máximo de 18 meses.

La figura de verificación del cumplimiento de un fallo de acción popular no comparte características similares a las de los auxiliares de la justicia.

El alto tribunal constitucional explicó cuándo no se incurre en el delito de ayuda al suicidio.

Es obligación constitucional darles un trato preferencial previo a nombrar a quienes superaron el concurso de méritos.

El Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento a la Sentencia SU-067, dio a conocer el cronograma completo de la convocatoria.

Una de las conclusiones de la Misión es concluyente: el mercado laboral “obstaculiza el camino hacia una sociedad más prospera e incluyente”, lo que se refleja en una precarización de los trabajadores.

El Consejo de Estado recuerda que la acción popular se caracteriza por ser autónoma, dado que su objeto es la protección de derechos colectivos.

La nueva demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.

Es necesario que se mantengan a los empleados las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación inicial.

Con la pandemia, el sector legal reconoció, de primera mano, la importancia de contar con tecnologías para afrontar las necesidades de un mundo que no se detiene.

La falta de autorización de gastos rembolsables para desplazamiento no puede llevar a una persona a prescindir de su esquema de seguridad.

Kevin Hartmann Cortés, experto temas pensionales, habla sobre el sistema de pilares y las alternativas que hoy se debaten en materia pensional.

Debemos realizar un gran “acuerdo social” sobre la necesaria progresividad del sistema.

Desde 1991, cuando surgió la revocatoria del mandato, solo se ha revocado a un alcalde, lo que demuestra que es una figura desgastante y poco efectiva.

La pregunta que queda es ¿qué tan lejos estamos de la pluriparentalidad en el registro civil de nacimiento en Colombia?

En estas prácticas discursivas se combinan mensajes de flexibilidad judicial e intensificación de la amenaza penal en clave de la defensa de ‘valores superiores’.

Mantener la audiencia de imputación es estar cada día más lejos del Iluminismo del siglo XVIII.

Las instituciones educativas deben propender por la prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los educandos.

Los acuerdos anticompetitivos en los mercados laborales merecen especial atención y severidad, pues normalmente vienen a agravar una situación que ya es delicada.

Recordemos que la Ley 2094/21 modificó el Código General Disciplinario para ajustar el ordenamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de Gustavo Petro.

Uno de los objetivos de este libro es satisfacer al educando universitario con un texto completo sobre la parte general de bienes y, simultáneamente, reforzar los conocimientos a los profesionales en ejercicio de esta especialidad.

A través de este libro, adaptado para menores entre 8 y 14 años, se busca que esta población conozca sus derechos y sus deberes y acercar la justicia a la infancia y a la juventud.

Esta obra profundiza en la figura de la unión marital de hecho, reglamentada, por primera vez, a través de la Ley 54 de 1990, y sus efectos económicos, derivados de la formación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

En el derecho comparado, la enseñanza suele insertarse en la noción de servicio público y, en últimas, todo modelo educativo debe propender hacia el fortalecimiento de la democracia pluralista.

En Colombia, al voto se le llama sufragio, porque hasta los muertos votan.

Los parientes civiles tienen vocación hereditaria y excluirlos de las consecuencias de la indignidad sucesoral desatiende el parámetro de igualdad familiar.

La Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual.

No puede existir en el orden jurídico una normativa que contemple la pena de prisión perpetua dentro de su articulado, porque se encuentra proscrita.

La Sala Plena instó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso.

Es un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles.

La Sala Plena se pronunció sobre los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y a la propiedad.

Será necesario acudir a la convocatoria del concurso de méritos para efectos de aclarar las condiciones y darle cumplimiento.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra unos apartes del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

Las causales de agravación contenidas en el artículo 104 del Código Penal aplican jurídicamente al homicidio preterintencional.

La entidad de manera potestativa podrá tomar como base el aumento establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo.

Cuando un profesional asume una representación judicial le asiste el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados.

Uno de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en cargos sometidos al voto popular.

La Corte Constitucional explicó la figura de la declaratoria de imposibilidad del reintegro y la consecuente indemnización compensatoria.

La norma no exige requisito alguno en cuanto a la formación académica o profesional del representante.

Desconocimiento de prestaciones a empleados transitorios es contrario a los principios rectores de las relaciones laborales.

La Corte Constitucional resolvió 28 demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.

Mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos: Corte Constitucional.

Los entes territoriales deben garantizar el suministro adecuado de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en centros de detención transitoria.

Estas reservas, a su vez, pueden apropiarse para el mantenimiento, reparación, construcción o fabricación de bienes comunes, esenciales o no.

La Corte Constitucional precisa si procede en estos casos la acción de tutela o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Resulta ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condene al trabajador a recibir un vestido de labor que no necesita.

Explica la Corte cuándo se tiene derecho al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes prevista en el Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

Es potestad de quien concede revisar si proceden y, en todo caso, adoptar medidas para no afectar los derechos fundamentales del empleado.

El artículo 216 Decreto Ley 19 del 2012 dejó sin efecto y sustento normativo al Consejo Asesor para la Profesionalización del Artista.

No se requiere de una palabra soez o de un insulto para lesionar la honra, el buen nombre o la intimidad y los sentimientos de una persona.

La Sala Civil precisó en impugnación de paternidad la excepción posesión notoria del estado civil de un hijo extramatrimonial.

Se explicó que la contabilización de cinco años comienza a correr a partir de la formulación del respectivo recurso extraordinario de casación.

Los efectos del pronunciamiento se difirieron a un año.

El coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia no logró que su solicitud de precluir el proceso fuera aceptada.

La Corte Constitucional reitera que las barreras administrativas no pueden vulnerar derechos fundamentales.

En todo caso, pueden abstenerse de inscribir el acto constitutivo cuando se omita alguno de los requisitos previstos en la Ley 1258 del 2008.

Esta decisión se tomó hasta que se resuelva una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite administrativo.

Fue demandado el artículo 16 de la Ley 1996 del 2019.

La sentencia de primera instancia concluyó que al excongresista le es aplicable el principio de resolución de la duda en su favor para absolverlo de los cargos.

La configuración del defecto procedimental vulnera los derechos al debido proceso, la propiedad privada y de acceso a la administración de justicia.

Sergio Fajardo, candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, habló sobre la digitalización del proceso judicial, la equidad de género en la justicia y de sus propuestas en esta materia.

Estas audiencias, en las que se reconoce verdad y responsabilidad de manera pública, ayudan a cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia y reparación.

Quiero exaltar la memoria de Gregorio Rodríguez Vásquez, sus logros y su conducta de hombre ejemplar, íntegro y franco.

Dentro de los muchos retos de la violencia intrafamiliar, dos de los más apremiantes tienen que ver con la falta de datos y con las dificultades para caracterizarla.

La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia en el caso de la excongresista.

La Ley 1116 del 2006 previó dos acciones adicionales a las señaladas en la legislación comercial y no excluyentes, en las que se podrá juzgar la conducta de los socios de la concursada.

El Consejo de Estado declaró legales las competencias atribuidas al Ministerio de Transporte en el 2009 para la habilitación de los CEA.

La Corte declaró improcedentes las acciones de tutela presentadas por Colpensiones contra fallos que reliquidaron pensiones de exfuncionarios de la Rama Judicial.

Un fallo de la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 124 a 148 del Decreto-Ley 403 del 2020.

Trata sobre la designación del ingeniero civil como profesional idóneo para desempeñar el rol de ingeniero geotécnico en la construcción sismo resistente.

El desafío para la producción de libros académicos gira alrededor de cómo investigar desde una perspectiva que conecte al Derecho con los dramas sociales sin que sus aspectos dogmáticos clásicos pierdan relevancia.

La Corte Constitucional consideró que el asunto versaba sobre asuntos de carácter económico y pretendía emplear la acción de tutela como tercera instancia.

La moderna infraestructura física cuenta con equipos de cómputo especializado y un grupo humano interdisciplinario con amplia experiencia en investigación forense.

En la reliquidación de la pensión de jubilación deben tenerse en cuenta factores salariales incrementados por la homologación y nivelación salarial.

Una importante reflexión al debate actual en el país acerca de qué tipo de fuerza pública es la que se requiere en este periodo de posacuerdo con las Farc.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una decisión en favor de un abogado por duda probable.

Hay plazo para comentarios hasta el 7 de mayo.

El texto se apoya en el derecho a gozar de un ambiente sano (C. P., art. 79), el fundamento constitucional más significativo del régimen jurídico del aire.

La participación de los miembros de esta junta directiva será ad honórem.

Por la situación personal de la accionante, se vulneraron sus garantías fundamentales al no reprogramar la fecha del examen.

Un libro canónico o una idea ‘paradigmática’ no siempre es la respuesta a un contexto que necesita una nueva arquitectura para que podamos volver a creer en un mundo específico.

La Corte Constitucional, en enero, había dado a conocer el comunicado esta importante decisión frente a la seguridad de las personas desmovilizadas.

No es posible incorporar una disposición estatutaria en una ley de presupuesto, pues se afecta el principio de frenos y contrapesos.

Este conflicto también se está peleando en el ámbito del derecho internacional.

La Corte Constitucional ordenó publicar una sentencia relacionada con la inembargabilidad de los recursos del SGSSS.

La Corte Constitucional instó a actuar con debida diligencia en el trámite de los procedimientos que le corresponde adelantar para el acceso a la pensión de invalidez.

Sobre la interceptación de comunicaciones se precisa cómo procede la identificación de los intervinientes.

La decisión se adopta como resultado del control previo, automático e integral que la Constitución Política establece en los artículos 153 y 241.8.

Declaran improcedencia de una acción de tutela, pues no hubo vulneración del principio de la doble conformidad.

Las utilidades netas generadas por el Grupo Bicentenario ascienden a $ 2.040.329,29 millones.

Recuerdan obligatoriedad del reconocimiento previo por la autoridad judicial competente como requisito ejecución del laudo.

Consideran los accionantes que se vulnera el principio de reserva de ley estatutaria.

Explican cómo se configura este tipo disciplinario abierto en la prestación de servicios profesionales.

Como sustento de la nulidad se precisa diferencia entre derecho adquirido y una situación jurídica aparentemente consolidada.

Explican si el concurso público de méritos no es aplicable como mecanismo de selección para etnoeducadores afrocolombianos y raizales.

La Corte Constitucional admitió un demanda contra el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.

Consejo de Estado recuerda las características de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.

La Sala Laboral amparó a empleados que fueron despedidos cuando tenían fuero, aun cuando estaban contratados por intermediarios.

La Corte Constitucional recuerda que se debe aplicar la jurisprudencia sobre tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Corte declara inconstitucionalidad del incremento del 20 % anual de la prima de localización para empleados del SENA, por desconocer el principio de movilidad salarial.

La Sección Cuarta del Consejo resuelve solicitud de nulidad sobre la existencia de límite temporal de posesión de los activos que son objeto de saneamiento.

La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) (parcial) del numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario.

Tratos humillantes mediante sobrenombres y/o apodos lesionan la dignidad del trabajador y el trabajo decente.

La Corte Constitucional revisa el debido proceso en lanzamiento por ocupación de hecho de una asociación asentada en playones comunales.

En caso de que al momento del disfrute el servidor cuente con un nuevo salario, las vacaciones deberán ser reliquidadas.

Frente al proceso de responsabilidad civil que se les adelantó en su contra, el alto tribunal protegió sus derechos fundamentales.

La Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 2010 de 2019.

La Corte Constitucional estudió el caso de un presunto defecto procedimental por vulneración del derecho a la defensa técnica.

La declaratoria de nulidad del acto administrativo no conlleva automáticamente que el juez ordene el restablecimiento del derecho o la reparación del daño.

La expedición de la ley, la operatividad administrativa y la dispensación de justicia son espacios que se encuentran demarcados.

Los servidores públicos están inhabilitados para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales.

La Corte Constitucional recuerda cómo se configura la responsabilidad del Estado por daños sufridos por miembros de la fuerza pública con ocasión a la prestación de sus servicios.

La Corte Constitucional examinó el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso primero y los numerales 2 y 6 del artículo 43 de la Ley 2197 del 2022.

La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico, entre otros negocios, han funcionado como combustible del conflicto armado experimentado con gran intensidad en regiones como el pacífico colombiano.

La Corte Constitucional protege los derechos a la igualdad y no discriminación y a vivir una vida libre de violencias de una embarazada.

Es muy probable que, conforme a su tradición, la CIJ busque la manera de dar a ambos Estados la posibilidad de declararse vencedor ante su respectiva opinión pública.

Se vulneró el derecho a la salud por mantener al condenado privado de su libertad en una estación de policía.

Decir que todo juicio es un albur no es herejía. Es la realidad que viven los que conocen el proceso penal desde las entrañas.

El Consejo de Estado precisó los eventos en los que el juez podrá decretar medidas cautelares en los procesos declarativos.

Esta partida no constituye factor salarial y comprende desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio denominado estancia.

El jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica.

Estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial) y 7 de la Ley 2024 del 2020, sobre pago en plazos justos en el ámbito mercantil.

El enemigo no es el populismo, sino que la democracia y sus mitos son inherentemente populistas.

El déficit normativo no puede vulnerar los derechos fundamentales que dependan directamente del pago de la prestación económica.

Esperamos que las nuevas herramientas sirvan para el eficaz y correcto funcionamiento de todas las instituciones del Estado.

Son presentadas varias demandas de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 2197 del 2022.

Salvo cuando se trate de aquellos usuarios del nivel uno del Sisbén, donde algunas condiciones se presumen, aseguró la entidad.

La Sala Civil confirma la sentencia que negó la tutela de un hombre que pedía anular la decisión que declaró a su hija en adopción.

Desde su experiencia como abogado, Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional, compartió con ÁMBITO JURÍDICO sus propuestas en materia de justicia.

Las personas privadas de la libertad que padecen enfermedades mentales deben ser valoradas para determinar si su condición de salud les permite permanecer en un centro de reclusión o deben ser remitidas a centros especializados.

El Decreto 1083 del 2015, sobre terminación del contrato de trabajo, señala que el mismo termina por expiración del plazo pactado o presuntivo.

Siempre me ha parecido curiosa la manera en la que, cuando hablamos sobre los procesos de transición, tomamos con tanta ligereza conceptos como “justicia”, “verdad” y “reconciliación”.

En un Estado de derecho, la garantía de la independencia de los jueces es fundamental para tener una democracia saludable. Un buen presidente respeta y protege esa máxima.

Para el año 2021, el país reportaba 65 esquemas asociativos territoriales, en las distintas modalidades amparadas por la ley. Esta cifra involucra a 527 municipios y 18 departamentos.

Con la certeza moral de que mi candidato es el correcto y de que los demás están equivocados, las conversaciones políticas se vuelven duras, implacables, exageradas.

La Sala Laboral explica que el hecho que contra el trabajador se haya adelantado una investigación penal no puede servir de parámetro para determinar conveniencia del reintegro cuando el proceso penal culmina con una sentencia absolutoria.

Según expertos, extender los plazos de respuesta limitó gravemente el derecho de formular peticiones.

El ámbito legal colombiano ha establecido los alcances del reglamento interno de trabajo frente al procedimiento disciplinario laboral.

Se presenta demanda contra aparente trato discriminatorio directo en contra del género masculino, al otorgar posibilidad a las mujeres de escoger si prestan el servicio militar obligatorio.

A partir del caso venezolano, se analizan los límites constitucionales del derecho internacional privado.

En los últimos tres años, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido, poco a poco, en un modelo de prestigio en el constitucionalismo regional y global.

Es necesario que la entidad realice un proceso de reestructuración de la planta de personal que le permita suprimir y crear nuevos empleos.

Acción pública de inconstitucionalidad en contra del numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, al considerar que desconoce la garantía de igualdad constitucional.

Quienes ocupan empleos de manera provisional deben renunciar al empleo que desempeñan para poder posesionarse en periodo de prueba en otra entidad.

La Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario de la Sentencia T-388/13 para cubrir también a las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.

Valor probatorio a grabaciones realizadas por el quejoso sin contar con el consentimiento del disciplinado, bajo el argumento proveniente del derecho penal de que fueron hechas por quien resulta perjudicado con la conducta.

Regulación tras regulación, el Estado no se ha puesto al día en el pago de las condenas judiciales originadas en procesos de reparación directa.

La inmunidad no estaba establecida para beneficiar a los congresistas, sino en favor del Estado.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la afectación directa por la instalación de antenas de telecomunicaciones y el deber de adelantar el trámite consultivo a la comunidad negra.

La solicitud del servicio puede ser realizada por la persona con discapacidad, por un tercero perteneciente o no a la red de apoyo o por una autoridad judicial.

Para quienes habitan contextos urbanos en grandes ciudades el acceder al agua potable no parece tener mayor dificultad, pero en las áreas rurales es todavía una cuestión pendiente.

¿Estás pensando en cursar un posgrado en Derecho, pero no tienes la seguridad de hacerlo en el país? ¿Te preguntas cuál es el lugar más idóneo o si vale la pena la inversión en comparación con otros programas en el exterior?

Corte Constitucional amparó derechos de una ciudadana a quien un infarto cerebral le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 67,1 %.

Se precisa sobre la intención de las partes de un contrato y la interpretación de la cláusula compromisoria.

En todo caso, los servidores públicos son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales.

La Corte Constitucional revisó varias acciones de tutela que invocan la protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de los derechos de la comunidad indígena.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia mantienen discrepancias importantes sobre algunos elementos del principio de la condición más beneficiosa.

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 13 (parcial) de la Ley 1564 del 2012 (Código General del Proceso).

La Corte Suprema explicó si hay reserva en la solicitud de información sobre cargos, funciones, vinculación y nombre de nominadores de los servidores públicos.

Corte admite demanda contra normas de contratación por aparente trato desigual injustificado.

Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra norma sobre obligaciones de propietarios de vehículos automotores.

La Secretaría de Tránsito de Ibagué tendrá cuatro meses para poner en funcionamiento los semáforos diseñados para personas con discapacidad visual.

Resalta que el acceso de las personas con necesidades educativas especiales al sistema educativo oficial se da con cargo a los recursos de la entidad o entidades territoriales certificadas en educación que tienen competencia sobre el asunto.

El Consejo de Estado explicó las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el trámite de solicitud de alimentos en el exterior.

Sobre las virtudes vale destacar la precisión conceptual de los elementos de la falta disciplinaria; la eliminación de la caducidad y la regulación de un régimen probatorio propio.

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del acuerdo comercial suscrito y su ley aprobatoria.

La Corte Constitucional modificó la disposición del Código General del Proceso que establecía que el culpable de una separación por sentencia judicial debía indemnizar a su expareja en caso de que ella lo solicitara.

Corte advirtió que las providencias judiciales que puedan afectar a menores de edad deben tener en cuenta el interés superior de niños y adolescentes, atender el acervo probatorio, ajustarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

ÁMBITO JURÍDICO explica los aspectos claves del régimen sustantivo y procesal del nuevo régimen disciplinario.

La ANLA no continuará con el conocimiento del proyecto y deberá entregar las actuaciones que hayan sido adelantadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 344 del 2021, que garantiza estos permisos a las organizaciones sindicales de servidores públicos.

Cada entidad financiera deberá expedir una certificación donde acredite el valor total abonado a los beneficiarios del programa.

En la acción conocida como “rebelión de las canas” la Corte Constitucional amparó varios derechos fundamentales.

La declaración judicial del proceso de liquidación produce la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones.

La Corte Constitucional declaró inexequible el enunciado que obligaba a las compañías de seguros o a las entidades bancarias a responder por acciones que no les son imputables y que desbordan el riesgo asegurable.

La Corte Constitucional concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que, presuntamente, fue víctima de abuso sexual.

Se acumulan los tiempos, de tal manera que se reconozcan y paguen con el salario que reciba el empleado en el nuevo cargo.

La Corte Constitucional explica por qué se presenta una vulneración al negar el reconocimiento y pago de esta pensión por no acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia.

El nominador puede disponer en cualquier momento del cargo de libre nombramiento y remoción confirmando o removiendo a su titular.

La Sala Penal explica la imposibilidad de sancionar por prevaricato omisivo a quien, en ejercicio de sus funciones, desatendió una función de documentación de información auto incriminatoria.

La Corte declaró inexequible la habilitación a los entes territoriales para imponer tasas o sobretasas destinadas a financiar los fondos-cuenta de seguridad ciudadana.

Sala Penal señala que es posible pedir protección de garantías de un fallecido, pero sólo frente a derechos que van más allá de la existencia.

Les corresponde informar a los potenciales deudores de créditos de vivienda sobre las condiciones de acceso, vigencia y terminación anticipada de cobertura.

Es necesario contar con empresas con participación estatal y ratificar el compromiso con la sostenibilidad ambiental, equidad social y buenas prácticas corporativas.

La Corte Constitucional precisó la aplicación del enfoque de género en el divorcio.

El objeto es optimizar la función de intervención del Ministerio Público en el trámite de selección de tutelas y mejorar la gestión de peticiones ciudadanas.

A partir de esta edición, ÁMBITO JURÍDICO publicará una serie de entrevistas con los candidatos presidenciales, con el fin de conocer la gestión que desarrollarían en materia de justicia. Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, inicia esta serie de entrevistas.