Jorge Andrés Quijano Devia

Hoy, es común ver las reacciones adversas de distintos medios de comunicación cuando los jueces de control de garantías se abstienen de imponer la detención preventiva como medida de aseguramiento. Entre las razones de dicha desazón, se encuentran, por ejemplo, que el funcionario dejó al imputado libre, porque “no representa un peligro para la comunidad”. El presente trabajo considera que, aunque la finalidad de esas medidas es legítima desde una perspectiva constitucional, no se puede perseguir a través del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

Editorial: Lijursánchez