“Hay que redignificar el papel que tiene la Rama Judicial en un Estado social de derecho”

Avanzar en la digitalización del proceso judicial, identificar alternativas que permitan agilidad en el trámite de los procesos ejecutivos y fortalecer la equidad de género en la justicia son algunas de las propuestas de Sergio Fajardo, candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza.

 

ÁMBITO JURÍDICO: A raíz de la pandemia, se expidieron varias normas de emergencia encaminadas a promover la justicia digital. En su mandato, ¿qué participación tendría la virtualidad en la modernización de la justicia?

 

Sergio Fajardo: Mi propuesta de gobierno está basada en la generación de confianza ciudadana en nuestro sistema de justicia, acercándola a la cotidianidad del día a día, para que pueda responder a las necesidades y conflictividades presentes en los territorios. Sin duda, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la garantía del derecho de acceso a la justicia juega un papel importante para la superación de esas barreras. Por eso, avanzaremos en la digitalización del proceso judicial, junto al Consejo Superior de la Judicatura, para lograr que, al final del cuatrienio, se tenga el 100 % de los despachos y procesos digitales, incluyendo la automatización de las agendas electrónicas y el reparto de los casos. Esta meta incluirá también todos los procesos jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva, siguiendo las instrucciones del Conpes del 2021.

 

Además, impulsaremos el litigio en línea, apoyado en la expansión del acceso a internet en todas las regiones, cerrando brechas digitales. Por otro lado, se implementará el sistema de acceso y gestión de los consultorios jurídicos creado por el artículo 15 de la Ley 2113 del 2021, el cual tendrá interoperabilidad con el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales y con LegalApp como un portal de servicios para el acceso abierto y gratuito a mecanismos de solución de necesidades jurídicas. De igual manera, implementaremos un sistema estructurado de conciliación virtual. Finalmente, promoveremos la interoperabilidad de todos los sistemas de información de la Rama Judicial.

 

Á. J.: Con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana se prevé un aumento importante de la población carcelaria, lo que presionaría aún más el hacinamiento. ¿Qué propuestas tiene en materia de política penitenciaria y cupos carcelarios?

 

S. F.: Impulsaremos una reforma estructural a la institucionalidad carcelaria y penitenciaria, que cubra también los derechos laborales y sindicales de los servidores que laboran en el Inpec. También es importante avanzar en una nueva política carcelaria y penitenciaria que incluya los componentes resocializador, de género y étnico. Por otro lado, respecto a la reincidencia de personas que ya pasaron por la cárcel, se establecerá una estrategia de acompañamiento al pospenado, construyendo rutas de atención con los alcaldes municipales, policía, la fuerza pública y los programas sociales en los territorios, para evitar que vuelvan a las calles a delinquir. Especial énfasis tendrá la atención de la población de 14 a 18 años que ha delinquido, sobre todo en la prevención de la reincidencia y la generación de oportunidades educativas y laborales.

 

Á. J.: ¿Qué paquete legislativo presentaría al Congreso en materia de justicia? ¿Qué puntos cree que hay que mejorar en la estructura de la justicia?

 

S. F.: Los intentos en el pasado de adelantar reformas a la justicia han fracasado, porque no se han podido lograr consensos con la Rama Judicial y el Congreso de la República para su trámite. Como Presidente de la República buscaré esos acuerdos y trazaremos una hoja de ruta al respecto, construyendo sobre lo construido, como, por ejemplo, lo planteado en el Plan Decenal de Justicia 2017-2027. Sin embargo, nuestra propuesta en materia de justicia contempla varias acciones que no necesariamente tienen que pasar por el Legislativo y se pueden tramitar a través de las facultades legales que tiene el Ejecutivo. Entre ellas, se encuentran las de avanzar con la Rama Judicial en un diálogo que nos permita transitar de la lógica del actual mapa judicial a uno basado en la oferta y demanda de justicia, buscando la redistribución inteligente de las capacidades judiciales, teniendo en cuenta experiencias previas como los Sistemas Locales de Justicia y el Programa Nacional Casas de Justicia.

 

Igualmente, se trabajará por estandarizar protocolos y procesos de acuerdo con la radiografía de las necesidades jurídicas del territorio y de la población; expandir el alcance de Unidades Móviles de Justicia, de Unidades Móviles para Víctimas y divulgación de rutas de atención, especialmente en áreas rurales; la suscripción de convenios interadministrativos con gobernaciones y alcaldías para que las secretarías de gobierno dispongan profesionales que oficien como enlaces de justicia en las entidades territoriales y el fortalecimiento del uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de los procesos judiciales.

 

Á. J.: ¿Se debe modificar la elección de los altos funcionarios del Estado, como el Contralor, el Fiscal y el Procurador, así como de los magistrados de las altas cortes?

 

S. F.: Para evitar el fenómeno de la “puerta giratoria”, se promoverá un acto legislativo para incorporar una inhabilidad de carácter permanente que impida el tránsito de exservidores de la Rama Ejecutiva hacia los órganos de control y que las cabezas de dichos órganos no puedan participar como candidatos a la Presidencia de la República u otros cargos de elección popular. Por otro lado, respecto a la facultad nominadora de algunas de las cabezas de los órganos de control por parte del Presidente de la República, que es de orden constitucional, se estructurará un procedimiento que permita que los candidatos puedan postular sus hojas de vida previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma. Se contará con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema para que apoyen la selección de los mejores perfiles. De igual manera, se procederá con la facultad nominadora de magistrados de las altas cortes y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, promoviendo, en diálogo con las altas cortes, la llegada de abogados de la carrera judicial. Hay un punto importante para tener en cuenta alrededor de este tema: actualmente, en las seis altas cortes solo el 34 % de magistrados son mujeres. Se trabajará con la Rama para que los procesos de nominación se encaminen hacia la paridad.

 

Á. J.: ¿Qué cambios plantearía para fortalecer la justicia transicional?

 

S. F.: Han pasado más de cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva tres años de trabajo, a la que se han sometido más de 12.000 personas. Como Presidente, la JEP contará con mi apoyo y garantía de independencia a su trabajo. En los próximos meses, se darán a conocer importantes decisiones sobre secuestros y falsos positivos recogidos en varios macrocasos. Esas decisiones las necesita el país para avanzar en materia de derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por otro lado, propondremos al Congreso de la República la introducción de la Jurisdicción Agraria, compromiso pendiente del Acuerdo de Paz. También contribuiremos a la implementación de las recomendaciones emanadas del informe que presentará la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

 

Apoyaremos medidas tendientes a la garantía de la sostenibilidad fiscal del punto 5º del Acuerdo de Paz y de la Ley de Víctimas, teniendo en cuenta que las instituciones implicadas deben dejar cimientos y un legado que permitan construir justicia transicional hacia el futuro. De igual manera, respaldaremos la tarea de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como mecanismo extrajudicial que tiene el objeto de encontrar el paradero de las personas que desaparecieron por diferentes razones en el marco del conflicto armado y satisfacer el derecho de las víctimas a saber qué pasó con sus seres queridos.

 

Á. J.: ¿De qué forma su gobierno adoptaría el fallo sobre el aborto?

S. F.: En mi condición de Presidente de la República acataré en su integridad el fallo de la Corte Constitucional en la materia. Junto al Congreso de la República trabajaremos para definir una política pública que supere la desprotección actual de las mujeres gestantes y se adopten instrumentos legales sobre las alternativas que tienen durante y después del embarazo. Se debe trabajar para eliminar los obstáculos para la interrupción voluntaria del embarazo y se fortalecerán los programas de educación sexual, de los cuales hay buenas experiencias en el país para población escolar y descolarizada.

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Cómo fortalecer el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Cuál es su posición sobre las convocatorias y las demoras para proveer las listas por mérito en la Rama Judicial?

S. F.: Sin duda, uno de los aspectos en los que debemos trabajar con la Rama Judicial es el relacionado con su modernización y transparencia en búsqueda de un gobierno abierto judicial. Por eso ese aspecto es un pilar fundamental de mi propuesta. Se buscará el aumento del presupuesto para reforzar el régimen de carrera judicial, mejorar la formación de los jueces, adoptar nuevas tecnologías e implementar modelos diferenciados de gestión judicial para que los jueces se dediquen a la administración de justicia y no a tareas administrativas, mejorar la gestión tecnológica y documental, fortalecer las capacidades de infraestructura y avanzar en la paridad de género de la Rama. Como lo mencioné en su momento, se debe propiciar que las organizaciones de los territorios, especialmente las comunitarias, ejerzan acciones y esquemas de control social a los actores de justicia. También se deben promover ejercicios de rendición de cuentas por parte de los actores de justicia como un ejercicio necesario para que la ciudadanía conozca de primera mano el impacto de su gestión, propiciando el fortalecimiento de la confianza en la justicia, de la mano de la adopción de un portal de datos abierto de estadísticas de justicia que también señalé en su oportunidad. Respecto a mi postura sobre las convocatorias y las demoras para proveer las listas por mérito, promoveré un diálogo constructivo con la Rama Judicial en el marco del respeto a la independencia de poderes, para que haya agilidad en la provisión de los empleos y se promueva el ingreso de los mejores abogados a la carrera judicial.

Á. J.: Recientemente, se declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional por la situación de inseguridad de los firmantes de la paz. Sobre esta figura (estado de cosas inconstitucional), ¿qué planes tiene para cumplir las diversas órdenes que ha dado la Corte?

S. F.: En lo corrido del año 2022 más de 10 excombatientes de las antiguas Farc, todos ellos firmantes del Acuerdo de Paz, han sido asesinados. Por lo tanto, vamos a reducir las tasas de impunidad y a liderar programas de apoyo a los mecanismos de autoprotección y gobernanza del territorio. El abandono estatal y la invisibilización de estos procesos es la puerta de entrada a la violencia contra los excombatientes. Respecto a los programas de protección, la seguridad no puede depender de dotar con chalecos antibalas o proveerles de celulares. Vamos a escuchar a los líderes que tienen riesgos y les daremos mecanismos de protección adecuados a los retos y riesgos de cada región. Por lo tanto, frente a la decisión de los firmantes de paz y otras decisiones que ha tomado la Corte Constitucional mediante las cuales ha declarado el estado de cosas inconstitucional, promoveré un diálogo para que los mecanismos de seguimiento establecidos en esas decisiones se cumplan y promoveré que todo el aparato estatal trabaja de manera articulada para el cumplimiento de dichas decisiones.

 

Á. J.: ¿Cómo disminuir la congestión judicial?

 

S. F.: De acuerdo con las estadísticas, el 85 % de los ingresos al sistema de justicia van para la jurisdicción ordinaria. En el 2020, las tutelas llegaron a representar la tercera parte del total de los ingresos y el promedio de tutelas concedidas fue del 68 %. De esas, el 35 %, aproximadamente, se concentró en requerimientos frente a la vulneración al derecho a la salud y a la información pública. De este tipo de peticiones, el 87 % fueron concedidas, demostrando que gran parte del ingreso de tutelas responde a la incapacidad o la falta de voluntad de las entidades públicas y privadas del sistema de cumplir con sus obligaciones. En sector jurisdiccional, se tienen más de 1,9 millones de procesos represados de acuerdo con cifras del año 2020. Por lo tanto, se identificarán alternativas que permitan agilidad al trámite de los procesos ejecutivos. Entre ellas, se estudiará la viabilidad de fortalecer la primera instancia. Frente al gran volumen de asuntos de tutela en materia de salud, se revisará la capacidad institucional en sede jurisdiccional de la Superintendencia de Salud para responder a los represamientos y demoras y se revisarán antecedentes de modelos de gestión en la Rama Judicial para su fortalecimiento. También se implementarán estrategias de prevención del litigio con las EPS y otros actores del sistema de salud.

 

Á. J.: En relación con algunas decisiones que toma la Corte Constitucional, ¿usted considera que se está desfigurando la separación de poderes?

 

S. F.: Soy un convencido de que la independencia de la justicia se debe respetar. Como lo he dicho en esta entrevista, en diálogo con las cabezas de la Rama se tomarán decisiones relativas al aumento de su presupuesto y otras medidas para su fortalecimiento, incluyendo la lucha por la paridad de género en la Rama. Debemos remar para el mismo lado para redignificar el papel que tiene la Rama Judicial en el marco de un Estado social de derecho.