Jueces y elecciones presidenciales

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

En época de elecciones es bueno recordar cuál es el rol del presidente respecto de la Rama Judicial en un Estado de derecho. Este rol es respetar la independencia de los jueces en todo momento, más allá de si está de acuerdo o no con sus decisiones, lo que es clave para garantizar la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que son fundamentales en una democracia.

Esto es una obviedad, pero vale la pena tenerlo presente en tiempos en los que la región latinoamericana atraviesa un deterioro democrático y varios gobiernos, incluido el colombiano, han minado la independencia de los jueces, tanto de manera evidente como solapada. Por eso, es bueno reiterar cinco máximas que un presidente debe cumplir para respetar la independencia judicial. 

Primero, el presidente debe acatar las decisiones judiciales y abstenerse de cuestionarlas. No le corresponde decir si los fallos de la judicatura son buenos o malos o si en su criterio los jueces se “excedieron”. Menos aún le compete usar su plataforma política y su megáfono mediático para criticar la justicia. Y si la decisión con la que el presidente no está de acuerdo se relaciona con una política gubernamental, lo que el Gobierno puede hacer es interponer el recurso judicial procedente, en vez de cuestionar y descalificar a los jueces.

Segundo, el presidente no debe pronunciarse ni interferir en procesos judiciales en curso ni, mucho menos, en aquellos en los que funcionarios o políticos están siendo investigados. El presidente no debe opinar sobre los casos ni decir que deben ser resueltos de tal o cual manera.

Tercero, el presidente debe asumir con gran responsabilidad las obligaciones otorgadas por la Constitución respecto del nombramiento de altos funcionarios judiciales y de la Fiscalía, si tiene esa función. Debe proponer personas idóneas que tengan una alta calidad ética y jurídica y que, además, sean independientes de su Gobierno y de los políticos. Por eso, no debe ternar amigos o copartidarios y debe evitar la cooptación del sistema judicial.

Cuarto, el presidente debe abstenerse de usar sus influencias para promover investigaciones en contra de jueces y, de manera particular, debe evitar usar dichas influencias como forma de retaliación o presión por las decisiones judiciales. Un presidente democrático no utiliza sus relaciones con el Congreso para promover antejuicios políticos ni tampoco pide investigar jueces porque no le gustan sus sentencias.  

Quinto, el Gobierno debe trabajar armónicamente con la justicia en lo que le corresponde, como, por ejemplo, en el desembolso de los recursos presupuestales de la judicatura y en la política criminal, entre otras. Además, si el Gobierno quiere promover reformas judiciales, debe tener claro que sus propuestas deben cumplir la Constitución y la jurisprudencia constitucional y, sobre todo, que no pueden disminuir la independencia judicial.

En un Estado de derecho, la garantía de la independencia de los jueces es fundamental para tener una democracia saludable. Un buen presidente respeta y protege esa máxima.