Por extraño que parezca, una de las funciones principales de la democracia constitucional es facilitar que los partidos pierdan las elecciones con relativa tranquilidad y seguridad.

El Congreso no incluyó dentro de la excepción a las personas que perdieron su vivienda por razones completamente ajenas a su voluntad.

Sorpresivamente, una decisión de la Corte avaló la postura en virtud de la cual el Procurador General puede dar un trato igualitario a personas que no están en una misma situación.

En la realidad, las partes están conciliando por fuera del trámite judicial.

Esperamos que la reglamentación que expida el Gobierno Nacional sea favorable.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de un ciudadano protegido por ser víctima de la violencia.

Este tema, además de revestir una importancia teórica, conlleva una relevancia práctica para todos los que ejercemos el derecho comercial.

Esta edición especial de Derecho constitucional colombiano, con ocasión de los 30 años de la Carta Política, profundiza en el estudio de la estructura del Estado y analiza cada una de las ramas del poder.

Los elegantes discursos de Alberto Lleras parecían lecciones de educación cívica, al decir de García Márquez. Evidentemente: prosas desde el poder enseñan a la comunidad.

El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...

Las superintendencias tienen importantes grupos de informática forense, con formación técnica y legal en recolección, embalaje y presentación de evidencias digitales.

A juicio del Ministerio de Hacienda, el articulado suscitaría un impacto fiscal negativo en las finanzas de la Nación.

Este tipo de expresiones constituyen el ejercicio del derecho de participación en el control del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución.

Escoger el procedimiento de la Ley 906 del 2004 no puede llegar al extremo de que ese ejercicio libre torne nulo lo actuado en el sistema anterior.

La iniciativa tiene, en especial, tres mandatos constitucionales que la fortalecen: los animales, el trabajo y la familia.

Es necesario reformar el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional e implementar un mecanismo basado en los principios del mérito e inclusión.

Una reciente disposición amplió el número y la clase de procesos en los que podrán actuar los abogados en formación.

Pasar por alto la situación de aquellos puede generar una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales.

Además de vulnerar el artículo 34 de la Constitución, la Ley 2098 desconoce la resocialización como fin de la pena.

¿Qué preguntas urgentes puede plantearnos esta historia para los investigadores que se interesan por el Derecho y la movilización social en el país?

En un municipio pueden prestar el mismo servicio público varios prestadores que estén debidamente constituidos.

Corresponde al juez de lo contencioso administrativo comprobar un comportamiento doloso por parte de la persona o un actuar a título de culpa grave.

Según el fallo, el juez natural para conocer y dirimir estas controversias será el juez laboral de lo contencioso administrativo.

De manera unánime, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 8º del artículo 79 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 del 2017).

El debido proceso debe regir todas las actuaciones adelantadas en procesos judiciales o en trámites administrativos.

El fallo explicó quiénes tienen la facultad de solicitar ante juez de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento.

Según el fallo, son procedentes estos descuentos en el porcentaje del 12 % señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

El desempeño de los cargos de diputado y concejal no implica el ejercicio de autoridad civil o política.

El cumplimiento de la medida estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales. Asobares expresó que esta medida deja más interrogantes que certezas.

El Senado de la República elegirá al nuevo magistrado que remplazará a Rojas, a quien se le vence su periodo el 22 de febrero del 2022.

Consejo de Estado recuerda el alcance de la figura de la consulta por desacato.

En cuanto a los defectos en la motivación de las decisiones, la Corte recordó las cuatro situaciones que se han identificado.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.

El demandante indicó que en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representante no se cumplieron las exigencias constitucionales de publicidad.

El trato preferencial consiste en que antes de procederse al nombramiento las personas con una situación especial deben ser las últimas en removerse.

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 (parcial), 30 (parcial), 97 (parcial), 123 (parcial) y 144 del Decreto Ley 71 del 2020.

Alrededor del 40 % de los niños de nuestro país vive en una familia monoparental, situación que los hace objeto de un trato especial y de una interpretación que no los discrimine frente al 49 % de los menores que viven con sus dos padres.

Estos son los argumentos de la Sala Plena para mantener la investidura del senador Gustavo Petro.

Esta pensión se creó como un beneficio para las personas que dejan las armas, buscan el camino de la legalidad y tienen un deseo explícito de vivir en paz.

La celeridad y las garantías de la acción de tutela no implican que pueda ser interpuesta el número de veces que se estime más conveniente.

Tutelas que han reconocido indemnizaciones en temas pensionales no dan lugar a que los jueces inobserven requisitos de subsidiariedad.

El operador jurídico debe dar a la demanda el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

El fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

La nueva norma dispone, por única vez, una amnistía para quienes se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia y para quienes lo hayan hecho con anterioridad.

La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y al Congreso adoptar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento de esta instancia.

De manera excepcional puede admitirse la tutela contra los fallos de la misma naturaleza y respecto de actuaciones surtidas en el trámite.

La presunción de inocencia no es garantía cuando está de por medio la protección de un menor víctima de presunto abuso sexual.

El fallo explicó en cuáles casos es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y la acumulación de cotizaciones en el marco de dicha normativa.

Las entidades deberán analizar en detalle la necesidad y especialidad del servicio, lo cual debe quedar claro y expreso en los documentos.

Según el fallo, la PILA está sujeta a las potestades de fiscalización confiadas a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social.

Factores salariales sobre los que se efectuaron aportes deben incluirse en IBL para pensión de vejez de servidores públicos beneficiarios de la transición.

La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 1º del parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 789 del 2002.

Aunque concluye el examen preliminar, se mantiene la complementariedad con la CPI para compartir información y tener reuniones periódicas.

Corresponde a todos los actores de la sociedad, incluidos quienes administran justicia, procurar la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres.

Cualquier barrera que se imponga para la expedición de la cédula vulnera el derecho a la personalidad jurídica del interesado.

Según el accionante, el inciso atacado vulnera el principio de recuperación de costos consagrado en el artículo 367 de la Constitución Política.

La fusión no puede convertirse en un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones distintas de las de tipo económico.

Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró la nulidad de la designación de Andy José Ruíz Serna como concejal del municipio de Sincelejo.

El principio de buena fe disciplina y constituye un eje fundamental en materia del contrato de seguro.

El accionante fue contagiado mientras se recuperaba de la explosión por una mina antipersonal, lo que afectó gravemente su proyecto de vida.

El abogado Camilo Araque Blanco, experto en esta área dada su trayectoria profesional, explica la importancia de dicha modalidad.

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, presentó un balance de su gestión, después de un año de liderar esa cartera y habló de la inseguridad ciudadana, entre otros temas.

Según el fallo, demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía encierra una serie de dificultades probatorias.

La prohibición de gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio es expresa.

La Función Pública explica que busca formalizar los empleos públicos con la reducción de dichos contratos, para que pasen a ser parte de las plantas de personal.

Imposible equiparar la imagen virtual con la presencia física o suponer que la tecnología es el antídoto contra las fallas estructurales de la Rama Judicial.

El presente trabajo analiza la finalidad del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

Este libro presenta las Constituciones nacionales de Colombia de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991.

El libro reunió grandes expertos y amigos de Colombia y de sus cortes, para confluir en un tema que da cuenta de las interacciones entre muchos sistemas judiciales.

En Estados como Alemania, Francia, Italia o España, sus textos constitucionales no han sido reformados para incluir derechos digitales.

El libro propone nuevas formas de hacer Teoría del Derecho en Latinoamérica y pretende revitalizar este campo del conocimiento.

Es llamativo que, según la información de Medicina Legal, en un 45 % de los casos de los niños y en un 53 % de los casos de las niñas, la ausencia haya sido voluntaria.

En la Rama Judicial existen dos regímenes de vacaciones: las individuales y las colectivas, consagradas en el artículo 146 de Ley 270 de 1996

A la fecha, se han presentado un total de 18 proyectos para la regulación del derecho a la muerte digna. No obstante, ninguno ha logrado convertirse en ley de la República.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2081 del 2021.

El artículo 139 (parcial) del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fue demandado reciénteme por un ciudadano.

La actividad financiera contiene deberes de información, atención y debida diligencia previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Les solicitaron también imponer de manera inmediata las sanciones a las que haya lugar por el incumplimiento de las medidas sanitarias, como el cierre del establecimiento.

Las medidas del Gobierno se dan con el fin de garantizar la efectividad de las acciones afirmativas en favor de los recicladores como sujetos de especial protección constitucional.

El Consejo de Estado decretó esta pérdida de investidura al considerar que incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado.

La Corte le hizo un llamado a la entidad para que responda las solicitudes que presenten los ciudadanos de manera oportuna, clara y precisa.

Estas investigaciones demuestran que muchas personalidades tienen estructuras corporativas en el extranjero, sin que se aprecie una necesidad razonable que lo explique.

Una investigación reciente de la Universidad de los Andes examinó el vínculo contractual que une a los domiciliarios con esa plataforma.

Recientemente, se realizó una nueva versión del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en la ciudad de Cúcuta.

Con ocasión de los 200 años de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, la primera de la República de Colombia, se realizaron diferentes actos académicos y culturales.

En un concepto, la Dian respondió una consulta sobre la aplicación de los Decretos Legislativos 438 y 551 del 2020.

La libre elección de régimen pensional es un derecho constitucional y el marco legal para el ejercicio de los derechos y el adecuado funcionamiento del sistema.

Las sillas de ruedas hacen parte del PBS y, aunque no pueden ser financiadas con cargo a la UPC, las EPS pueden adelantar recobro.

Es constitucionalmente admisible que al abogado se le exijan unos comportamientos que aseguren la probidad y honradez en la profesión.

La Dian resalta que es importante tener en cuenta la fuente de los recursos, pues deben corresponder al sistema de las EPS y ARS, los cuales están exentos de dicho gravamen.

Este derecho no se extiende a documentos sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que se usen en detrimento de la sociedad.

La presunción de inocencia del sujeto de la publicación se mantiene incólume hasta la expedición de una sentencia condenatoria.

Bajo esta medida, la Supersociedades podrá ordenar los correctivos necesarios y subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo.

Permitir la aplicación de la Ley 600 del 2000 desconoce la prohibición prevista en el Acto Legislativo 03 del 2002, sobre modelo inquisitivo.

¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico societario? La Superintendencia de Sociedades, a diferencia de un sector de la doctrina nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, excluye la denominada affectio societatis de tales elementos.

Lo relacionado con el traslado exprés dentro del sistema de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media fue eliminado con 102 votos por el no y 26 por el sí.

El procedimiento y parámetro para efectuarlo le corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad de configuración legislativa.

El país conoció ayer sobre el fallecimiento del doctor Javier Henao Hidrón, nacido en Medellín en 1937, abogado de la Universidad de Antioquia, exmagistrado del Consejo de Estado, reconocido constitucionalista y académico.

Si no toman las medidas necesarias para evitar que las cuentas se queden sin dinero deben asumir con sus recursos la póliza de renta vitalicia.

El Estado creará e implementará un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios sobre actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres.

El demandado demostró que superó los 15 años de experiencia que la propia Constitución Política impone para el ejercicio del cargo.

Los asuntos contractuales surgen de la voluntad de las partes y no corresponden a una declaración unilateral de la administración.

No hacerlo dejaría de lado que el entendimiento más favorable de la disposición en comento pretende subsanar el déficit de protección.

No se desconoce el principio de consecutividad e identidad flexible, ni el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicamente diferenciadas.

La elección de directivos y dignatarios de acción comunal se desarrollarán de conformidad al calendario electoral definido por el Ministerio del Interior.

No se puede afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de la productividad y, por tanto, recaen sobre el mismo riesgo.

Para resolver dudas académicas e investigativas, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, presentó un derecho de petición a la Corte.

En caso de renuncia, la prohibición se mantendrá durante los seis meses siguientes a su aceptación.

No solo el empleador puede coartar el derecho de los trabajadores de seleccionar el régimen pensional que estimen conveniente.

A 30 años de la promulgación de la Constitución el ordenamiento territorial implementado normativa y materialmente todavía no refleja el multiculturalismo y la diversidad étnica y cultural de la Carta.

Se ampararon los derechos de una funcionaria judicial a quien se le negó el descanso por falta de partida presupuestal.

No puede considerarse que la cabildante incurrió en falta disciplinaria por haber participado en la elección del personero.

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, los candidatos deberían proponer buenas reformas pensionales que el país requiere con urgencia y que las cumplan, si son elegidos.

Los últimos tiempos han venido dejando al descubierto una preocupante tendencia a menguar la tutela, y ello está ocurriendo en muchos escenarios.

La condición de enfermedad en fase terminal desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida.

Según el comunicado, se trataría de una declaración de inconstitucionalidad acertada por violación al derecho a la propiedad privada y por fijar los límites al legislador en la materia.

La Constitución de 1991 concibe la economía como un elemento transformador de la sociedad, que busca mitigar las profundas desigualdades existentes.

El comunicado de prensa es una herramienta útil para informar las decisiones, las cuales tienen efectos a partir del momento en que se adoptan.

En reciente fallo, la Corte Constitucional se pronunció sobre ciertas actividades realizadas en zonas de páramos delimitados.

Solo queda esperar que el alto tribunal atienda su responsabilidad con la justicia.

No hay justicia en la miseria ajena, no soy grande destruyendo a mi adversario, pero sí lo soy cuando actúo dentro de un marco de legalidad, respeto y justicia.

Durante la visita de trabajo a Washington y Nueva York, los días 11 y 12 de octubre, el mandatario se reunirá con directivos de alto nivel de organismos multilaterales, banca de inversión y empresarios de ese país.

Desde ya avizoro que el tratamiento jurídico a los animales (que incluye al ambiente) será una de las características del Derecho más relevantes y complejas que tendrá el siglo XXI.

El criterio para seleccionar empleados debe corresponder con el trabajo específico a desarrollar, siendo prohibido acudir a cualquier práctica que afecte los derechos de los aspirantes, recuerda Mintrabajo.

Inversión forzosa no debe calcularse con base en las tasas generadas por el uso del agua, sino con base en el valor total del proyecto.

Colombia como Estado se cimienta en la protección de las diferentes cosmovisiones y creencias personales.

Tal circunstancia se tipificaría con independencia del abandono en un tipo penal de homicidio o en una tentativa de homicidio.

No corresponde a la entidad emitir un acto general de interpretación sobre requerimientos de acreditación, pues esta atribución es exclusiva del legislador.

Conozca los argumentos que podrían motivar la terminación de un nombramiento en provisionalidad

El rol asignado a los magistrados suplentes no está asociado a la posibilidad de reforzar el funcionamiento de las salas y secciones.

Según la norma, la curul se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las listas deben elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género.

No comparto la posición de la Corte Suprema de Justicia, de cara a la imposibilidad de dar lugar a la tentativa en conductas como el cohecho.

Deudas de servicios públicos podrán ser cobradas a todos los involucrados, salvo que se haya roto la solidaridad.

En medio de los extremos que deambulan en los entornos nacional e internacional, requerimos de un Poder Judicial que día a día se fortalezca y continúe realizando el equilibrio que angustiosamente solicita la sociedad actual.

Así mismo, el empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial.

Aunque se accediera a lo pretendido, el cuestionado seguiría siendo el ganador con una ventaja de 5.332 votos.

Al contralor territorial le resulta aplicable la inhabilidad sobre ejercicio de autoridad administrativa en el mismo municipio.

La verificación, actualización y validación de la información de la historia laboral compete a la entidad que recibe o acepta una afiliación.

La corporación aclaró que la nulidad originada en la sentencia se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional.

En un concepto, la Dian respondió inquietudes relacionadas con el trámite de las garantías que se deben constituir en calidad de usuario aduanero.

Los requisitos para el cargo de secretario general no son obstáculo para que el Gobierno pueda fijar un régimen salarial especial.

Según la Superservicios, es necesario llegar a un punto de equilibrio entre el derecho sustancial y el procedimental.

El disciplinado dispuso el traslado sin consideración alguna sobre los criterios de urgencia y/o necesidad que debían ilustrar la decisión.

El aspirante deberá solicitar su inscripción, para lo cual diligenciará en su totalidad y remitirá el formulario electrónico de inscripción, disponible en la página web de la entidad.

Dentro de los 40 aspirantes a magistrado del alto tribunal, solo hay tres mujeres.

Quisiéramos que el magistrado Tolosa, que se retira por finalización del periodo, se perpetuara en nuestra Corte Suprema de Justicia para tener la dicha de seguir disfrutando su jurisprudencia y su gran desempeño en esa corporación.

Sentencias como la citada son fundamentales para evitar que se siga abriendo un camino en la práctica judicial que nos conduzca a una vulneración al debido proceso.

El profesional incurrió en la falta relacionada con aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.

Una cosa es que una empresa coordine y otra muy distinta que subordine al empleado, lo cual es característico de un contrato de trabajo.

Condicionan norma a que no se puedan menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

Acorde con la Sentencia SU-508 del 2020, no se deben imponer barreras que impidan a los usuarios acceder a los servicios de salud que requieren.

La vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética, sino que debe encontrarse expresamente probada en el expediente.

Existen situaciones límite y excepcionales que permiten una protección médica que exceda la atención básica en urgencias.

Los presuntos responsables de la violación de derechos fundamentales son a quienes les corresponde probar que no lo están haciendo.

El alto tribunal se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-017 del 2018 e hizo precisiones acerca del término de duración.

La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión del numeral 3º del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006).

Esta figura no requiere un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal.

¿Qué sucedería si los Estados adoptaran medidas para garantizar el acceso a la vacuna, aún cuando estas a primera vista pudieran ser contrarias a sus obligaciones derivadas de acuerdos de inversión?

En sus clases, el profesor Armando Suescún repudiaba el papel de Colombia como país consumidor de normas e instituciones jurídicas extranjeras.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra la expresión “hermanos uterinos” del artículo 54 del Código Civil.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 575 del 2021, hasta tanto se tramite el respectivo control de legalidad.

Exigencia de apostilla de documentos académicos para el proceso de convalidación, en términos generales, es razonable.

La Sala Penal precisó que dentro de un incidente de reparación integral es posible vincular a las compañías de seguros.

El movimiento no reunió los requisitos constitucionales y legales para conservar la personería jurídica que le había sido reconocida en 1997.

Las solicitudes de traslado deben cumplir los términos fijados para su presentación y valoración de los requisitos.

El control judicial de esas decisiones debe armonizarse con los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde la radicación del proyecto, el Gobierno Nacional buscó eliminar del texto propuesto aquellas disposiciones que se volvieron el combustible del estallido social.

La práctica judicial cotidiana y alguna que otra regulación de menor jerarquía indican que esta garantía constitucional está en peligro. Hay que salvarla.

Es necesario realizar una verdadera reforma estructural a la organización de la administración de justicia que permita superar las causas que nos llevaron a la situación actual.

La atención de urgencias a migrantes irregulares que sufren graves padecimiento de salud debe estar permeada por un enfoque de derechos humanos.

Tal vez ha llegado la hora de reducir nuestras ambiciones reformistas a proporciones más modestas.

Mientras tanto, en los frontispicios solemnes de nuestros templos seculares, la palabra ‘justicia’ sigue campeando, aunque esté hueca.

Esta figura se está fortaleciendo en los últimos años, gracias a la participación pluralista de la ciudadanía.

Vamos por el camino equivocado y esta decisión de la jurisdicción ahonda las dificultades para preservar inversiones lícitas en áreas rurales.

Si queremos conservar la legitimidad que aún tiene el Derecho, en particular el derecho constitucional, hay que ponernos a tono con los desarrollos informáticos.

El concepto de reparación en nuestro ordenamiento jurídico tiene una connotación amplia para evitar limitar su alcance al plano estrictamente económico.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el Decreto 403 del 2020 y subsidiariamente contra algunas disposiciones de esta norma.

La contabilidad llevada en forma irregular no constituye ni siquiera principio de prueba que permita complementarse con documentos anexos.

Entre el 6 y el 8 de octubre, se darán cita en esa ciudad expertos en derecho constitucional, para un nuevo encuentro de la jurisdicción.

Esta y otras muy interesantes temáticas relacionadas con el comercio internacional y la inversión extranjera son objeto de estudio en nuestro programa de Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Un grupo de jueces, abogados y académicos le rinden homenaje a Carlos Betancur Jaramillo, uno de los maestros colombianos de derecho público.

Los autores se encargan de analizar una serie de experiencias de distintos tribunales con sus análogos y la protección en materia de derechos humanos y derecho constitucional.

El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.

Si el verbo ‘abudinear’ llegara a aparecer algún día en alguno de los diccionarios normativos de la RAE, habría lugar a un reclamo.

El legislador no previó expresamente el mecanismo por medio del cual se debe suministrar el calzado y vestido de labor.

Los ministros siguen gozando de las mieles del poder y la oposición continúa botando corriente, en los Centros Poblados.

En el ser humano lo bueno y lo malo son hermanos siameses. Por eso tenemos que aceptar este axioma: la evolución produce todas las virtudes y pecados que resulten rentables para el individuo.

Se analizó una demanda contra el artículo 307 (parcial) del Código General del Proceso, por la presunta vulneración de varios principios constitucionales.

La divulgación de datos privados o semiprivados que tengan fines sensacionalistas está prohibida por la Constitución.

La administración de justicia con enfoque de género consiste en la resolución de conflictos, a través de los medios procesales previstos para tal fin.

En no pocas ocasiones el diseño de las normas sancionatorias que el Congreso de la República aprueba no tiene en cuenta algo de sentido común.

Las agremiaciones expresaron su preocupación por la medida, coinciden en afirmar que tendría un impacto directo en la desigualdad y en materia fiscal para el país.

La Corte Constitucional declaró inexequibles el numeral 12 del artículo 77 y el numeral 7° del artículo 78 de la Ley 1862 del 2017.

La disposición que contiene el aparte condicionado establece el fortalecimiento financiero de la educación superior pública.

Es posible esta acumulación de cotizaciones, independientemente de si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100.

La libertad de expresión y de opinión son esenciales a las organizaciones sindicales.

Conozca los requisitos para que proceda la causal 7ª de la acción de revisión basada en el cambio de jurisprudencia.

El Instituto Nacional de Contadores Públicos señala que el revisor fiscal no desempeña gestión fiscal, su función no puede confundirse con la de los administradores.

Amparan derechos de menor de edad que padece enfermedad huérfana y que requiere medicamento sin aprobación sanitaria y excluido de la financiación de salud.

La Corte Constitucional estudió una demanda contra varios artículos de la Ley 1979 del 2019, que reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza pública.