Niñas y niños desaparecidos

Carolina Villadiego Burbano
Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas 

Las niñas y los niños desaparecen en Colombia de manera desproporcionada, pero parece que, en materia de seguridad y convivencia ciudadana, para las autoridades nacionales y locales no es prioritario prevenir y combatir este fenómeno.

Según el Instituto de Medicina Legal, 2.392 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en Colombia en el 2019; un promedio de cuatro niñas y dos niños por día, en los que las y los adolescentes entre 12 y 17 años son los más afectados. El caso de las niñas es especialmente preocupante, pues constituyeron el 59 % del total de mujeres desaparecidas ese año. En términos generales, alrededor del 47 % de los niños y del 55 % de las niñas aparecieron vivas y, en muchos otros casos, su paradero sigue siendo desconocido.

Este panorama tan lamentable continúa vigente. Según Medicina Legal, entre enero y agosto del 2021, desaparecieron 1.087 niñas y 420 niños. En Bogotá y Antioquia, se registraron la mayor cantidad de desapariciones y el Distrito Capital tiene la tasa más alta de niñas desaparecidas cuando se compara con las tasas departamentales.

Prevenir y combatir la desaparición de niños y niñas en Colombia debe ser una prioridad en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y la investigación y sanción de los responsables del delito de desaparición cuando este se comete es urgente en el sistema judicial.

Una política que priorice la prevención de este fenómeno y la lucha para combatirlo debe, primero, caracterizar las causas que están detrás de las desapariciones. Es llamativo que, según la información de Medicina Legal, en un 45 % de los casos de los niños y en un 53 % de los casos de las niñas, la ausencia haya sido voluntaria. Esta “voluntariedad” debe ser examinada a fondo para evaluar los posibles contextos de violencia y las otras circunstancias que llevan a los niños y a las niñas a huir de sus entornos familiares y sociales. También es clave tener presente que, en casi la mitad de los casos reportados, estos continúan desaparecidos y no se sabe qué pasó con ellos ni dónde están.    

Segundo, las acciones de prevención deben tener perspectiva de género y de infancia al mismo tiempo, pues las niñas son más afectadas que los niños y que las mujeres adultas. Tercero, dado que las redes educativas y de protección son fundamentales para vigilar los riesgos que enfrentan los niños y las niñas, es esencial que los servicios se presten de manera presencial para que haya mejor vigilancia sobre sus situaciones particulares. Cuarto, su búsqueda debe ser una prioridad. 

Por último, la fiscalía debe investigar y procesar a los responsables del delito de desaparición cuando este se comete e identificar quiénes están detrás de él, en especial si son grupos y redes organizadas que se los llevan con fines de trata, explotación sexual o reclutamiento forzado, si son familiares o personas desconocidas que cometen esta conducta de manera aislada, si son agentes de Estado o si es una combinación de todas esas posibilidades. Toda esta información debe estar desagregada estadísticamente.

La Constitución establece que los derechos de los niños son fundamentales y prevalentes. Por eso, las autoridades públicas –como alcaldes, Policía, Presidente, Fiscalía– deben hacerlos prevalentes. Este es un verdadero reto en materia de seguridad y convivencia ciudadana.